Guerrero: Someterse o morir

En el presente proceso electoral, la violencia en Guerrero no para. El gobernador priista Héctor Astudillo entregó la seguridad al Ejército y la Policía Federal, privilegió la inversión privada en las zonas conflictivas y derrochó una fortuna en publicidad gubernamental, pero los asesinatos ya tiñeron el ambiente político. Por si hubiera dudas sobre cuál es el verdadero poder en la entidad, las bandas delictivas extorsionan a empresarios, desplazan a decenas de familias, ajustan cuentas con sus rivales y siguen matando a políticos y funcionarios locales.

CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).- La lucha político electoral de las zonas de Guerrero donde se produce y trafica heroína en Guerrero ha dejado un saldo de 12 dirigentes políticos del PRD, MC y Morena ejecutados en los dos primeros años de gobierno de Héctor Astudillo Flores.

En el mismo lapso se han registrado oficialmente más de 4 mil 500 homicidios dolosos (2 mil 280 en 20162 y mil 273 en 2017) y se ha documentado la desaparición de cuatro funcionarios estatales, entre ellos el delegado administrativo de la Secretaría de Protección Civil, José Alfredo Rodríguez Córdoba, secuestrado el lunes 15, en Chilpancingo.

El 16 de septiembre de 2017, en Arcelia, fueron privados de su libertad el subsecretario del Migrante, Adolfo Vergara de La Paz, así como el delegado regional de Transportes, Juan Salgado de La Paz, y el jefe de Preparatorias Abiertas de la Secretaría de Educación, Tomás Flores Castillo. Hasta la fecha los tres siguen desaparecidos.

Además, hasta junio del año pasado el gobierno estatal tenía reportes de 261 personas, de 65 familias, desplazadas por la narcoviolencia en las comunidades de Quetzalcoatlán, La Tondonicua, La Unión y Tepango, Ahuihuiyuco y Tepozcuautla, igual que de los municipios de Zitlala, Petatlán, Ayutla de los Libres y Chilapa de Álvarez.

El pasado viernes 5, al menos 900 pobladores de la comunidad de San Felipe del Ocote, municipio de Apaxtla de Castrejón, fueron expulsados en medio de la disputa que mantienen grupos delictivos por el control de la zona.

Decenas de mujeres, hombres y niños de escasos recursos abandonaron su hogar y se refugiaron en la cabecera municipal después de un enfrentamiento entre miembros de la autodefensa ligada al grupo de Guerrero Unidos con sicarios de La Familia, que dejó cuatro heridos.

En lo que va de enero suman más de 50 homicidios dolosos en la entidad y la violencia no cesa, por lo que el gobierno de Estados Unidos emitió otra alerta para que sus ciudadanos no viajen a Guerrero, después de que, a finales de diciembre pasado, fue asesinado Doug Bradley, funcionario en la ciudad de Imperial Beach, California, quien vacacionaba en Ixtapa Zihuatanejo, un destino turístico colapsado por la narcoviolencia en la región de la Costa Grande.

El más golpeado de los 81 ayuntamientos ha sido el de Chilapa, municipio que conecta La Montaña con la región Centro: durante la actual administración del priista Jesús Parra García han sido ejecutados por lo menos cinco funcionarios, entre regidores, secretarios y directores de área.

El 14 de noviembre pasado, el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, admitió ante diputados locales que en Guerrero “no existe la gobernabilidad esperada”. Al comparecer por la glosa del segundo informe del gobernador Astudillo Flores, Salazar Adame dijo que en las regiones bajo control del narco se suspendieron de facto el libre tránsito y la libertad de expresión.

Derroche, gasto, ineficiencia

Astudillo Flores trata de minimizar la situación. Argumenta que la ola de violencia “viene de años atrás” y los culpables son sus antecesores, Zeferino Torreblanca Galindo, Ángel Aguirre Rivero y el interino Rogelio Ortega Martínez.

