El descontento crece en Irán, donde el gobierno de Hasán Rouhaní sólo atina a lanzar a los Guardianes de la Revolución para controlar las protestas. Pero hoy, a diferencia de la insurgencia civil de 2009 –cuando hubo líderes visibles y la inconformidad tenía tintes electorales–, se desconoce de quién es la mano que mece la cuna. Esa incertidumbre preocupa a los colaboradores de Rouhaní, como el vicepresidente Eshaq Jahangirí, quien advierte: “Cuando se da inicio a movimientos callejeros, otros se van a montar sobre ellos y aquéllos que los empezaron no son quienes van a terminarlos”. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La nueva ola de protestas en Irán, originada aparentemente en una pequeña manifestación en la ciudad de Mashhad el 28 de diciembre, ha dejado al menos 21 muertos y los principales actores políticos se encuentran inmersos en la confusión. En pocas horas, ese evento impulsado por una facción conservadora para presionar al gobierno de Hasán Rouhaní, identificado con el ala reformista, se convirtió en una cama de leña seca de descontento. Las palabras del vicepresidente Eshaq Jahangirí están resultando proféticas: “Esos que están actuando contra la administración deberían saber que el humo de sus acciones se les va a meter a sus propios ojos”, dijo al día siguiente. Y añadió: “Cuando se da inicio a movimientos callejeros, otros se van a montar sobre ellos, y aquéllos que los empezaron no son quienes van a terminarlos”. Dentro de los dos grandes bandos de la República Islámica que están tradicionalmente en pugna, se tropiezan voces a favor y en contra de las protestas, a pesar de que el líder supremo del país, el ayatola Alí Jamenei, declaró el martes 2 –cinco días después de la movilización– que “los enemigos de Irán se han unido y están utilizando todos sus medios” en su contra. El miércoles 3, los Guardianes de la Revolución, el principal poder armado, anunciaron estar listos para reprimir las movilizaciones. Ese día y el siguiente hubo una campaña de contramanifestaciones en apoyo al régimen de Rouhaní. El anterior brote de insurrección civil fue contra el fraude en los comicios presidenciales de 2009, sofocado brutalmente. El resultado: 72 muertos y más de 4 mil detenidos, muchos de ellos sometidos a tortura. El “movimiento verde” de aquel año tuvo orígenes claros: la molestia por la manipulación de los resultados electorales y por el liderazgo de los candidatos presidenciales Mir Joseín Musaví y Mejdí Karrubí, de los cuales se desprendió una estrategia definida. Ahora no hay jefes ni planes reconocibles, lo cual genera ventajas y desventajas a los manifestantes: por un lado, la falta de líderes (Musaví y Karrubí llevan ocho años incomunicados en prisión domiciliaria) hace imposible descabezarlos; por el otro, es sumamente complejo definir los siguientes pasos. Para los enemigos de Irán, en todo caso, el caos abre una gran oportunidad: Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos han expresado su apoyo a las protestas. En contraste, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que el tono utilizado por esas tres potencias “podría llevarnos a una guerra”, lo cual es “una estrategia deliberada de algunos”. El presidente Donald Trump, por su parte, ha dejado ver que no tiene del todo claro cómo hacer sus próximas jugadas (a lo largo de 2017, al darle vía libre a la política exterior del príncipe heredero saudita, Mohammad bin Salmán, cometió graves errores que después sus diplomáticos trataron de paliar, sin poder evitar consecuencias). En un mensaje madrugador del miércoles 3, Trump tuiteó que tenía un gran respeto por los iraníes en “su lucha” por recuperar “su país corrupto y mal gobernado”. Después, de manera inusual, borró el post y emitió otro, donde excluyó la palabra “lucha” y cambió “país” por “gobierno corrupto”. Sus tuits han abierto un flanco para que Rusia le advierta a Washington que no puede intervenir en los asuntos internos de Irán, e incluso han servido para que el ayatola Jamenei denuncie las