El 68 cincuentón

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El movimiento del 68 no está, en primera instancia, ni en sus demandas –el pliego petitorio–, ni en su gráfica, ni en los discursos de sus líderes o en los comunicados del Consejo Nacional de Huelga. Está en la aparición de los cuerpos en el espacio público. El 68 son las marchas, las asambleas, las concentraciones de personas, cuya reunión tiene una significación anterior y aparte de lo discursivo. Piénsese en el inicio del movimiento. Resulta todavía incomprensible que sea la intervención desmedida de los policías para castigar una riña entre alumnos de dos escuelas y, más tarde, la protesta contra esa misma represión, el detonante de una movilización indignada de toda una generación en buena parte de la nación. Lo que se reivindica es el derecho a aparecer que instaura y afirma el cuerpo en el centro de la arena pública como una representación o una versión efímera y provisional de la soberanía popular. Es una autonomía de los cuerpos en asamblea que genera el drama de su propia existencia pública.

El pliego petitorio no nos habla de esos combates entre grupos de manifestantes contra tanques en medio del Zócalo o en las instalaciones de las escuelas. Esa disputa es por el espacio. Por escrito, se pide el fin de la represión, la destitución de algunos jefes policiacos, la presentación de los presos políticos y la abrogación de dos artículos del Código Penal que criminalizan, desde los cuarenta, la disidencia. En lo hablado se pasa con soltura de la condena al presidente a los ánimos ilusionados que genera el triunfo de la Revolución cubana. En los comunicados del Consejo Nacional de Huelga se escribe una historia de mesura ajedrecística de respuestas políticas al gobierno. Pero la disputa central está en y es por los cuerpos. Lo que le preocupa al poder es que éstos se reúnan sin su convocatoria. Toda concentración pública de miles tiene un sentido legitimador y lo que hace el 68 es variar las condiciones de su aparición. De hecho, es después de la concentración organizada (la mañana del 28 de agosto) por el Estado con sus propios empleados, que se decide la matanza del 2 de octubre. Lo que precipita la acción militar del gobierno de Díaz Ordaz es que sus propios burócratas, sacados a la calle para desagraviar a la bandera nacional y convertir en herejía el emblema rojinegro de los estudiantes, terminan con una demostración pública de que las condiciones de la ocupación del espacio han variado a tal grado que los convocados confiesan a voz en cuello: “Somos borregos, nos acarrearon”.

Esta encarnación de la soberanía popular tiene una dimensión política al menos en dos sentidos: la representación es, al mismo tiempo, teatral y vivida políticamente, y los cuerpos unidos abandonan su precariedad individual en el espacio público. Sobre las relaciones íntimas entre política y teatro, el 68 las exacerba: las brigadas de estudiantes que fingen debates sobre el movimiento en las paradas de los camiones o en los puestos de periódicos, son la forma de comunicación de la resistencia. Pero es más que eso: constituye en la acción la ciudadanía. Es implicar a los demás en un tipo de ejercicio de la libertad de manifestación que toma el espacio público para debatir. Es una dramatización del papel de los ciudadanos. Es llevar la polis al espacio del ágora. El 68 es reunirse para crear las condiciones para reunirse.

Aparecer, ponerse de pie, respirar, moverse, escuchar, marchar, callarse –la Manifestación del Silencio (13 de septiembre) será el acto más espectacular de autodisciplina y la teatralización, con el puño en alto, de la dignidad de los golpeados y silenciados–, pone a los vivos en el centro de la política, aún antes de conocer sus demandas o posturas políticas. Los cuerpos reunidos dicen: “Somos la soberanía”. La demanda de la teatralidad de la asamblea pública es, en 68, una demanda de una vida más vivible –sin represión en las calles–, que excede cualquier pliego petitorio. Su sola aparición produce la soberanía. El 68 sucede como consecuencia de esa comparecencia.

Esta acción colectiva de aparecer, a la que llamamos “el 68”, supera a los cuerpos de los súbditos que han sido durante casi toda la historia mexicana los nacidos para obedecer. Después del sujeto-sujetado por las leyes y las fronteras –artificios previos al ágora– viene el ciudadano. Los hombres y mujeres nacen con derechos y la dimensión cero de ellos es la formación de una ética que los precede. En las calles siguen siendo los individuos precarios contra el poder militar y policial del Estado, pero reclaman con sus cuerpos la autonomía preexistente de la soberanía popular. Esa que se supone que habita como potencia en los pueblos y que es entregada en representación política. En el México de 1968 la ciudadanía es, como siempre, una exclusión constitutiva: no son parte de ella más que los cortesanos dentro del Partido Único.

