La Corte selecciona a quién sancionar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde que en noviembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución del delegado Israel Moreno Rivera en Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, ha seguido el camino fácil de sanciones y hasta consignación penal de presidentes municipales y cabildos por desacato de sentencias de amparo.

Las más recientes, este martes 16, de los presidentes municipales de Coacalco, en el Estado de México, y de Tlacotepec de Benito Juárez, en Puebla, Erwin Castelán y Pablo Pérez Maceda, respectivamente; representantes sin mayor peso en la política nacional y por lo mismo sin mayor costo político del máximo tribunal.

El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, dice que a los ministros no les ha quedado de otra porque es un mandato de la Constitución. En efecto, la fracción 16 del artículo 107 faculta a los ministros de destituir a las autoridades que de manera injustificada incumplan un amparo.

Pero el cuerpo colegiado que preside Aguilar se ha comportado de manera complaciente ante otros casos de desacato. El más significativo, y documentado, ha sido la protección que dio al presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien incumplió un amparo cuando era director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En mayo del año pasado, la Corte resolvió de un plumazo, sin discusión, un recurso con el que salvó de la inhabilitación y consignación a Ochoa Reza.

El presidente del PRI se negó a pagar una indemnización por más de 463 millones de pesos a la que la CFE estaba obligada por haber rescindido un contrato de manera injustificada a la empresa Líneas de Alta Tensión.

Como ha ocurrido en los casos del delgado y los presidentes municipales, la Corte sólo tenía que pronunciarse sobre el incumplimiento y dar paso a la sanción. Y así estaba considerado en un proyecto inicial de la ministra Margarita Luna Ramos.

Pero la ministra, originaria de Chiapas e integrante de una influyente familia en el Poder Judicial de la Federación, sacó un segundo proyecto en el que el presidente del PRI quedó libre de toda responsabilidad.

En las destituciones de los alcaldes, la Corte ha hecho valer los fallos de jueces de Distrito, que han sido materia de los llamados juicios de inejecución de sentencia. En el caso del presidente del PRI, los ministros pasaron por encima de resoluciones de un juez federal, un Tribunal Colegiado y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, quienes coincidían en la responsabilidad del funcionario y en el monto de la indemnización.

A propuesta de Luna Ramos, Ochoa no sólo fue exonerado, sino que se pidió la revisión de lo calculado por los propios jueces y magistrados.

El litigio lleva ya casi 15 años, y aunque Ochoa Reza no era funcionario de la CFE cuando se rescindió el contrato, la justicia federal sí fijó la obligación de pago cuando él dirigía la empresa eléctrica.

Así el doble rasero de Suprema Corte.

Comentarios: @jorgecarrascoa

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