manifestaciones como una manipulación extranjera, lo cual, en las calles, se traduce en la legitimación de la brutalidad de la policía y las temidas milicias basiyíes (los milicianos prorrégimen). Pero lo que sufran los reprimidos en Irán puede importarle poco al mandatario estadunidense: la continuación de la violencia le da argumentos para seguir saboteando el pacto sobre el programa nuclear iraní. “Si el régimen sigue matando gente en las calles, es difícil pensar que el presidente Trump prorrogará el acuerdo”, asentó el Consejo de Seguridad Nacional en un comunicado. Una mezcla inesperada El argumento de la primera manifestación fue de índole económico –quejas por el creciente costo de la vida– y reunió a unos pocos centenares de personas. No escapó a la vista de los observadores –ni del gabinete de Rouhaní– que eso ocurría en Mashhad, una ciudad de 3 millones de habitantes en el noreste del país (cerca de Afganistán) y gran centro de peregrinación. Esa zona es bastión de Ebrahim Raisi, el agresivo excandidato presidencial conservador derrotado por Rouhaní –y custodio de la poderosa fundación islámica Astan-e Quds Razavi–, y de su suegro, Ahmad Alamolhoda, quien ostenta la posición de líder de la oración del viernes, similar a la de vocero de la jerarquía religiosa en esa urbe. La gente coreaba “muerte a Rouhaní”. Nadie esperaba que pasara a mayores: la protesta debería haber quedado como otra escaramuza entre las facciones rivales. Pero el día siguiente, multitudes mayores se congregaron en otras ciudades, incluida Qom, el centro religioso más importante de Irán, y las consignas aumentaron: ahora se gritaba también “presos políticos libertad” y –mucho más grave– “muerte al dictador”, en referencia al líder supremo de la República. El 30 de diciembre hubo motines en todas las metrópolis de importancia y muchas menores, con ataques a edificios públicos, y la represión dejó sus primeros dos muertos. En la noche del 31 hubo 10 víctimas fatales, mientras Rouhaní advertía que, aunque la gente “es totalmente libre de expresar su indignación, la crítica es distinta de la violencia y la destrucción de bienes”. Ese día, una fotografía terminó de demostrar el carácter múltiple e incluso contradictorio que había adquirido el descontento: en emulación de lo que hicieron otras jóvenes en 2009 –para mostrar su desacato a las leyes que las obligan a que, cuando están en público, se cubran el cabello con un velo–, una muchacha se subió a una cabina telefónica, se quitó el pañuelo blanco, lo colgó de una vara y lo agitó, en un signo de libertad propio de los sectores progresistas. Así, conservadurismo y liberalismo aparecieron juntos en esas jornadas de rebeldía. Mejorías que no llegan “No sabemos de dónde viene (la ola de protestas) ni a dónde va, y no vamos a volver a ser torturados ni a arriesgar la vida por eso”, comenta a Proceso Akbar Zakemí, un joven que estudiaba ingeniería química en la Universidad Azadí en 2009, cuando fue detenido y encerrado dos años en la temible prisión de Evin, y que ahora, ya de 28 años, desconfía de lo que está detrás de las protestas. “He visto a partidarios de (el expresidente Majmud) Ajmadineyad manifestándose, los mismos basiyíes que nos persiguieron entonces. ¿Cómo voy a creer que tienen buenas intenciones?”. Aunque Ajmadineyad no se ha expresado personalmente, figuras importantes de su gobierno (2005-2013) que promovieron la represión contra los manifestantes en 2009, ahora han justificado las protestas porque “eran predecibles, dada la dura política económica del gobierno actual”, según Ajmad Takavoli, un exparlamentario. Mehdi Mohammadi, asesor nuclear de Ajmadineyad, declaró: “Son un derecho del pueblo, por las dificultades económicas”. Y el analista conservador Vahid Yaminpour, en un cambio similar de actitud ante la voz de la calle, pidió que “antes de que los ministros de seguridad y de inteligencia le digan (al presidente Rouhaní) cómo aplacar a los manifestantes, los ministros económicos deben pensar en cómo mejorar la situación”. En el