CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Forzados por la falta de apoyo de varios de los actuales gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) a su homólogo de Chihuahua, Javier Corral, un grupo de exmandatarios hicieron público su respaldo a éste ante las “medidas represoras e ilegales” del gobierno de Enrique Peña Nieto. El apoyo a Corral fue a través de una carta pública, difundida por él mismo, y la encabeza Francisco Barrio Terrazas, quien fue gobernador de Chihuahua entre 1992 y 1998, seguido de Ernesto Ruffo Appel, el primer gobernador de oposición en la historia; Carlos Medina Plascencia, interino de Guanajuato, en 1991. A este elenco se sumaron Fernando Canales Clariond, Alberto Cárdenas Jiménez, Alejandro González Alcocer, Felipe González González, Ignacio Loyola Vera, José Guadalupe Osuna Millán, Patricio Patrón Laviada y Juan Carlos Romero Hicks. Sin embargo, la carta no fue firmada por los exgobernadores Juan Manuel Oliva, Emilio González Márquez, Francisco Garrido Patrón y Rafael Moreno Valle, en una actitud parecida a las de los gobernadores actuales que no han salido a apoyar a Corral, como Francisco Domínguez, Francisco Cabeza de Vaca y José Rosas Aispuro. En la sesión del Consejo Nacional del PAN, el sábado, sólo asistieron sólo dos de los gobernadores de ese partido, Miguel Angel Yunes y Antonio Chavarría. De hecho, el gobernador de Querétaro, Domínguez Servién, declaró públicamente que los gobernadores no tienen problemas con la Federación. La carta de los exgobernadores del PAN hace suya la queja de Corral de no recibir del gobierno de Peña 700 millones de pesos federales, en represalia por investigar la corrupción del exgobernador priista César Duarte, de quien urgen su extradición. “Los abajo firmantes, exgobernadores emanados del Partido Acción Nacional, repudiamos de manera enérgica las medidas represoras e ilegales que el gobierno federal ha echado a andar contra el pueblo de Chihuahua”, escriben los 11 exfuncionarios, quienes exigen la entrega de los recursos. “No hacerlo de este modo y, en su lugar, perseguir o castigar el diseñado y la exposición de injusticias, equivale a una estocada mortal al pacto federal, cimiento de la Constitución General de la República”.