El “superhéroe” Yunes, incapaz ante el crimen en Veracruz

Con cifras delictivas que se cuentan por miles, en particular las relativas a secuestros y asesinatos, Veracruz está hundido en un mar de violencia que solamente los habitantes del estado –sobre todo quienes la padecen en carne propia– reconocen a cabalidad, no así el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, cuyos funcionarios y defensores a ultranza culpan a los medios de comunicación de “magnificar” el problema. Así que para ellos significan muy poco o nada los 2 mil 414 asesinatos cometidos en tan sólo un año de administración yunista, ni los casi 200 casos de secuestro registrados en el mismo periodo. El alcalde de Xalapa lanza incluso un SOS desesperado a la Federación…

XALAPA, Ver. (Proceso).- “Estamos alarmados” y “muy preocupados” por el clima de inseguridad en Xalapa y en la región, admite el alcalde de la capital veracruzana, Hipólito Rodríguez Herrero, cinco días después de las 10 ejecuciones perpetradas aquí –nueve de las personas asesinadas fueron desmembradas y abandonadas en el interior de una camioneta a la entrada a El Tejar, un fraccionamiento residencial–, masacre que las autoridades locales atribuyen a la organización delincuencial conocida como Z-35.

El primer presidente municipal de Morena en gobernar la capital de un estado en el país considera que el gobierno federal debe destinar “más recursos” para seguridad, pero también mantener al Ejército Mexicano y la Gendarmería Nacional no sólo en Xalapa, sino en sus municipios circunvecinos (Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Actopan), en tanto que cada nuevo ayuntamiento crea y consolida una “policía de proximidad” o “barrial”.

“Necesitamos, con apoyo del gobierno estatal y federal, un proyecto de seguridad regional. Ya se establecieron algunos retenes (con fuerzas federales y estatales), pero Xalapa, tengo entendido, tiene 22 puntos de acceso por donde circulan cosas prohibidas, (como) armas… Si la Federación no dota de recursos y de elementos, tenemos un municipio vulnerable”, expone en entrevista realizada el jueves 18.

Un par de días después de la masacre en El Tejar, en el Servicio Médico Forense (Semefo) familiares de las congregaciones de El Castillo y el Tronconal de Xalapa realizaron la identificación de sus hijos y hermanos; la mitad de ellos eran jóvenes de entre 16 y 19 años. El gobernador, el panista-perredista Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que todos los ejecutados eran integrantes de la banda delincuencial de Los Tigrillos o Los Tiliches, quienes se dedicaban –dijo– al secuestro, la extorsión y el homicidio.

“Quiero dejar en claro que la policía no está para cuidar a delincuentes. Si los delincuentes se meten en actividades delincuenciales, es natural que corran riesgos”. En reiteradas ocasiones, Yunes ha insistido en que únicamente le preocupa la seguridad de “la gente de bien”.

Ausencia de gobierno

Para Lucía Díaz Henao, activista de la organización Solecito y madre de Luis Guillermo Lagunes Díaz, DJ Patas, secuestrado por un comando armado el 28 de julio de 2013 y quien a la fecha no ha sido localizado, refiere a Proceso que ahora, al igual que en la administración del priista Javier Duarte, hay una “ausencia de gobernador”, toda vez que Yunes Linares figura más bien como el “encargado de campaña de su hijo”, Miguel Yunes Márquez, para auxiliarlo a que gane la gubernatura en el próximo proceso electoral.

“Yunes hoy está reprobado en todos los flancos importantes: el respeto a la vida humana, la libertad, apertura a la democracia. Se incrementaron los secuestros y los homicidios, y no se ve que los culpables sean vinculados a proceso; la delincuencia trabaja a marchas forzadas, mientras el gobernador montó un circo con Duarte y con López Obrador para creerse un súper héroe”, expone Díaz Henao.

Datos oficiales de la actual Fiscalía General del Estado (FGE) indican que con Duarte se abrieron 3 mil 600 carpetas de investigación por desaparición –un gran número de ellas catalogadas como forzadas–; en contraste, en el narcocementerio de Colinas de Santa Fe del Puerto de Veracruz –considerado ya el más grande de Latinoamérica–, han sido hallados hasta hoy casi 300 cráneos y 17 mil restos óseos.

