CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes de la comunidad indígena de Santa María la Asunción Tepexoyuca, municipio de Ocoyoacac, Estado de México, fueron agredidos por habitantes de la comunidad de Acazulco momentos después de protestar por la continuación de las obras del Tren Interurbano México-Toluca, pese a que, desde octubre de 2017, un tribunal jurisdiccional emitió la orden de suspensión de actividades. Gustavo Olivares, director jurídico de la Central Campesina Cardenista en el Estado de México, quien lleva la defensa de Tepexoyuca, narró: “A las 10:30 de la mañana se llevó la práctica de la inspección judicial por el actuario adscrito al Segundo Juzgado de Distrito en materia de Amparo y de juicios Federales en el Estado de México, dentro del juicio de Amparo 132/2015. “La práctica era para verificar los trabajos de infraestructura del Tren Interurbano México-Toluca que se están haciendo en el predio denominado El Portezuelo, a la altura del Instituto Nacional de Investigación Nuclear (INII), esta práctica termino a las 12:30 del día”. Según el declarante, los inconformes eran pocos y estaban dispersos, razón por la que el bloqueo a la carretera México-Toluca se tuvo que suspender. A las 12:30 horas, 25 integrantes del grupo indígena de Santa María la Asunción Tepexoyuca se dirigieron al kilómetro 35.5 de dicha carretera, a unos 200 metros de donde están los Goo Cat para realizar trabajos de faena, limpieza para evitar incendios forestales y el deterioro de la fauna silvestre. En ese momento, se acercó un integrante de San Jerónimo Acazulco y agredió a varios de los de Tepexoyuca con una varilla de acero de alrededor de 80 centímetros. Los golpeó en diversas partes del cuerpo y les ordenó que se largaran de allí pues que no eran dueños. Los agredidos le quitaron la varilla y lo corrieron. “Antes, quien dijo ser un representante de Aguas de Acazulco, los amenazó diciéndole que iría con su jefe, el secretario de Aguas, hermano del diputado perredista de apellido Salinas, quien convocó a los pobladores para que fueran a golpear a los manifestantes”, afirmó Gustavo Olivares. Alrededor de las 14:30 horas, el denunciante estaba con el director de Gobierno de Lerma, con quien conversaba sobre la obra del Tren Interurbano, cuando le llamaron los pobladores de San Jerónimo Acazulco para quejarse de que los de Tepexoyuca los golpearon, versión contraria a la verdadera. “Yo realicé llamadas a los compañeros que represento para pedirles que se abstuvieran de realizar cualquier cosa; solo que 20 minutos más tarde llegaron unos 200 pobladores de kala otra comunidad a enfrentarse con ellos. Había algunas mujeres. Todos fueron golpeados brutalmente”, dijo. Gustavo Olivares aseguró que los de Acazulco fueron incitados por el secretario de Aguas, junto con Marcelino Narváez de la O y Abel Rojas Salinas. “Lesionaron en la cabeza al compañero Juan González Reyes quien se encuentra hospitalizado en la clínica Adolfo López Mateos, por un trauma en la cabeza que puede resultar grave. Además, golpearon a otros compañeros y afortunadamente no es tan grave su condición física. También quemaron seis jacales que están a la altura del INII, dos carros y un tractor de maquinaria pesada en el perímetro de los terrenos que se limpiaban”, recapituló. Por todas esas acciones, los agredidos responsabilizaron “a los hermanos de Javier Salinas Narváez, diputado del Estado de México”. Pedirán fiscal especial Tras los hechos, Gustavo Olivares, director jurídico de la Central Campesina Cardenista en el Estado de México, adelantó: “Vamos a realizar las demandas pertinentes. Estamos en espera de que la Central Campesina Cardenista hable con Alfonso Navarrete Prida, actual secretario de Gobernación, para que nos preste ayuda y pueda invitar al gobierno del Estado de México a que nombre a un fiscal especial que investigue, porque no es la primera vez que nos agreden los habitantes de San Jerónimo Acazulco”. En el 2015, recordó, balearon a hombres, mujeres y niños en un predio conocido como Iglesia Vieja, en Tepexoyuca. Entre las razones del conflicto, explicó, se cuenta que los habitantes de Acazulco quieren quedarse con las tierras de sus vecinos porque no reconocen la actividad jurisdiccional: “No reconocen los juicios que se están llevando a cabo en los juzgados de distrito en el Tribunal Unitario Agrario, sino que son personas que la única vía que conocen es enfrentar y agredir con armas a los indígenas”, dijo. “Ellos son indígenas otomíes, pero no son dueños de esas tierras, ya que el núcleo indígena de Tepexoyuca tiene sus papeles ancestrales, sus títulos virreinales que avalan la propiedad legal de las tierras. El de San Jerónimo no tiene títulos, pero dice que son suyos porque allí han vivido y sus padres y abuelos les han dicho que son de ellos, cuando no tienen ningún papel que puedan avalar legalmente la propiedad”, añadió. Incluso, aseguró que el área en la que se encontraban limpiando los 25 pobladores agredidos está inscrita en los títulos primordiales que detenta la comunidad indígena, hecho que se puede demostrar en copia certificada o en originales. El directivo de la Central comentó que, al momento de la agresión, estaba con el director de Gobierno de Lerma, y ambos planeaban reunirse la próxima semana con el director general Ferroviario que realiza la obra del Interurbano. “Ante la agresión y la quema de nuestras propiedades, llegaron los granaderos del Estado de México y de la Policía Federal, pero ya habían agredido a nuestros compañeros y los de San Jerónimo Acazulco como siempre, cobardes, se fueron a esconder a diferentes casas de San Jerónimo y entre los bosques cercanos. No lograron detener a nadie, pero sí conocemos a quienes provocaron la agresión”, agregó. A algunos de éstos los mencionó por sus cargos, ya que dijo no recordar sus nombres: “El secretario de Aguas del poblado de San Jerónimo Acazulco, los representantes ejidales de San Jerónimo Azcazulco, presidente y secretario; así como los supuestos representantes de bienes comunales de San Jerónimo Acazulco y de Santa María Tepexoyucan, Marcelino y Abel, quienes tenemos como presuntos autores intelectuales”. Gustavo Olivares aseguró que interpondrán las querellas necesarias para que la agresión no quede impune. –¿Qué se determinó en la inspección ocular a la obra del Tren Interurbano? –Que se encontró maquinaria pesada trabajando; las góndolas siendo llenadas por esta maquinaria, excavadoras que realizan limpieza para que puedan poner las plataformas y sobre ellas, las ballenas por donde pasará el tren México-Toluca; se encontró personal laborando dentro del perímetro de El Portezuelo. –¿Ahora qué procede jurídicamente? –Que el juez de Distrito, teniendo una ejecutoria y conociendo que no se ha dado cumplimiento de suspender las obras en El Portezuelo, llegue a sancionar al director general Ferroviario y Multimodal, quitándolo de su puesto y remitiéndolo al Ministerio Público Federal; lo mismo que al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. –¿Podría acudir el juez con la fuerza pública para suspender la obra?, se le insiste. –No sé. Pero el juez tiene atribuciones para realizar esa actividad jurisdiccional derivado de que se deben de suspender las obras del Tren Interurbano, quiera o no quiera la autoridad federal. –¿Ustedes lo solicitarían? –Si lo vamos a solicitar.