CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, expresó su preocupación por la falta de garantías del gobierno de Guerrero para esclarecer los hechos ocurridos en La Concepción, en la zona rural de Acapulco, donde murieron 11 personas y 38 fueron detenidas, además de que su personal documentó abusos graves. En un comunicado, lamentó que el gobierno de Héctor Astudillo expuso “una narrativa de los hechos violatoria de la presunción de inocencia de las personas detenidas y no aporta ninguna garantía de que una investigación independiente e imparcial esté siendo llevada a cabo”. De acuerdo con la información obtenida por la ONU-DH en una visita de trabajo a Acapulco, “durante la madrugada del 7 de enero se produjeron enfrentamientos en la comunidad de La Concepción en los que fallecieron ocho personas en circunstancias todavía inciertas. Posteriormente, durante un operativo policial, tres personas más fallecieron y 30 fueron detenidas”. La ONU-DH explicó que en su visita a Guerrero se hizo acompañar de personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, para entrevistar a autoridades, detenidos, periodistas agredidos, pobladores de la comunidad y miembros de la sociedad civil, por lo que el organismo “cuenta con fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo, las cuales resultan profundamente preocupantes”. Entre la información recabada por los funcionarios de la oficina de la ONU resaltan “la comisión de actos de tortura y malos tratos, falta de respeto por el derecho a la defensa, fabricación de pruebas en contra de algunas personas detenidas, allanamiento sin orden judicial y condiciones indignas de detención”. Cabe destacar que La Concepción es una zona que se encuentra bajo la vigilancia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), cuyos integrantes en esa comunidad forman parte del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), involucrados en los hechos violentos del domingo, en los que al menos cinco de sus miembros resultaron víctimas fatales y 30 resultaron detenidos. Del ataque a periodistas Jarab indicó que durante la visita de los funcionarios de la ONU-DH se pudo constatar que “es innegable que diversos periodistas fueron atacados por elementos de fuerzas policiales al cubrir los hechos y esto también debe ser investigado. La agresión en contra de Bernardino Hernández es particularmente grave”. En su comunicado, la ONU-DH insistió en lo preocupante que resulta la agresión a periodistas por parte de las fuerzas de seguridad, así como el “robo de material gráfico”, hechos que “no sólo constituyen un obstáculo a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a obtener información independiente y plural, sino también podrían representar un intento de ocultar o destruir evidencias de graves violaciones de derechos humanos”. La oficina de la ONU reprobó que, pese a que la CNDH emitió medidas cautelares, el gobierno del estado no haya garantizado la protección de periodistas que “fueron amenazados mientras cubrían hechos posteriores en la misma comunidad”. El representante de la ONU-DH, Jan Jarab, consideró “alarmante” constatar que el operativo en el que participaron militares, policías estatales y federales, no haya cumplido con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, de acuerdo con la información recabada. Además, insistió que “todas las muertes deben ser investigadas, incluidas las que se produjeron durante el operativo policial ya que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, toda muerte producida por la actuación de funcionarios públicos debe ser investigada para esclarecer completamente sus circunstancias”. Jarab puntualizó que “únicamente una investigación profesional, independiente, efectiva e imparcial podrá esclarecer los hechos y ofrecer justicia a las víctimas”, por lo que recomienda la aplicación de los estándares internacionales contenidas en el Protocolo de Minnesota ante las alegaciones de que en los hechos ocurrieron ejecuciones extrajudiciales. La carta de Salazar En su comunicado, la ONU-DH hizo referencia a información publicada en medios de comunicación el pasado miércoles, en la que el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar, envió una carta a su representante, además del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, y al presidente de la comisión estatal, Ramón Navarrete, así como a organizaciones de la sociedad civil y la opinión pública. En ella, calificó a los policías comunitarios como “civiles armados del Cecop” y que fueron responsables de las primeras ocho muertes y de disparar contra las fuerzas de seguridad, lo que habría provocado la muerte de otros tres comunitarios. En dicha misiva se señala que la intervención del gobierno estatal se derivó de una llamada al 911 en la que se solicitaba auxilio “debido a que Marco Antonio ‘N’ y miembros del Cecop habían detenido, golpeado y matado a varias personas”; y que había ocurrido un altercado en la comisaría del pueblo entre las 2:00 y 2:30 horas del 7 de enero, hechos en los que dos integrantes de la Cecop murieron por disparos de arma de fuego. También se dijo que, en respuesta a lo anterior, Marco Antonio y su hermano Vicente “N”, “asesinaron con armas de fuego a seis habitantes del pueblo” y que, ante la intervención de fuerzas estatales y federales, entre ellas del Ejército, “los civiles armados del Cecop dispararon sus armas contra los elementos de la Policía Estatal, la cual, al repeler la agresión, abatió a tres civiles armados del Consejo”. En la carta, Salazar Adame sostuvo que los detenidos fueron certificados por un médico, ingresados a áreas adecuadas, visitados por sus familiares y que estuvieron acompañados por representantes de diferentes organismos de derechos humanos. Sobre esta carta, en el comunicado de este jueves, Jan Jarab lamentó que el gobierno del estado presente “una narrativa de los hechos violatoria de la presunción de inocencia de las personas detenidas y no aporta ninguna garantía de que una investigación independiente e imparcial esté siendo llevada a cabo”. Agregó que en la visita de personal de la ONU-DH a los detenidos en Acapulco, “contrariamente a las declaraciones de las autoridades de Guerrero, sí se pudieron constatar condiciones indignas de detención y otras violaciones a derechos humanos”. La ONU-DH reiteró su preocupación por lo ocurrido en La Concepción, y pidió a las autoridades a “adoptar medidas necesarias para garantizar condiciones de seguridad adecuadas para todas las personas de la comunidad”, así como para las personas detenidas y sus familiares, para abogados y personas de organizaciones defensoras de derechos humanos que defienden este caso.