Para el investigador Carlos Lara, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no es obstáculo alguno para nuestra cultura, por una sencilla razón: la Convención de la UNESCO en torno a Diversidad Cultural, signada por México, le da las armas. Es sólo cuestión de que la Secretaría de Cultura diseñe, con los legisladores, un programa de puesta al día, y dejar de voltear a lo que hace Estados Unidos. En entrevista, Lara expone algunas de las tareas propias del Estado, empezando por la regulación. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Una sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) iniciará el martes 23, en Montreal, Canadá, sin que hasta ahora el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, se haya dejado convencer de abordar el tema de la cultura y el cine. Por el contrario, se recordará que en una comida privada con un selecto grupo de artistas, relatada por la dramaturga Sabina Berman (Proceso, 2129), el funcionario dio por respuesta a cada planteamiento o solicitud que se le hizo: Son asuntos de “política pública”. Es decir, atañen a la Secretaría de Cultura, no al tratado comercial. El investigador Carlos Lara González pone el dedo en la llaga al dar la razón a Guajardo. Coincide en que la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, debe crear las políticas públicas para defender a la cultura de los impactos del TLCAN, aunque no exime al secretario de su responsabilidad frente a la cultura puesto que hay una economía cultural. En cambio, pese a los foros de discusiones, e incluso a un libro como TLCAN/Cultura. ¿Lubricante o engrudo? Apuntes a 20 años, coordinado por Eduardo Cruz Vázquez, que muestran los efectos negativos, Lara difiere de quienes ven al acuerdo como el mal de la cultura –“nuestro verdugo”, dice con ironía– y plantean sin más la excepción cultural o hablan de “sacar” el tema del tratado. Califica de un “discurso noventero” dado por la excepción establecida por Canadá, país que no reservó temas de derechos de autor ni de propiedad intelectual, y rechaza que México deba adoptarla. Asimismo, considera una falacia la idea de “sacar a la cultura del tratado” pues en realidad no hay un capítulo sobre el tema. Y lo peor, añade, es que varios partidos políticos incluyeron en sus plataformas de 2006 ante el entonces Instituto Federal Electoral la promesa de implementar la excepción o sacar la cultura: “¡Qué irresponsables han sido! Claro, como lo veían como algo lejano o irrealizable siguieron con el discurso, dando por hecho que existe un capítulo para la cultura. ¡Dejen de engañar a la comunidad!” Defensa de la diversidad En su opinión hay un término medio para tratar a la cultura, no en el ámbito “puro y duro” del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios (GATT) y los tratados comerciales internacionales, pero tampoco con la excepción cultural, pues a decir suyo también ha sido cuestionable: Es la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), signada en octubre de 2005. Ese es el instrumento adecuado y jurídicamente está en el mismo nivel que los acuerdos de libre comercio. Permite conciliar intereses y aplicar principios de política exterior. Recuerda que México promulgó la aceptación de la convención hasta 2007, pues el ejecutivo Felipe Calderón decidió reservarse la aplicación e interpretación del artículo. Señaló en el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación que la implementación de la convención tendría que ser armónica y compatible con otros tratados internacionales, “especialmente el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio”. Pero dispone asimismo que la convención no se subordina a otros tratados, ni otros tratados a la convención. Y que México “no prejuzga su posición en futuras negociaciones de tratados internacionales”. Lara explica que el artículo 20 –titulado “nada más y nada menos” Relaciones con otros instrumentos. Potenciación mutua, complementariedad y no subordinación–, indica que “las Partes reconocen que deben cumplir de buena fe con las obligaciones que les incumben en virtud de la presente Convención y de los demás tratados en los que son Parte. En consecuencia, sin subordinar esta Convención a los demás tratados”. Añade que desde la firma del TLCAN a la fecha, el marco jurídico mexicano se ha modificado no sólo por la Convención, que –como todo tratado o convenio internacional– está por debajo de la Constitución Política, pero por encima de cualquier legislación, sino por diferentes reformas, entre ellas la del artículo 4º constitucional que establece el derecho a la cultura. “Hay una nueva constitución en materia de derechos humanos, tenemos garantizado el derecho al acceso a la cultura, la posibilidad de que el poder judicial a nivel nacional haga un control de constitucionalidad o un control de convencionalidad. En ese sentido, Guajardo tiene razón, es un tema de política