Aun cuando, desde el 3 de diciembre de 2016, el gobierno de Yunes Linares y el titular de la FGE, Jorge Winckler, afirmaron que sería una prioridad lograr la identificación de los cientos de cuerpos hallados en fosas clandestinas, en 13 meses apenas han podido ser identificados y entregados a sus familiares los restos de 30 personas.

Díaz Henao explica que estos magros resultados se deben a la “incompetencia” e “ineptitud” que prevalece en la FGE, mezclada –insiste– con una total impunidad.

“La justificación de Yunes para las víctimas de la violencia es que andaban en malos pasos, criminaliza en cuestión de media hora después de que suceden hechos violentos. Pero nosotros como madres, hermanos, hijos de desaparecidos, vemos que no se está haciendo justicia, en la Fiscalía vemos una discriminación total hacia las víctimas de la violencia con un fiscal (Jorge Winckler) insensible, duro, déspota, torpe y que no tiene empatía alguna con las víctimas y con nuestro dolor”, ataja.

Díaz Henao, quien representa al Colectivo Solecito, que aglutina más de cien expedientes de desapariciones en la entidad, señala que varias de las madres de desaparecidos se sienten “engañadas” y “traicionadas” por el gobierno de Yunes, quien prometió en campaña una real procuración de justicia.

No obstante, puntualiza, “buscando a nuestros hijos tuvimos que bloquear el miedo. Pensamos que después de Duarte no podíamos estar peor, pero el esquema es igual. Yunes se deslinda de todo: ‘andan en malos pasos’, ‘delinquían’, justifica. En Veracruz la realidad supera a la ficción. Vivimos en el terror”.

Duras estadísticas

En 2017, primer año de gestión gubernamental de Yunes, Veracruz se mantuvo a la cabeza como el estado con mayor número de secuestros: 189 reportados por la Unidad del Combate al Secuestro estatal, 93 por la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, así como 61 que consignó la prensa pero que omitieron las autoridades, con un incremento de 462% en comparación con los primeros 11 meses del gobierno de Javier Duarte (2011), expone la organización Alto al Secuestro, la cual destaca que tan sólo durante diciembre último se cometieron 29 secuestros en la entidad, “casi uno por día”.

Acayucan, al sur de Veracruz, posee el récord de ser la ciudad donde más se han incrementado los homicidios a nivel nacional en los últimos 10 años, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Proceso 2148).

Esta misma plataforma indica que en el primer año de gobierno de Yunes se han cometido 2 mil 414 asesinatos –de los cuales, según el mandatario, el 70% fueron ejecuciones del crimen organizado– y 178 secuestros, además 20 mil 787 robos de vehículos y a casa-habitación, sin contar las víctimas que han optado por no denunciar debido a las amenazas recibidas o por desconfianza en las autoridades.

El SESNSP no incluye a los presuntos delincuentes “abatidos” por fuerzas policiacas estatales o federales, porque –pretextan las autoridades– no se trata de homicidios.

Esta vorágine delincuencial se explica por la batalla territorial que mantienen en las regiones de la Huasteca, Totonacapan, Olmeca, altas montañas e incluso en zonas urbanas células de Los Zetas, del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Los Ántrax, del Cártel de Sinaloa, del Grupo Sombra (FEGS), del Cártel del Golfo y mafias independientes de huachicoleros.

En el sexenio de Duarte, con más de 7 mil homicidios –aunque según políticos yunistas fueron muchos más, pues el gobierno priista “maquillaba cifras” y “le echaban tierrita (sic) a los muertitos”– predominaron los grupos delincuenciales de Gente Nueva, Mata Zetas, Zetas y CJNG.

Aun cuando el estado de violencia y muerte es desolador de norte a sur de Veracruz, y pese a la zozobra y al repudio ciudadanos, en el Congreso local predomina una defensa a ultranza del gobierno de Yunes Linares, a tal punto que, el pasado lunes 15, el exdiputado de Morena Sebastián Arellano –hoy cooptado por la bancada del PAN– se atrevió a declarar lo siguiente en rueda de prensa: “La ciudadanía no se queja de la inseguridad; los que se quejan son los medios de comunicación, magnifican este tipo de hechos. Ya lo dijo el gobernador: es pugna entre cárteles rivales. Yo veo tranquilo el estado, vivo en Coatzacoalcos”.

