CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La asociación civil Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) demandó “una visión amplia” para resolver el conflicto territorial entre las comunidades de Chenalhó y Chalchihuitán, en Chiapas, “porque lo ameritan y merecen”. “Hemos sido testigos que las dos comunidades saben que es el momento de parar la situación de violencia, si no lo logran, el conflicto se alargará por largo tiempo, existirá una mayor polarización y sentimiento de revancha. Las comunidades y autoridades tienen disponibilidad para alcanzar la paz”, puntualizó en un comunicado. Este esfuerzo de diálogo y de resolución del conflicto, añadió, es clave para la región de los Altos de Chiapas, para el resto del estado y para muchas zonas indígenas que viven este tipo de violencia. En ese estado, apuntó, existen grupos armados que por medio de la fuerza presionan para lograr demandas u objetivos. Pero no se trata de grupos nuevos, y en el caso de Chenalhó –subrayó-- sus autoridades usan a los paramilitares en la disputa territorial que el municipio mantiene con Chalchihuitán, complicando aún más la problemática entre las comunidades. Serapaz destacó que después de semanas y por la presión de la sociedad civil ante la crisis humanitaria de las personas desplazadas de manera forzada, el 21 de diciembre pasado el gobierno federal reconoció que hay una problemática y realizó una reunión de trabajo con el gobierno del estado de Chiapas y autoridades municipales de Chalchihuitán y Chenalhó. Como resultado se establecieron cuatro mesas de trabajo, en la primera de las cuales el gobierno de Chiapas debe atender la crisis inmediata y proporcionar ayuda humanitaria, lo que implica reconocer el desplazamiento forzado derivado de una acción violenta de un grupo armado. Esta mesa conlleva la atención a las más de mil 200 personas desplazadas, brindando asistencia médica, alimentación, techo, etcétera, fuera de sus comunidades, y también debe garantizarles condiciones de retorno seguras a sus lugares. La segunda mesa está relacionada con la seguridad, ligada con la ayuda humanitaria. El planteamiento es generar condiciones de distención en la región, es decir, el desarme de los grupos armados. También está a cargo del gobierno del estado, con el respaldo del gobierno federal. La tercera mesa, a cargo del gobierno federal, tiene que ver con el tema agrario. Se propone buscar una solución con base jurídica, pero también una solución que obedezca al diálogo y acuerdos entre los dos grupos. De acuerdo con Serapaz, esta mesa “es complicada porque participa el gobierno federal a través de la Secretaria de Gobernación y la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que hace 45 años tuvo responsabilidad con el origen de los errores de medición que comenzaron esta disputa formal por la tierra”. La Sedatu y los gobiernos estatal y federal aceptaron abrir esta mesa para buscar soluciones de fondo. De igual manera, manifestó la necesidad de precisar que la resolución del Tribunal Agrario emitida en diciembre de 2017, en estricto sentido no dictamina a favor de ninguna de las dos partes, reconoce que hay un error en la medición de los deslindes y establece la necesidad de reponer el procedimiento, pero en la resolución explicita la necesidad de buscar una conciliación, es decir, no puede haber una solución jurídica satisfactoria para las dos partes porque ambas jurídicamente tienen razón. En ese sentido, la mesa agraria tiene la tarea de generar condiciones de diálogo y un acuerdo de fondo que se tendrá que hacer en un segundo momento, cuando existan condiciones de diálogo, lo que será posible después de la distención, es decir, después del desarme. La cuarta mesa es la de desarrollo, y el responsable es el gobierno federal. Aquí se reconoce que hay carencias en la región y que para resolver este conflicto se necesita brindar a las comunidades de programas especiales, de respaldo, de infraestructura, de producción, de vivienda, etcétera. Lo urgente e inmediato son las dos primeras mesas, sin embargo, van muy lentas. “No opera un auténtico desarme, aún hay disparos en la noche y hay condiciones que mantienen el desplazamiento forzado de más de mil 200 personas”, señaló la agrupación. La ayuda humanitaria ha llegado, pero no están garantizadas las condiciones de retorno, recalcó. De acuerdo con la asociación civil, es importante resaltar que lo urgente y lo inmediato es generar condiciones de desarme y retorno, sin embargo –apuntó--, eso no resuelve la causa y el fondo del conflicto, por lo que es necesario que la sociedad entienda que se necesita crear un respaldo de acciones inmediatas y después, en las acciones profundas, un acuerdo entre las comunidades. “Un acuerdo difícil porque las condiciones entre ellos no son ahora de dialogo, hay desconfianza, polarización y distancia, debido a la acción del grupo armado”. La otra parte, dijo, será que podamos como sociedad civil –local, nacional e internacional-- propiciar la creación de condiciones de convergencia que permitan una mesa que en términos jurídicos y políticos resuelva la problemática agraria de fondo y que se pueda acordar con el gobierno federal todo un programa de desarrollo. “Estamos en esas dos dimensiones con esta urgencia por el drama humano que se está viviendo por el riesgo de violencia, que a pesar de estos acuerdos todavía existen, y ahí es en donde tenemos que asegurar que el gobierno del estado, con respaldo del gobierno federal, cumpla con garantías de retorno y el desarme”. Esto será la mejor manera para poder avanzar en la construcción de condiciones de diálogo para una solución profunda y duradera, sostuvo.