En efecto, la Auditoría Superior de la Federación comprobó que, en conjunto, los tres exmandatarios desviaron alrededor de 20 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y con ese dinero compraron armamento y un sistema de espionaje telefónico, de manera irregular.

Entre 2014 y 2015 se otorgaron contratos millonarios a empresas particulares para que suministraran equipo táctico y uniformes policiacos, sin la licitación correspondiente.­

A su vez, la administración de Astudillo ha promovido la inversión extranjera en zonas controladas por el narco e impulsa millonarias campañas publicitarias para atraer turismo a la entidad. Pero también ha gastado en estos dos años casi 600 millones de pesos en publicidad para difundir su imagen en medios de comunicación, con un esquema que organizaciones civiles, como Fundar y Articulo 19, consideran opaco y una forma de “censura sutil o indirecta”, ya que tiende a controlar la línea editorial de esos medios.

Los 300 millones de pesos anuales que ha gastado en promedio el gobierno de Astudillo contrasta con los reducidos fondos asignados a los sectores social, educativo, de salud y de vivienda para 2018.

Además, el proyecto de presupuesto 2018, enviado por el Ejecutivo al Congreso local, destina sólo 9 millones para la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y 55 millones para el Hospital del Niño y la Madre Indígena.

Mientras tanto, grupos criminales y guardias comunitarias supuestamente vincu­ladas al narco controlan franjas del territorio y mantienen zonas silenciadas en las regiones Centro, Costa Grande, Acapulco y Tierra Caliente.

El exdirigente estatal del PRD y actual senador Celestino Cesáreo Guzmán exigió al gobernador que dé resultados en el combate a la violencia y demandó que destituya a su gabinete de seguridad, que encabeza Salazar Adame. “No le apostamos a la caída del gobernador, pero exigimos resultados porque el tiempo de espera se acabó”, expresó Guzmán el 19 de octubre, en el segundo informe del gobernador.

El senador perredista criticó “la incapacidad” del gobierno local para esclarecer los crímenes que se cometen a diario y colocan a la entidad en los primeros lugares de incidencia delictiva nacional, y pidió que la Procuraduría General de la República atraiga los casos de los nueve perredistas asesinados en Guerrero en los últimos dos años.

Sin embargo, otros políticos locales fueron víctimas de la violencia del narco predominante en Guerrero.

El 23 de julio de 2016 fue ejecutado el alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte; el 9 de abril de este año, acribillaron al exalcalde y exdiputado local Roger Arellano, y el 19 del mismo mes al secretario general del PRD, Demetrio Saldívar. El 23 de mayo fue ejecutado el exalcalde perredista de Coyuca de Catalán y exdipu­tado local Elí Camacho Goicoechea.

El 8 de junio pasado mataron al exalcalde perredista de Tecpan, Crisóforo El Toto Otero Heredia; el 5 de julio, al secretario general del ayuntamiento de Peta­tlán, Manuel Rebolledo Pérez, cuyo cuerpo fue abandonado con un narcomensaje en las inmediaciones del aeropuerto de Zihuatanejo.

Más recientes son las ejecuciones del exalcalde de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neri, a quien unos desconocidos privaron de su libertad el 9 de octubre. Lo encontraron degollado y con las manos esposadas la noche del 13 de octubre, en Chilapa, junto a un narcomensaje que se atribuyó al grupo delictivo Los Jefes.

Un día después se hallaron los restos de Ranferi Hernández Acevedo, su esposa y su suegra, en una camioneta calcinada, en los límites de los municipios de Ahuacuotzingo y Chilapa.

El 27 de septiembre fue ejecutado Miguel Ángel Vergara Chamú, líder de Movimiento Ciudadano en Ajuchitlán del Progreso, y el 23 de noviembre sufrió la misma suerte el dirigente de ese partido, Armando Arturo López Solano, en Quechultenango, municipio de la región Centro. López Solano aspiraba a la presidencia municipal en ese bastión de Los Ardillos.

