Mancera: arbitrariedad y descalificación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La detención, desaparición, búsqueda y localización de Marco Antonio Sánchez Flores permitió colocar en la discusión pública al gobierno de Miguel Ángel Mancera, un político de escasa formación cuya trayectoria se desarrolló en instancias de seguridad y procuración de justicia.

Afortunadamente ya apareció el joven estudiante de preparatoria, deportista con cinta negra de Tae Kwon Do, quien escribe poesía. Pero apenas lo encontraron, inició un manejo mediático y una actividad inusual en redes sociales, orientada a descalificar las movilizaciones y reclamos, así como a la víctima de una detención arbitraria.

Hoy, las noticias al respecto enfatizan que Marco fue localizado cuando “deambulaba”, es decir que andaba de un lado a otro sin objetivo. Palabra cargada de intencionalidad que se ha usado con otros casos que detonaron movilizaciones como el de Lesby Berlín Osorio, la joven hallada muerta en Ciudad Universitaria, una víctima a la que desprestigiaron como drogadicta, promiscua y desocupada que, oficialmente, se suicidó.

Desprestigiar a las víctimas de los casos que presionan mediante movilizaciones es el común denominador del mancerismo. Así fue también con los cuatro de la Narvarte, caso sobre el que se han publicado detalles morbosos para descalificar la exigencia de justicia, algo que a las policías se les facilita tratándose de mujeres, porque subyace una apelación al machismo, la misoginia o la moralina de la sociedad.

Durante el gobierno de Mancera, la Ciudad de México ha padecido a un gobernante-policía, un jefe de gobierno operativo en el sentido policial del vocablo, que (ahí sí) deambula entre los vicios del espacio sucio que en México son los ámbitos policiaco y ministerial: espionaje político, hostigamiento y represión al movimiento social, restricción de libertades y violación sistemática de derechos humanos, apuntalado por un manejo comunicacional basado en la filtración.

Naturalmente, los casos conocidos se relacionan con movimientos sociales o con movilizaciones de reclamo. Por ejemplo, en 2013, cuando la policía capitalina intervino en un conflicto en el CCH Naucalpan, donde algunos jóvenes osaron protestar por algunas cuestiones escolares y fueron agredidos por los porros; la policía detuvo a los inconformes y dejó libres a los porros. Para marzo del mismo año, actuó extraterritorialmente contra una protesta de oposición a un Walmart en Teotihuacán. Y con esos dos episodios inició la configuración de un enemigo, coartada perfecta contra todo aquel que resultaba incómodo o trastocaba los intereses del mancerismo: los anarquistas peligrosos.

Esos dos episodios resultan clave para entender lo que ha sido el mancerismo, pues fueron preámbulo de lo que ocurriría el 1 de mayo siguiente, el 10 de junio y el 2 de octubre, cuando detuvieron a jóvenes participantes de algún movimiento capitalino e identificaron como anarquistas y vándalos, pero que en varios de esos casos eran opositores a intereses urbanísticos e inmobiliarios del entorno de Mancera.

La evidencia es la falta de evidencia. La mayoría de los detenidos fueron liberados por amparos, por los absurdos, como el del 20 de noviembre de 2014, cuando 11 personas fueron acusadas de subversivas, por decirse entre ellos “compa”.

Sin duda, las detenciones arbitrarias tienen un largo registro en el gobierno de Mancera, y el temor del padre de Marco Antonio porque se les hubiera pasado la mano a los policías era fundado, lo mismo que el activismo por su aparición.
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