La alerta de Colombia por la alianza Cártel de Sinaloa-Clan del Golfo

BOGOTÁ (apro).- El viernes pasado, en una reunión de seguridad encabezada por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, soltó una noticia que asombró a los presentes: el Cártel de Sinaloa, dijo, está financiando a bandas criminales en Colombia, en especial al Clan del Golfo.

Y enseguida informó que ya había enviado una “alerta temprana” al Ministerio del Interior ante “el incremento de la situación de riesgo y vulneración del derecho a la vida” de los habitantes de Tierralta, un municipio rural ubicado a 450 kilómetros al noroeste de Bogotá en el que se ha detectado la presencia de enviados del Cártel de Sinaloa y su apoyo a la delincuencia organizada.

La Defensoría del Pueblo que dirige Negret es una institución equivalente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Su presencia en las regiones más conflictivas de Colombia y los estrechos vínculos que mantiene con la población la ubican como una fuente muy autorizada para hablar de esos temas.

Por eso, todos los asistentes a la reunión de seguridad que se realizó la mañana del 19 de enero en el presidencial Palacio de Nariño escucharon a Negret con toda atención.

Allí estaban el vicepresidente colombiano, el general Oscar Naranjo; el ministro del Interior, Guillermo Rivera; el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el representante de la ONU, Jean Arnault, y los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Negret relató que los habitantes de Tierralta han dicho a funcionarios de la Defensoría que en esa zona –ubicada en uno de los corredores estratégicos del narcotráfico en Colombia por su cercanía con el Golfo de Urabá y con el mar Caribe– es notoria la presencia del Cártel de Sinaloa.

Ese cártel, aseguró, está financiado a bandas “tipo C” de esa región (dedicadas al robo y a hacer trabajos para las grandes organizaciones criminales) y a las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el nombre político de la mayor organización criminal colombiana: el Clan del Golfo.

Cinco días antes de esa reunión de seguridad en la Casa de Nariño, la Defensoría del Pueblo ya le había enviado al Ministerio del Interior un oficio de 11 páginas, cuya copia tiene Proceso, en el que emite una “Alerta Temprana de Inminencia” para proteger a habitantes del municipio de Tierralta.

De acuerdo con el escrito, las AGC o Clan del Golfo ha reconquistado espacios que estaban en poder de las FARC, como el Nudo del Paramillo y parte del territorio indígena del pueblo Embera Katío del Alto Sinú, ubicados en ese municipio.

Ese grupo criminal “es el principal responsable de la violencia ejercida contra la población civil” en esa región.

“Luego de la dejación de armas por parte de las FARC, las AGC iniciaron un proceso de expansión territorial y consolidación que les ha permitido constituirse en el actor armado ilegal que ejerce el monopolio de la criminalidad en el departamento de Córdoba (al que pertenece Tierralta)”, señala el oficio.

Según un reporte de la ONU, en Tierralta están sembradas la mayor parte de las 2,668 hectáreas de hoja de coca que hay en ese departamento.

El escrito de la Defensoría advierte que las AGC y otros grupos armados a su servicio están “haciendo ostentaciones de dinero y manifestando estar financiados supuestamente por el cartel mexicano de Sinaloa”.

La población civil, señala, “se encuentra expuesta a homicidios
selectivos o de configuración múltiple; desplazamientos forzados; confinamientos; restricciones a la libertad de circulación; desapariciones
forzadas; violencia sexual” y al reclutamiento de menores.

Seguridad nacional

Para las autoridades colombianas, la presencia de los cárteles mexicanos de las drogas en este país es un asunto de seguridad nacional.

Los organismos de inteligencia, incluso, anticiparon que con la reincorporación de las FARC a la vida civil, los cárteles de Sinaloa, Los Zetas y de Jalisco Nueva Generación iban a reforzar sus alianzas con bandas locales para garantizar el suministro de cocaína.

En el último año han sido detenidos en territorio colombiano enviados de los cárteles mexicanos, pero esta es la primera ocasión que se habla oficialmente de “financiamiento” a estructuras criminales colombianas.

Con el proceso de paz, las FARC han abandonado zonas productoras de hoja de coca y de procesamiento de esa planta en cocaína, que hoy son motivo de disputa por varias organizaciones criminales.

El vacío que dejaron las FARC en esas regiones en el último año ha generado una guerra por la ocupación de esos espacios y por el control de la producción y transformación de la coca.

Los grupos que se disputan las rentas de ese negocio criminal –y otros como la minería ilegal– son algunas disidencias de las FARC que no se acogieron a los acuerdos de paz, el guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo.

Este grupo, que es liderado por Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, el delincuente más buscado de Colombia, tiene presencia en la mayoría del territorio y sus diferentes estructuras tienen relaciones de negocios con todos los cárteles mexicanos.

Aunque el Clan del Golfo está buscando –con el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)– un acuerdo de sometimiento a la justicia con el gobierno, es la organización criminal más perseguida de Colombia.

La Policía Nacional de Colombia (PNC) tiene un grueso expediente de Otoniel y sabe que ese capo siempre ha tenido una preferencia por el Cártel de Sinaloa.

Hace un año, días después de la reaprehensión de Joaquín El Chapo Guzmán en Los Mochis, la PNC descubrió que Otoniel mandó a componer un corrido para emular al jefe del Cártel de Sinaloa.

El corrido, autoría de músicos colombianos del género norteño, fue descubierto en un operativo de la policía en la noroccidental región del Urabá, en la frontera con Panamá, donde el Clan del Golfo y “Otoniel” tienen su principal bastión.

Según la PNC, el jefe del Clan del Golfo y las AGC les pidió a los músicos basarse en una canción hecha para El Chapo y adaptarla a su personalidad.

Pero más allá del “corrido prohibido”, como lo denominó en su momento la policía local, es un hecho que los cárteles mexicanos de las drogas están cada vez más presentes en Colombia a través de enviados que vienen a garantizar que la cocaína siga fluyendo hacia el norte a través de la ruta Centroamérica-México-Estados Unidos.

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