El corresponsal buscó a políticos del PRI pero declinaron hablar sobre la inseguridad. Uno de ellos, que pidió el anonimato, se limitó a soltar: “No es conveniente declarar sobre seguridad y subirse al ring contra el gobernador”.

En lo que va del gobierno de Yunes Linares también han sido asesinados los ediles de Ixhuatlán de Madero, Víctor Manuel Espinosa Tolentino, y de Hidalgotitlán, Santana Cruz Bahena. Por resistirse a un asalto en las inmediaciones de una gasolinera, también fue asesinado el excandidato del PRI a la alcaldía de Tenampa César García, y hace unas semanas fue acribillado el exalcalde de Colipa Víctor Molina Dorantes.

Un hervidero de células delictivas

En Coatzacoalcos, tierra de asentamiento de Los Zetas, la violencia se recrudeció a raíz de la detención en Cárdenas, Tabasco, del líder regional Hernán Martínez Zavaleta, El Comandante H, el abatimiento de Bernardo Cruz Mota, El Niño Sicario, y de Elías Aguirre Sánchez, El Metro. Sus subordinados mantienen una lucha interna por el control de la plaza, con la consecuente ejecución de varios integrantes.

A través de comunicados oficiales se sabe que fue abatido en Chipilo, Puebla, Ricardo Pacheco Tello, El Quino, jefe de plaza del CJNG en el Golfo de México. Sin embargo, varios de sus sicarios continúan delinquiendo en Veracruz y se han expandido a la región del Sotavento, Cuenca del Papaloapan, zona sur, y en puntos limítrofes de Oaxaca y zonas urbanas del estado de Puebla, según un informe de inteligencia de la PGR.

En los límites de Puebla y Veracruz, fuerzas federales y el gobierno de Yunes continúan con la búsqueda de Roberto de los Santos de Jesús, El Bukanas, quien fuera policía municipal de Maltrata en el sexenio de Duarte y luego convertido en jefe de sicarios de Los Zetas, lugarteniente del narcorrancho San Pedro en Acultzingo, en Veracruz, y hoy líder huachicolero en ambas entidades.

Otro dolor de cabeza del actual gobierno son los integrantes del Grupo Sombra –célula delincuencial adscrita al Cártel del Golfo–, que en la Huasteca veracruzana portan chalecos tácticos con la insignia “FEGS” (Fuerzas Especiales Grupo Sombra), que lo mismo cometen secuestros y ejecuciones y reparten juguetes o cenas navideñas a pobladores de bajos recursos en los municipios de Pánuco, Poza Rica y Tuxpan.

Según el gobernador Yunes Linares, a principios de año se logró la detención de 13 miembros de esa banda. “Sin embargo –dijo–, no podemos cantar victoria y decir que ya está por completo desmantelada”, dijo en entrevista colectiva en Xalapa.

Xalapa: SOS

En Xalapa, el edil Hipólito Rodríguez señala que la capital del estado necesita tres policías por cada mil habitantes, es decir, “mil quinientos policías”; sin embargo, advierte que la creación de una nueva “policía de proximidad” para trabajar en la reducción de delitos requiere de “un gasto fuerte”.

“Estamos hablando de trabajar con 350 policías nuevos en el primer año, que ganando en promedio 15 mil pesos mensuales nos vendrían costando, al erario municipal, 10 millones de pesos… Queremos evitar el daño al tejido social, pero también con la coordinación institucional de fuerzas federales”, insiste.

Para este reportaje, Proceso buscó entrevistar al fiscal Jorge Winckler a través de su jefe de prensa, Conrado Hernández, pero el funcionario mandó el siguiente mensaje: “De momento no daré entrevistas”.

Winckler ha tenido severos roces con la prensa. Desde su cuenta de twitter ha acusado de “vendidos, mentirosos” y “de escribir infamias” a los críticos del actual gobierno; incluso ha bloqueado de dicha red social a una veintena de reporteros veracruzanos.

También se buscó al secretario de Seguridad Pública (SSP), Jaime Téllez, y al gobernador Yunes para que expusieran sus estrategias ante el embate de las células criminales, pero el vocero de ambos, Elías Assad, jamás contestó los mensajes ni las llamadas telefónicas del corresponsal.

Este reportaje se publicó el 21 de enero de 2018 en la edición 2151 de la revista Proceso.

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