pública, no para dirimirse en un tratado comercial.” A modo de ejemplo recuerda cuando se aprobó la Ley del Libro, un tema relacionado tanto con la UNESCO, para la cual es un bien cultural, como con la OMC, en la cual es un producto “equivalente a un zapato”. Vicente Fox, “con criterio economicista”, la vetó por considerar que el precio único atentaba contra las leyes del mercado. “Se guió por el criterio de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Con su decisión, México se ponía en el mapa de los países anglosajones en materia del libro. Viene Calderón, se le muestran las bondades de la ley y decide que México no debe estar en ese modelo, levanta el veto y entra en vigor la ley. Se resolvió internamente, no tuvimos que ir a ningún tratado internacional.” Ahora, agrega, se tiene una Secretaría de Cultura, aunque sea con un presupuesto raquítico, y atendiendo al principio de que ninguna convención o tratado o ley puede ser regresiva en cuanto a derechos, está obligada a rediseñar la política cultural del Estado, pero “el problema es que estamos acostumbrados a ver programas, no políticas, hay una diferencia”. Suma que mientras el cine está “sobrediagnosticado” y hay propuestas de sus creadores (Proceso, 2137), el resto de los gremios no ha hecho “la tarea” sobre el estado que guarda su campo y no hay planteamientos. Hay que comenzar por catalogar las industrias creativas, sobre todo las emergentes, hacer una lista y propuestas. Aunque, insiste, la solución es política pública: No bastan “los dos o tres renglones sobre el tema que aparecen en la Ley de Cultura, sino un capítulo, ahí es donde hablamos de política pública”. Se asume como un defensor del libre mercado y rechaza una de las propuestas de la comunidad cinematográfica referente a las cuotas en pantalla. Él pide “piso parejo”, que no se exhiban películas mexicanas a la una de la tarde sólo por cumplir con la norma: “Ése es un problema de la ley de aquí y debemos resolverlo aquí. ¡Dejen de voltear a Estados Unidos! Porque Organización Ramírez es mexicana (también la cadena Cinemex, propiedad de Germán Larrea). “En Europa, Francia le está imponiendo el 20% de contenido europeo a Netflix si quiere entrar. ¿Por qué? Mejor que paguen impuestos y haya una libre competencia. Un caso muy distinto es el de Amazon, que entró a Francia y comenzó a hacer dumping, ‘cómprame el libro y te lo envío gratis’, ‘oye no, espérate, eso sí me jode y hay que regularlo.’” Es en este tipo de casos, indica, es donde debe entrar el Estado “como rector, no como censor”. Debe regir la economía, la política cultural. Desde su punto de vista eso hace que no se sostenga la excepción cultural: “En el momento en que el Estado me diga qué debo consumir y en qué porcentaje, retrocedemos siglos, ¡siglos! Lo intentó China y perdió en la OMC, con el cine precisamente. Lo ha intentado Francia con impuesto a YouTube y a Amazon. El Estado debe regir y establecer un piso parejo, quien tiene la última palabra es la gente y yo quiero seguir gozando de la libertad de llegar a casa, encender Netflix y ver lo que me plazca.” Se le pregunta quién decidirá en una controversia si es más importante el libre comercio o la diversidad cultural, dado que jurídicamente ninguno está por encima del otro. Responde que las partes deberán buscar un acuerdo. Si no se logra irán a la Corte, que es un órgano de constitucionalidad, no dice qué se debe hacer, pero sí quién tiene la razón de acuerdo con un marco jurídico. En este caso “tendrán que hacer un control de convencionalidad y echar a andar lo que se llama diplomacia cultural”. –Cuestiona el discurso “sacar a la cultura del TLCAN”, pero desde que se firmó han querido vender la idea de un libre mercado ideal, cuando no hay las mismas condiciones en los tres países. Si un artesano está en desventaja ante la gran industria, ¿no debe el Estado protegerlo? Estados Unidos y Canadá son proteccionistas y México defiende a ultranza la libre competencia. –La respuesta es: Aunque sabemos que lamentablemente el mercado está en muchas materias por encima del Estado, la labor de éste no es dejar hacer ni dejar pasar, como reza el liberalismo, pero tampoco hacer todo, como reza el socialismo. Debe ayudar a hacer, ése es su trabajo. Y regular. Tareas del Estado Insiste en que ese trabajo debe hacerse aquí, no en el ámbito internacional. Y lo que falta es instrumentar la transversalidad entre diversos sectores, empezando por economía y cultura, para hacer una política pública que fortalezca las industrias locales y no suceda que Nestlé piratea los diseños tenangos o los japoneses se apropian de la herbolaria, “¿Dónde está el Estado? Ahí es donde tienen que legislar y generar un capítulo de economía creativa, el que nos quitaron (como órgano consultor en la creación de la ley de Cultura) –Proceso, 2121–. Y en la ley de la micro y mediana empresa tenemos dos renglones