CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su preocupación por las contrarreformas que las autoridades realizan en materia financiera para permitir, por ejemplo, un mayor grado de maniobra en el uso de ingresos excedentes que se destinan a la amortización de deuda y fondos para desastres naturales. Las reformas que la Cámara de Diputados aprobó en noviembre de 2017 a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, señaló, permitirán a los gobiernos estatales, a partir de 2018, utilizar en gasto corriente hasta 5% de sus ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, siempre y cuando la entidad federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible, de acuerdo con el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Pero el que esta “flexibilización” ocurra en un año electoral, además de ser contrario a la ortodoxia financiera, parece inoportuno y sospechoso, especialmente cuando algunas entidades federativas no han demostrado que la deuda desmesurada que contrataron se utilizó en gasto, en inversión productiva, o que han aumentado sus ingresos propios, subrayó en un comunicado. “La preocupación es que los gobernadores y presidentes municipales utilicen esta laxitud para desviar a través de sofisticados y en ocasiones burdos mecanismos, recursos a maquinarias electorales”, recalcó. El organismo también se manifestó preocupado porque el reciente incremento de la deuda pública no se ha visto reflejado en mayores y mejores servicios públicos o en reducciones notorias en la pobreza. “No permitiremos que esta misma historia de endeudamiento federal, sin resultados tangibles, se replique una y otra vez en las entidades federativas”, puntualizó. Y exigió absoluta transparencia en el uso de los recursos públicos de los estados, a fin de que estos sean destinados eficazmente a la inversión pública, proyectos productivos y a los programas sociales trascendentes por sus resultados, “no a gastos impertinentes o superfluos”. En su comunicado, la Coparmex destacó que uno de los grandes problemas de nuestra democracia es el que los estados han renunciado a sus facultades fiscales y se han atenido a un sistema federal que hoy les provee del 90% de sus recursos. Al mismo tiempo, añadió, la Federación es condescendiente y omisa, y no exige pulcritud, transparencia y rendición de cuentas sobre el dinero público que entrega a las entidades federativas. “El resultado es un gasto público estatal desordenado que no genera infraestructura adecuada ni provee a los ciudadanos de servicios públicos de calidad”. En ese sentido, exigió que el pacto federal en el ámbito financiero se traduzca en una relación institucional transparente entre la Federación y los estados y que incentive la recaudación propia, la eficiencia en el uso de los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas, así como el equilibro de las finanzas públicas locales. “Cuando la democratización dio a los gobernadores la posibilidad de tomar decisiones independientes del presidente de la República, el mismo problema que por años había afectado al gobierno federal, se replicó en muchas de las 32 entidades federativas: los gobernadores se convirtieron en señores feudales de sus respectivos territorios, anulando la división de poderes, reproduciendo y apropiándose de las estructuras clientelares, controlando a la prensa y cooptando a los supuestos organismos autónomos creados por la Constitución y las leyes generales”, sostuvo. La relación entre gobierno federal y gobiernos estatales, abundó, pasó de ser una relación de sumisión y se convirtió en una relación de conveniencia, en donde los estados exigían transferencias y participaciones a cambio de su apoyo político. Parte de los “beneficios” que los estados recibieron por parte de un gobierno federal que prefería mantener esta relación de conveniencia sin transparencia o rendición de cuentas, fue la permisividad frente al endeudamiento público no sostenible, precisó. Sobre la situación del endeudamiento en varias entidades, consideró que es sumamente grave. “Considerando el nivel de deuda pública, el servicio financiero de ellos, así como los pasivos a corto plazo y el que se tiene con proveedores y contratistas, la Coparmex considera que particularmente en los estados de Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Sonora, debe ponerse atención al nivel de deuda pública, pues no solo es elevada en estas entidades, sino que tienen posibles problemas de sostenibilidad”. En ese sentido, demandó la aplicación estricta de las normas federales y estatales en materia de disciplina financiera, y exigió que la SHCP, la Auditoria Superior de la Federación (ASF), los Congresos estatales y los órganos locales de fiscalización, cumplan cabalmente sus responsabilidades. Remató: “Vigilar la deuda y el gasto público estatal es una tarea crítica que Coparmex continuará realizando a lo largo de este año electoral”. Y para inhibir nuevas desviaciones, agregó, se debe aplicar escrupulosamente la ley, sin distinción y sin demora, fiscalizando recursos en tiempo real y llevando a la justicia a quienes hayan dispuesto de forma ilegítima o dispendiosa del erario.