El 14 de noviembre fue ejecutado junto a su escolta el empresario Miguel Solorio Figueroa, exregidor perredista de Zihuatanejo, quien se perfilaba para contender por la alcaldía por la vía independiente.

La noche del 28 de diciembre, el alcalde perredista de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, fue ejecutado cuando cenaba en un restaurante de la cabecera municipal.

En octubre de 2017 el gobierno de Astudillo ofreció 1.5 millones de pesos a quien denunciara a los asesinos del exalcalde perredista de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neri, y del fundador del PRD y promotor de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, Ranferi Hernández Acevedo.

Esto a pesar de que autoridades federales y estatales han declarado que la ola de violencia en Chilapa se debe a la confrontación de las bandas Los Jefes –que dirige Zenén El Chaparro Nava Sánchez– y Los Ardillos –que lideran los hermanos del dirigente perredista Bernardo Ortega Jiménez– por el control de las zonas de producción y trasiego de mariguana y heroína, así como del secuestro y la extorsión.

El fracaso de la estrategia federal

La historia violenta de Chilapa en los dos años de gobierno de Astudillo ha sido cubierta por Proceso.

En mayo de 2015, durante el gobierno interino de Rogelio Ortega, Los Ardillos sitiaron durante una semana la cabecera municipal del municipio, donde realizaron cateos y levantaron a una treintena de personas que siguen desaparecidas. Desde entonces la violencia se agudizó y se reportan asesinatos, secuestros y extorsiones que alcanzaron a la clase política.

En marzo de 2015 se halló, con un narcomensaje, el cuerpo decapitado de la precandidata perredista a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Aidé Nava González, esposa del exalcalde Francisco Quiñones Ramírez, ejecutado en junio de 2014. El hijo de ambos, Francisco Quiñones Nava, fue secuestrado en 2012 y sigue desaparecido.

En mayo de 2015, en pleno proceso electoral local, fue ejecutado el excandidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz.

En 2016, la ola de ejecuciones de políticos se enfocó en funcionarios de la administración del actual presidente municipal priista de Chilapa, Jesús Parra García, Chuparra. En mayo de ese año un grupo armado ejecutó al director de Gobernación municipal del ayuntamiento, Miguel Andraca Eligio, y un mes después fue asesinado el director de Reglamentos, Roberto Francisco.

En julio del mismo año, un comando ejecutó al regidor priista del ayuntamiento, Miguel Ángel Salmerón Nava, sobre la carretera federal que conecta la región Centro con La Montaña. En septiembre mataron al secretario de Obras Públicas, José Luis Giménez Parra, junto a su chofer y un policía municipal.

En octubre, el director de Asuntos Indígenas del ayuntamiento, Apolinar García Palatzin, y su tío, el comisario del poblado Zizicazapa, Bartolo García Tlamalteco, también fueron asesinados.

Estos crímenes no han sido esclarecidos y la impunidad sigue provocando más violencia.

El 19 de octubre, Astudillo admitió el fracaso de la estrategia federal que encabeza el Ejército desde hace cuatro años: “El problema de Guerrero no es político, es la violencia”, dijo.

Durante la ceremonia del segundo informe de gobierno, que se caracterizó por los acarreados y los elogios de diputados locales, tanto del PRD como de MC, PT y PAN, el gobernador planteó “la urgente necesidad” de renovar la estrategia de seguridad en Guerrero y convocó a la clase política a suscribir un nuevo pacto.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal está a cargo del general en activo Pedro Almazán Cervantes y la mayoría de sus mandos son militares. Oficiales del Ejército y el agente federal Ramiro Espinoza Jiménez administran las áreas de análisis y acopio de información estratégica del C4 estatal.

Además, soldados de la IX Región Militar y agentes estatales y federales asumen las tareas de seguridad pública en la mayoría de los 81 municipios, donde sin embargo predominan la delincuencia y las guardias comunitarias.

Este reportaje se publicó el 21 de enero de 2018 en la edición 2151 de la revista Proceso.

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