sobre empresas culturales ¿qué es eso?” Cada entidad, ProMéxico, Desarrollo Social, Derechos de Autor, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en fin, debe asumir su papel, pero emplaza directamente a la titular de Cultura: “Donde está la convocatoria, la preocupación por el sector, manifestar: ‘tenemos una renegociación o modernización del TLCAN, vamos a reunirnos y a hacer un programa transversal, un programa con los legisladores, estos son los pendientes, aquí hay que reforzar, promover…” Repite que proteger no es la función del Estado. Se le insiste también por qué no, pues al firmarse el tratado industrias como el cine, entraron en desventaja con respecto a Hollywood y en la actualidad, empresas relacionadas con el Internet dominan el mercado, son más fuertes; las artesanías son pirateadas; y la industria del fonograma, donde grababan ídolos como Jorge Negrete y Pedro Infante, fue devorada por las transnacionales; se difunde la idea de que México está al nivel de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuando nos distingue la desigualdad social y económica. Entonces precisa que cuando habla de no proteger, es en términos de la Convención sobre Diversidad, donde el concepto se refiere a proteger expresiones en riesgo de desaparecer y no ve peligro para la cultura mexicana. –Eso es lo que dijo en su momento Jaime Serra Puche, que era tan fuerte que se protegía sola y a más de veinte años se ven los impactos negativos. La cultura no es sólo mercado, tiene valores simbólicos. –¡Totalmente de acuerdo! Tan simbólicos y con tal diversidad cultural que no debe estar en un tratado comercial, de ese tamaño. Digo que no me gusta el término proteger por esa razón, coincide con la de Serra, pero es que ellos dijeron “se protege sola”. ¿Y qué hicieron después? ¡Nada!. Sigue: “A lo que apela la convención es a la diversidad. Y creo que por ahí debe fomentarse el dialogo entre culturas. No decir ‘ahí viene Hollywood, hay que protegerse porque es cine basura’. Yo le digo a Víctor Ugalde: ‘Que nadie venga y nos quiera dar el discursito de que en la Cineteca está lo bueno y lo demás es basura. No. “Estamos buscando un piso parejo de acceso y comercialización a bienes y servicios culturales de donde vengan, sin ese tipo de prejuicios que son perjuicios. El punto es que no nos hemos dado cuenta que pasamos de la posesión de bienes al acceso a bienes (a través de plataformas digitales), lo que Néstor García Canclini llama Cultura a Domicilio.” Pero diversos analistas han señalado que en México no hay libre mercado, ni piso parejo, sino una “economía de cuates” que privilegia a los cercanos al poder. Admite que es así, y agrega que los empresarios están en su papel, se trepan al avión con los funcionarios para ir a velar por sus intereses. En cambio, la secretaria de Cultura asume que los temas de economía no le corresponden, es decir, “renuncia a ser secretaria de Estado”. Advierte: “Si no hay un piso parejo, habrá un agandalle de las industrias norteamericanas, pero no es culpa de ellos, a ellos ya los conocemos, nos quitaron la mitad del territorio y todo… Es culpa nuestra por renunciar a estar en las mesas de discusión, por no hacer un llamado y una estrategia para la transversalidad.” –¿Que debe hacer Guajardo en el tema de la cultura frente al TLCAN? –Desde mi punto de vista, ni siquiera meter el tema. Piensa que temas como la propiedad intelectual e industrial deben discutirse con la Convención sobre la Diversidad Cultural y el nuevo marco jurídico en la mano. –¿Guajardo debe atender a la Convención? –¡Así es! Lo dice claramente la reserva y el artículo 1º de la Constitución. El titular de Economía –enfatiza Lara– no puede simplemente asumir que Cultura haga su política pública, tiene una obligación porque él está en las negociaciones y la secretaria de Cultura no, aunque “es lamentable”, porque hay áreas donde urge una definición de política cultural como el ámbito digital, empresas creativas, derechos de propiedad intelectual colectivos, telecomunicaciones. Estados Unidos ya está pidiendo exentar impuestos a Amazon; Google opera dentro del país, ocupa un edifico, pero oficialmente no tiene oficinas; y Netflix contrata cineastas y actores mexicanos pero desplaza sus producciones y “ahí sí, calladitos”. Lo peor es que los negociadores del Tratado van esperando a ver qué quiere abrir Estados Unidos y si no, ni le mueven. Expresa decepción por una generación de funcionarios culturales de la cual “se esperaba mucho, la más experimentada, encabezada por Rafael Tovar, que ya no está”, y en lugar de atender estos temas, llevó millones de pesos al programa de Cultura en Armonía que en nada beneficiaron. Redondea sobre el TLCAN, parafraseando al poeta Hugo Gutiérrez Vega: “Si no es reversible, al menos que sea revisable.” Este reportaje se publicó el 21 de enero de 2018 en la edición 2151 de la revista Proceso.