PUEBLA, Pue. (apro).- Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) denunciaron que a más de cuatro meses de ocurridos los sismos, los avances en la restauración del patrimonio histórico que resultó afectado son prácticamente nulos, debido a la falta de recursos económicos y técnicos para realizar los trabajos. En el caso de Puebla --donde resultaron dañados 465 edificios históricos, principalmente templos--, lo poco que se ha resarcido a la fecha es porque las comunidades afectadas han invertido sus propios recursos, aseguran la arquitecta Rutilia Amigón Amigón y la restauradora Elisa Ávila Rivera. “…en Puebla son muy pocos los templos en los que se ha podido iniciar el resarcimiento de daños, y en tales casos es porque las comunidades han invertido sus propios recursos. Esto ocurre sobre todo porque el gobierno federal aún no libera los respectivos fondos, y en la actualidad es muy incierto si apoyará o no la rehabilitación de los bienes históricos afectados”, precisan en un escrito entregado a Apro. Otros especialistas consultados afirman que la situación en las 11 entidades afectadas por los sismos del 7 y el 19 de septiembre es “muy delicada”, no sólo porque hay edificios donde los daños se han agravado y existen riesgos de nuevos colapsos, sino porque el enojo social ha ido en aumento, debido a la importancia que las edificaciones religiosas representan para las comunidades. Algunos trabajadores del INAH, entrevistados bajo la condición del anonimato, dicen que la situación ha llegado a tal grado que temen por su integridad física, pues hay localidades donde los pobladores los han corrido e incluso insultado, y les han advertido que no regresen si no es para iniciar ya la restauración. En su escrito, Amigón y Ávila confirman lo anterior y alertan que ante la tardanza del gobierno para arrancar los trabajos, hay pueblos que por su cuenta han decidido reparar sus imágenes religiosas con personal no calificado. “A cuatro meses de los sismos, varias comunidades están muy inconformes y existen auténticos focos rojos en este sentido; en los inmuebles los daños aumentan peligrosamente. Por si no bastara, las imágenes religiosas las está reparando personal no calificado, con resultados lamentables”, subrayan. Hay templos en localidades poblanas como San Pedro Ocotlán y Santiago Apóstol, en el municipio de Chila de la Sal, así como en Acaxtlahuacan, en Albino Zertuche, que por nuevos temblores que se han registrado y por el tiempo transcurrido han agravado su condición y están en riesgo inminente de colapsar. Según un informe presentado por la Secretaría de Cultura (SC) en diciembre, los sismos dañaron en grado severo 242 inmuebles del país, mil 228 tuvieron afectaciones moderadas y 351 menores. Las entidades donde se encuentran esas edificaciones son la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. A finales del año pasado la dependencia anunció un Plan Maestro que contempla tres etapas de intervención --en aproximadamente 30 meses de trabajo--, con brigadas de especialistas y peritos, y la participación de mil 100 técnicos. En un recorrido que hizo por las zonas siniestradas, la titular de la SC, María Cristina García Cepeda, prometió ante pobladores y autoridades religiosas que el daño al patrimonio afectado se resarciría de manera rápida. Sin embargo, los trabajadores de campo del INAH aseguran que desde las oficinas centrales de la dependencia no se ha valorado la situación real de esta problemática, tanto técnica como social. Destacan que hasta ahora la SC no ha entregado ningún apoyo financiero, ni de personal, y ellos está dando la cara ante las comunidades, pero no se dan abasto para la titánica labor que representa la restauración de más de mil 800 inmuebles en el país. Trabas Amigón y Ávila refieren que a los pocos días de ocurridos los sismos, el INAH anunció que la reconstrucción se realizaría a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), por lo que personal del Instituto recorrió las zonas afectadas para elaborar los expedientes requeridos para la liberación de recursos. Sin embargo, en noviembre se les pidió que elaboraran otros expedientes técnicos para cobrar el seguro contra desastres, contratado por el gobierno federal con Banorte, por lo que de nueva cuenta tuvieron que recorrer las comunidades. Esto –dicen-- representó un trabajo arduo y agotador, pues en cada una de las delegaciones es escaso el personal del INAH y no se ha contado con el suficiente apoyo técnico y financiero para realizar las evaluaciones y elaborar los expedientes, ni para llevar a cabo los trabajos de protección de los inmuebles. Pese a que la documentación fue entregada e incluso se firmaron acuerdos conciliatorios con la aseguradora sobre la cobertura para la recuperación de inmuebles, hasta ahora no se ha liberado el dinero para iniciar la restauración, subrayan. Otros entrevistados indican que el procedimiento ante la aseguradora ha sido confuso, lo que ha originado que los contratistas que pretenden realizar las obras tengan que elaborar documentos una y otra vez por requisitos poco claros y cambiantes. Incluso hay casos en los que ni siquiera se ha pagado a las empresas que llevaron a cabo trabajos de apuntalamiento de edificaciones que se hicieron tras los movimientos telúricos. Los trabajadores coinciden en que hasta ahora la coordinación del personal por parte de la Unidad de Sismos de la SC ha sido nula y que tampoco han tenido respaldo por parte del Comité Técnico que se formó en noviembre para la labor de restauración. Ante ello, apuntan, es urgente que el titular del INAH, Diego Prieto, y la secretaria de Cultura, María Cristina García Zepeda, presenten un plan de acción para resolver la problemática, y que las autoridades liberen los fondos y se contrate personal de apoyo suficiente para llevar a cabo la restauración de los inmuebles.