En la Cámara de Diputados se aceleran los trámites para, al final de la actual legislatura, aprobar una Ley General de Aguas –versión ampliada de la fallida “Ley Korenfeld” de 2015– que permitirá la privatización del líquido y su uso en el fracking, ese proceso que envenena mantos freáticos y tierras de cultivo sólo para obtener gas y aceite. Los especialistas advierten que el agua potable será más cara y quedará en manos privadas, y más: si las comunidades afectadas por esos abusos protestan, el Ejército intervendrá, amparado por la Ley de Seguridad Interior. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Enrique Peña Nieto y el PRI pretenden dar un albazo en la Cámara de Diputados y aprobar, antes de que concluya la actual legislatura, la nueva Ley General de Aguas, señalan especialistas. Cerrar el círculo, dicen, y aplicar al 100% la reforma energética con la inclusión del fracking, aun a costa de la contaminación de los mantos freáticos y el encarecimiento del líquido. La estrategia del gobierno y el PRI en el Congreso de la Unión busca “dejar un ambiente –para el sucesor de Peña Nieto– favorable a la inversión y dejar situaciones irreversibles”, sostiene el ingeniero petrolero, opositor al fracking, Fabio Barbosa Cano, quien durante décadas trabajó en Petróleos Mexicanos. Para ello, sostienen especialistas entrevistados por Proceso, la táctica tiene dos vías: la Ley General de Aguas para “concretar el fracking” y proteger las inversiones con la Ley de Seguridad Interior, gracias a la cual, por “utilidad pública” y para prevenir el disturbio social, el Ejército actuaría contra los ciudadanos que se opongan. La primera se aprobaría en la Cámara de Diputados y para ello, Ignacio Pichardo Lechuga, diputado federal mexiquense y presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, ya tiene “el borrador” de la nueva Ley General de Aguas. En esa ley se apunta a la privatización del agua, la entrega de concesiones a perpetuidad y el aumento de tarifas para uso doméstico, en las cuales se incluirán los costos, la inflación y la utilidad del organismo operador, que puede ser una empresa, el municipio o una asociación de ambos, según el análisis que hizo la Coordinadora Nacional Agua para Todos. Tal borrador es una calca de la llamada “Ley Korenfeld” –así llamada por su promotor, el entonces director de la Comisión Nacional del Agua, el priista David Korenfeld– que en marzo de 2015, a punto de concluir la anterior legislatura, el PRI intentó imponer en San Lázaro (Proceso 2000). De seis títulos, con 248 artículos, la copia de la “Ley Korenfeld” fue detenida por agrupaciones ciudadanas, especialistas de la UNAM y la entonces diputada perredista Aleida Alavez, respaldada por la mayoría de los diputados del PRD y los afines a Andrés Manuel López Obrador, aglutinados en el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Ese día, el entonces coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, anunció que la ley no se sometería a discusión ni votación en el pleno. Miguel Ángel Montoya –quien en 2011 participó en la redacción del artículo transitorio que elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y estableció la necesidad de expedir una Ley General del Agua– sostiene que el borrador no sólo es copia de la “Ley Korenfeld”, sino que es más peligroso. Llevaría, dice, a la era postfracking, en la que grandes conglomerados –como Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú; La Peninsular, de Carlos Hank Rhon; la española Abengoa, e ICA– se convertirían en los grandes dueños del agua; y una vez que el fracking haya contaminado los mantos freáticos, le venderían a los organismos operadores el agua que consume la población. “Postfracking” El pasado 4 de diciembre Miguel Ángel Montoya, especialista en agua, le recriminó al diputado Pichardo Lechuga la que llamó “Ley Pichardo”, por ser ésta una copia de la iniciativa de David Korenfeld y porque los aspectos más lesivos se hayan ampliado. Pichardo le respondió: “Hay que leer bien que, en primer lugar, es un borrador de articulado y más importante, que es un sistema de colaboración y consulta abierta”. Montoya desgrana el borrador y sus partes más lesivas: En primer término, sostiene, el régimen de concesiones puede ser de 10 a 30 años y las mismas se renovarán ilimitadamente, además de que podrán heredarse. “El tema es que no hay una disposición férrea para revocarlas. La “Ley Pichardo” vuelve el régimen más laxo en términos de duración”. Actualmente la Ley de Aguas Nacionales te permite una sola prórroga de la concesión y por el mismo tiempo en que se entregó la primera. Tacha el borrador de simulación en materia de concesiones y explica que actualmente el ciudadano de a pie, el industrial mediano o el campesino difícilmente obtienen una concesión, pues se supone que ya están todas. “Pero, ¿por qué quienes van a realizar el fracking ya tienen concesiones? Pues porque en el borrador se refrenda la ‘transmisión de títulos’, donde basta con que firmes un convenio para que le puedas transmitir a alguien tu título. Si tienes una concesión para uso agrícola y firmas un convenio con otra persona que lo va a usar para la elaboración de cerveza, lo convierte en uso industrial. “Y se debe tener la concesión de acuerdo con el uso. Si vas a modificar el uso, debieras tramitar otra. Eso debe cambiar”, demanda. Desde su punto de vista, son graves los llamados trasvases, que en el