complejo sistema teocrático de la República Islámica, el presidente tiene facultades limitadas: por encima de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la última palabra la tiene el líder supremo, ayatola Jamenei, quien recibió el cargo de manos del padre de la Revolución Islámica, el ayatola Jomeini, cuando éste murió, en 1989. Fue sólo con el apoyo del ayatola Jamenei como Ajmadineyad logró imponer su reelección en 2009, y fue por la pérdida de su respaldo que no logró colocar sucesor al terminar su segundo periodo, en 2013, lo que le abrió paso a Rouhaní. Una parte importante de la caída en desgracia de Ajmadineyad se debe a una pésima gestión económica, agravada por las sanciones internacionales por el programa nuclear iraní. Rouhaní, quien encontró una economía en recesión y una inflación de 40% anual, logró enderezar el rumbo, anotándose el éxito de lograr el acuerdo nuclear que permitió el levantamiento del boicot financiero: el PIB creció 12% en 2016 y los precios suben ahora en casi 10%. El problema es que, con una tasa de desempleo de 29%, los beneficios no han llegado a la población, que observa cómo se acumulan los escándalos de corrupción y el país invierte vidas y grandes recursos en sus intervenciones bélicas en Irak –contra Estado Islámico– y en Siria –a favor del régimen de Bashar al Assad–, así como en su respaldo a las milicias Hezbollah en Líbano y Hamás en Gaza. Finalmente, el aumento de la gasolina en 50% y del huevo en 40% se convirtieron en el motivo o pretexto de la manifestación inicial en Mashhad. Volverse como Siria Por rivalidad, algunos conservadores favorecen a los manifestantes, aunque por instinto, ante el desorden, prevalece la inquietud por que alguna mano consiga mecer la cuna a su favor, y finalmente por las órdenes del líder supremo, empiezan a acomodarse entre diversos tonos de denuncia de los desmanes. En la facción contraria tampoco hay acuerdo: al percibirlas como una fabricación de la derecha y un reto al presidente Rouhaní, muchos, como el exvicepresidente Mohammad Ali Abtahi, advierten contra las revueltas: “Esto no tiene que ver con ser reformista o moderado o antirrevolucionario; todos deberían saber que agitar los problemas sociales y promover las protestas callejeras irá en contra de la gente que ha sido atormentada por la situación económica y el desempleo”, y que volverá Irán “un Estado policiaco”. Esa actitud de rechazo convive, sin embargo, con la de quienes recuerdan los días de persecución, cárcel y muerte sufridos en 2009 por los jóvenes, muchos de ellos hijos de los actuales líderes reformistas. Mohamed Tagui, hijo de Mejdí Karrubí, el excandidato en prisión domiciliaria, es una voz crítica. Él comenta a Proceso: “En lugar de culpar a potencias extranjeras de incitar las protestas, la clase política tiene que reconocer los fundamentos de la indignación”. Rouhaní obtuvo dos grandes victorias electorales con el apoyo de los reformistas, pero –continúa– el presidente ha dado un giro a la derecha desde que inició su segundo periodo, lo que ha decepcionado a su base: “Los jóvenes reformistas siempre han sido los que enarbolan la esperanza” y ahora se han callado, lo que provoca “debilidad del gobierno” porque cuando ellos “no empujan la esperanza, su descontento se hace mayor”. El vacío ideológico del descontento es tan grande, dice Akbar Zakemí, el exestudiante torturado en 2009, que todo tipo de movimientos se está subiendo al carro. Según él, “hay monarquistas pidiendo el regreso de la familia del sha, hay separatistas de varias etnias”. Aunque, a diferencia de 2009, cuando lo que en algún momento se llamó “Primavera Árabe” todavía no se daba, ahora se conocen y se temen sus consecuencias. “El peligro más grande es que vayamos a la guerra civil –advierte Zakemí–, que acabemos como Siria, como Yemen, con conflictos que empezaron con manifestaciones pacíficas reprimidas por el Ejército. Eso es lo que nos aterra.” Este reportaje se publicó el 7 de enero de 2018 en la edición 2149 de la revista Proceso.