La soberanía popular es una posición de poder, adjudica una superioridad. En el 68 esta autoafirmación se da desde la Universidad Nacional. Tras la ocupación militar (18 de septiembre, como respuesta a la Manifestación del Silencio), la posición del rector Javier Barros Sierra es calificada de “acto inmerecido”. La soberanía popular del 68 es, por ello, inicialmente universitaria y politécnica; será constitucional e insurreccional. El cuerpo moral de lo universitario ha sido vulnerado por el poder central en su derecho constitucional a oponerse a una ley injusta –el detestable “delito de disolución social” del Código Penal– y, por lo tanto, pone la resistencia en una indeterminación típicamente ciudadana: estar bajo la ley en la obediencia, pero sobre ella como soberanía. El doble carácter del ciudadano, el obediente y pasivo, y el vigilante y participativo, se ponen en juego dentro de la Constitución de la República: el contrato con los poderosos es de asociación, no de sujeción al poder ya establecido. La ciudadanía es la encarnación de la “magistratura indeterminada” de Aristóteles en la Asamblea griega: la indefinición que permite que sea la fundación de una nueva institucionalidad y la contestación a esta misma. El ciudadano, bajo la ley y por encima de ella, sólo existe en una acción participativa. Es a la que convoca el rector “a dondequiera que se encuentren”. Es indeterminado porque no es ni exclusivamente público ni privado; no es puramente individual ni totalmente colectivo. La ciudadanía es, al mismo tiempo, una pieza fundamental del Estado en el que, idealmente, todos somos tratados por iguales en nuestra soberanía y, también, simultáneamente, un actor de la insurrección posible. Existimos entre el aparato del Estado y la sociedad civil; entre el ejercicio de nuestros derechos y la disciplina.

Esta ciudadanía pone en tensión al propio Consejo Nacional de Huelga. Si bien de inicio se impone una estructura de representación basada en las escuelas –dos alumnos por cada una–, se retoma, al mismo tiempo, la figura del “comité de lucha”. Se había llamado así antes a las organizaciones que combatían a las escuelas que no querían impartir la “educación socialista” del periodo presidencial de Lázaro Cárdenas. Pero en 68 son las células de la acción directa y de la toma nuclear de decisiones. Sus miembros son todos los que asistan a la aparición pública, sea propaganda callejera o asamblea de las escuelas. La idea de representación política del Consejo Nacional de Huelga es puesta en tal marca de sospecha y vigilancia por los comités de lucha, que le es imposible a los servicios de seguridad del Estado saber el nombre y apellido de “los líderes”. A pesar de que las policías federal y de las ciudades espían las asambleas, los representantes cambian tanto que, al encarcelar a mil cuarenta y tres personas después de la masacre del 2 de octubre, las autoridades tienen que recurrir a delatores para ponerle nombres a los activistas. Y aún así tienen problemas para deslindarlos de los “manifestantes ocasionales” –como les llaman los servicios de inteligencia– porque jamás entienden de dónde proviene el grueso de la participación pública. Por eso es explicable la necesidad de los militares y funcionarios de seguridad nacional de que los muchachos, bajo tortura, digan nombres de políticos conocidos, como Carlos Madrazo, el expresidente del Partido, o Heberto Castillo, el líder de la Coalición de Maestros. Jamás entienden el carácter de la ciudadanía que emerge entre julio y octubre de 1968: es singular en cada participante pero unificada en un cuerpo moral. No es el Consejo Nacional de Huelga, como instancia de representación política, la única que dirige el movimiento. Son también los comités de lucha, las brigadas, las marchas y mítines en su igualitaria totalidad. Son todos y es nadie en particular.

La demanda de diálogo público con el presidente Díaz Ordaz le da otra vuelta de indefinición a la representación política del Consejo Nacional de Huelga. En la propuesta de las asambleas, el diálogo será en el Zócalo de la capital de la República, entre el presidente y sus designados, de un lado, y 500 estudiantes del otro. El número es ina-ceptable para Díaz Ordaz que piensa que es “una algarada” con el propósito de ridiculizarlo: en público y con representantes que no lo son. La representación política siempre ha sido ante el presidente, no para dialogar sino para pedir audiencia, suplicar, implorar, si acaso sugerir. Los diálogos son privados; la oscuridad del secreto permite la negociación, el intercambio entre la gracia del poderoso y las gracias del gobernado. Y más aún, los “representantes” tienen un poder delegado, no un vínculo rígido con sus representados. Los “representantes” que la política mexicana conoce son los intermediarios, los “coyotes”, los abogados de barandilla. Los estudiantes en asamblea creen en la democracia directa, la de la revocabilidad de sus representantes, y también la que no admite interpretación de una “voluntad general”, sino que sólo lleva el mandato de las asambleas. Por eso, el número de “delegados” al diálogo público sube hasta casi reproducir una sesión nutrida del Consejo Nacional de Huelga. La ciudadanía que aparece en el 68 es autora y actriz de las demandas. Es una soberanía que busca moralizar a la política, que hace explícita la oscuridad en la que nace: el régimen despótico del Partido Único.

Con el derecho a la aparición de “los iguales”, el 68 se convierte en una exhibición de lo que debe ser incluido: son esos cuerpos en su precariedad, pero también en su fuerza ilimitada, que sólo será conculcada con la matanza del 2 de octubre. Pero que seguirá apareciendo a lo largo de medio siglo como un genio invisible de la ciudad. “Dos de octubre, no se olvida” no significa sólo la rememoración de los muertos en un acto represivo, sino sobre todo la idea de que lo malo de los movimientos es que se acaban, pero lo bueno es que pueden volver a aparecer.

Esta columna se publicó el 7 de enero de 2018 en la edición 2149 de la revista Proceso.

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