borrador tienen reglas mucho más laxas que las de la “Ley Korenfeld”. Explica que el trasvase es la construcción que se realiza, por ejemplo, de una cuenca para trasladar el agua a otro lugar. La ley actual establece que quien construye la instalación es dueño sólo de la obra. “Ahora, en el artículo 77 se establece que una vez autorizado el trasvase, se podrá tramitar conjuntamente la concesión de las aguas nacionales que serán trasvasadas”. Es decir, pasan a ser dueños del agua durante 30 años. Montoya ejemplifica con la presa El Zapotillo, la cual construye La Peninsular, de Hank Rhon, quien se podría quedar con el agua y venderla luego al mejor postor. En la ley actual el constructor no puede tramitar una concesión. “Otro ejemplo”, apunta. “Si reviviera el proyecto de trasvase Monterrey VI, que debía llevar agua de Veracruz a la capital de Nuevo León mediante un ducto o trasvase, el Grupo Higa, que contaba con la licitación, pasaría a convertirse en dueño del agua. Tendría en su poder 432 millones de litros de agua por día”. Asegura: “Es una privatización del agua en extremo”. La pregunta, dice, es cómo beneficia esto al fracking. Resume: “Para el fracking se requieren importantes cantidades de agua, similares al agua trasvasada, que podría vendérseles”. Aun peor: “El fracking, que puede durar ocho años, contamina las aguas del subsuelo y las deja inservibles; entonces, ¿de dónde van a sacar el agua para abastecer a los organismos operadores? Del dueño del agua que hizo el trasvase, léase Higa, La Peninsular, Abengoa, ICA, etcétera”. Una empresa que pretenda aplicar el fracking en el norte del país para obtener gas, bien puede comprarle el agua al dueño del trasvase, añade. Esta Ley General de Aguas, o borrador, como la llama Pichardo, dice Montoya, es un modelo de negocios que va más allá del fracking, es un modelo “perverso y criminal”. Para Rusia y Canadá Fabio Barbosa, ingeniero petrolero y académico de la UNAM, se refiere también a Ley General de Aguas que esta próxima a salir y revela que apenas el pasado 4 de diciembre, la empresa canadiense Renaissance y la rusa Lukoil anunciaron que realizarán fracking (fractura hidráulica) en el bloque de Amatitlán, en Chicontepec, Veracruz, para obtener aceite. En 2016, señala, Renaissance, asociada con Lukoil, compró en 1.5 millones de dólares el derecho a participar en la explotación del llamado bloque Amatitlán. Y el pasado lunes 15 anunció que ya completó tres work-covers. Barbosa explica: “Renaissance movió un equipo de perforación de estos pocitos, en donde estaba haciendo reentrada, y se dirigió al bloque Amatitlán. Ahora se va a dirigir a las formaciones que técnicamente se llaman jurásicas, cretácicas, mucho más profundas. Si la formación en Chicontepec ha sido de 2 mil metros, ahora se hará hasta 4 mil metros, en busca de rocas madre”. La roca madre es donde se genera el hidrocarburo, concentrado en gas y aceite, y es ahí donde se rompe. El fracking es la inyección de gran cantidad de agua. “Se hace un pozo horizontal de 12 kilómetros y se meten 50 inyecciones de grandes volúmenes de agua, de ácidos que pueden ser más de mil sustancias y cuya combinación desconocemos”. Actualmente hay más de 40 mil pozos en Veracruz, Tamaulipas, Puebla y Chiapas, en los que se realiza fracking, pero no hay escasez de agua, como sí ocurre en Coahuila. Pero Barbosa advierte que en Amatitlán el agua que están tomando las empresas extranjeras es de las comunidades, la están sacando de los manantiales, de los arroyos de donde se abastecen las comunidades. “En Agua Fría, que hoy se llama municipio Venustiano Carranza, sus pozos artesianos están disminuyendo”. –Entonces, ¿la Ley General de Aguas es para acelerar ese fracking? –se le pregunta. –Sí. ¿Por qué? Pues porque el ­gobierno del presidente Peña lo que hace es precipitar la legislación, las condiciones, los prerrequisitos para que las empresas extranjeras encuentren un ambiente ­adecuado, favorable. Que inviertan y le dejen a su sucesor, quien sea, situaciones de hecho que se hagan irreversibles. Incluso si ya perforaron, tienen inversiones hechas e intereses y va a ser muy difícil echarlas en reversa. “Ya no van a tener el insumo, que es el agua, condicionado. Esta ley facilita el ­fracking, que es caro en sí mismo; lo que necesitan las empresas es bajar los costos y ese es un prerrequisito que el gobierno está ofreciendo: tener el agua asegurada. En Amatitlán hoy la toman gratis y afectan a las comunidades. En el poblado de Francisco Z. Mena, en Puebla, ya hay gente presa por problemas del agua”, dice. Sostiene que de presentarse algún disturbio por el uso del agua, la Ley de Seguridad Interior bien podría servir para contener levantamientos. El joven cineasta de la UNAM, Alejandro Cadena Cisneros, quien realiza el documental Tierra fracturada, ha recorrido municipios de San Luis Potosí donde las comunidades ya se están manifestando contra el fracking, porque no sólo las deja sin agua, sino además les contamina los mantos acuíferos y vuelven inservibles sus tierras. Además, según el análisis realizado por Agua para Todos, la ley encarecerá el agua, pues se prevé que sus tarifas se calcularán tomando en cuenta los costos del operador, la inflación y la utilidad que debe lograr la empresa. Esto implicaría irremediablemente un aumento para el uso doméstico. Este reportaje se publicó el 20 de enero de 2018 en la edición 2151 de la revista Proceso.