CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Todo parece indicar que ya nada se interpondrá para la realización del concierto en homenaje a Armando Manzanero, el próximo 3 de febrero, en la zona arqueológica de Chichén Itzá pues, desde las oficinas de la Presidencia de la República hasta el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pasando por la Secretaría de Cultura y el gobierno de Yucatán, se dio el aval al compositor yucateco. Con la apelación al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), profesores de investigación científica y docencia del propio INAH presentaron en diciembre del año pasado una petición, admitida con el folio 059173, para que determinara la vigencia de los criterios que emitió en la controversia constitucional 2/1932. En aquella controversia, promovida por la Federación contra el estado de Oaxaca (publicada en el Semanario Judicial de la Federación, suplemento del mes de enero de 1933, México, Antigua Librería de Murguía,1933, pp. 415-422), se resolvió “que los monumentos arqueológicos son Bienes Nacionales inalienables, imprescriptibles, de uso común y dominio público y por lo tanto ‘están fuera del comercio’”. La Corte respondió a los investigadores que “carece de atribuciones para actuar en los términos solicitados, dado que en aras de respetar el marco constitucional que rige al Estado mexicano, corresponde a este Alto Tribunal actuar única y exclusivamente en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, dentro de las cuales no se ubican las necesarias para emitir opiniones sobre lo solicitado”. Para los especialistas del INAH es lamentable la respuesta. La califican de sesgada e incompleta. Se trataba, explican en un documento enviado a esta redacción, de que el órgano judicial respondiera “con un sí o no contundente a la pregunta sobre la vigencia del Estado de Derecho que rige la protección de los monumentos, como bienes nacionales totalmente fuera de los circuitos comerciales”. Aunque están convencidos de que las normas jurídico-históricas no permitirían el evento. Incluso, advierten: “De llevarse a cabo el concierto del señor Manzanero (…) se volverá a transgredir el Estado de Derecho y el Orden Constitucional y un acto delincuencial más se establecerá como cotidiano en nuestra vida social y cultural”. El permiso ¿Dónde inició todo? La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, negó haber recibido órdenes superiores para el otorgamiento de la licencia. Incluso, narró al semanario Proceso que Manzanero le solicitó directamente el permiso y ella se lo dio: “A mí me dice ‘quiero cantar porque soy yucateco y porque quiero presumir lo que es Yucatán’. ‘Adelante, maestro’”. Sobre la comercialización de los boletos -que van de los 14 mil 730 pesos a los 600 pesos-, añadió que la producción de un espectáculo de este tipo “cuesta mucho dinero”. Y descartó que hubiese como interés el lucro. Aunque se ha dicho que las ganancias de los organizadores serán millonarias. Por principio deben, por petición del Consejo de Arqueología, cumplir con una póliza de seguro por alrededor de 750 millones de pesos, según publicaron los medios de comunicación. Desde agosto de 2017, el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández, expresó mediante un oficio su respaldo a Manzanero. En octubre hizo lo propio el secretario de la Cultura y las Artes de Yucatán, Roger Heyden Metri Duarte. Para el mismo mes, autoridades del INAH en la entidad y el Patronato Cultur, negaron tener conocimiento sobre el concierto y las licencias. Ahora se ha anunciado que desde el Centro de Convenciones Siglo XXI, de la ciudad de Mérida, donde tiene su sede Cultur, partirán transportes para llevar a los asistentes a la zona arqueológica para que lleguen puntuales a la cita. Carpetazo Es el director del INAH, Diego Prieto, quien oficialmente se dirige a Manzanero, a través de un oficio fechado el 1 de noviembre de 2017, para notificarle que el evento denominado “Celebrando a Armando Manzanero en vivo desde Chichén Itzá”, ha sido autorizado por el Consejo de Arqueología con fundamento en el artículo 30 de la Ley General de Bienes Nacionales. El experto en legislación sobre el patrimonio, Bolfy Cotton, declaró al diario Excélsior hace unos días, que el homenaje se hará a una persona, un particular, por lo cual resulta extraño que se invoque ese artículo que dispone que los monumentos arqueológicos “no podrán ser objeto de conexión, permiso o autorización”. Pueden otorgarse permisos o autorizaciones, a través del INAH, sólo para actividades cívicas y culturales, “siempre y cuando no se afecte la integridad, estructura y dignidad cultural de dichas zonas y monumentos ni se contravenga su uso común”. El concierto, agregó el especialista, es privado porque interviene una empresa en su organización y, porque cobran, no cualquiera puede acceder, lo cual “se opone al carácter de un bien de dominio público y uso común”. En su documento motivado por la respuesta de la Corte, los investigadores del INAH cuestionan: “¿Para qué sirven las leyes y las instituciones si se les sabe dar la vuelta para beneficiar a unos cuantos? Y reflexionan: “Como antropólogos e historiadores dedicados al estudio de los grandes ítems de nuestra historia, no podemos dejar de advertir los momentos críticos de credibilidad por los que está pasando la vida institucional ante millones de conciudadanos. No reclamamos justicia sólo para nuestro caso, sino para muchísimos que están exigiendo: comunidades, pueblos, periodistas, asociaciones civiles y de derechos humanos”. Por ello, urgen a que “este máximo tribunal se ponga a la altura de las circunstancias en todos los casos que se reclama justicia”. Hace unos meses, el compositor yucateco se dijo discriminado porque los investigadores se opusieron al concierto, pues ya se habían presentado ya Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Sarah Brightman y Elton John. De hecho, el autor e intérprete será el quinto personaje en ocupar ese espacio para un concierto masivo. El historiador Felipe Echenique le respondió mediante una carta pública: “Déjeme decirle que las denuncias penales y juicios de amparo para que no se llevaran a cabo tales conciertos no progresaron por la corrupción que prevalece en nuestro país, entre los funcionarios de los más altos niveles de gobierno y la iniciativa privada. Pero están las constancias de ellos en notas periodísticas, expedientes en la PGR y en los juzgados”. Tampoco parece progresar esta vez. La SCJN, mediante el ministro Luis María Aguilar Morales, ordena en su oficio, una vez que los investigadores han sido notificados de su resolución: “Archívese el presente asunto como concluido”.