Caso Gutiérrez, entre la “obstrucción” federal y la insistencia de Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El conflicto entre el gobierno de Chihuahua y la federación va cuesta arriba. Esta vez, a las denuncias públicas que formuló el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, sobre presuntos actos de tortura y amenazas de muerte, se sumaron las de dos excolaboradores de César Duarte Jáquez, actualmente sujetos a proceso por anomalías en su gestión: Gerardo Villegas Madriles y Antonio Tarín García.

El fin de semana pasado, la defensa de Gutiérrez difundió la versión de que su cliente había sido trasladado a un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) por presunta tortura.

Sin embargo, a su paso por Monterrey, Nuevo León, como parte de la caravana por la dignidad Justicia para Chihuahua, Corral Jurado desmintió esa información y advirtió que se trata de una treta que el gobierno federal orquestó para poner en libertad condicional a Gutiérrez Gutiérrez.

“Desde Monterrey advierto de la treta que el Gobierno Federal @PGR_mx ha puesto en marcha para tratar de poner en libertad condicional a Alejandro Gutiérrez Gtx. 1.-Cambiarlo a un penal federal, para tenerlo bajo su control; 2.- Luego atraer el caso ‘por tortura’, con nueva fiscalía”, escribió el gobernador en su cuenta de Twitter.

Y es que los abogados de Gutiérrez Gutiérrez dieron por hecho ante los medios de comunicación que su defendido sería trasladado a otro penal, por orden de la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que supuestamente se acreditó la tortura.

Previamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares para el exsecretario del PRI, pero asentó que no se había acreditado la tortura.

El gobierno federal se cuelga de solicitud estatal

El gobierno federal exhibió en medios nacionales el documento FEEPyMJ/014/2018, con fecha 26 de enero –firmado por el responsable de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en Chihuahua, Jesús David Flores Carrete–, dirigido a Rogelio Miguel Figueroa Vázquez, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, para pedir el traslado de Alejandro Gutiérrez al Cefereso 9 ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En él justifica que el detenido tiene un índice de estado peligroso alto y solicita su traslado basado en el artículo 52 fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

El funcionario estatal explica que Alejandro Gutiérrez ingresó al Cereso número 1 de Aquiles Serdán el pasado 20 de diciembre por el delito de peculado, y se encuentra vinculado a proceso por las causas penales 780/2017 y 4094/2017.

“(…) la persona cuenta con un índice de estado peligroso alto (destacado con negritas), si bien presenta una adecuada relación con las figuras de autoridad, esto lo realiza en base a su propio beneficio, debido a que en ocasiones es renuente a seguir indicaciones con las que no se encuentra de acuerdo, presenta habilidades sociales de comunicación, manipulación, encanto superficial y facilidad de palabra, además del poder adquisitivo y alto nivel socio cultural con el que cuenta, situándolo con características de líder, sumando el alto egocentrismo e indiferencia afectiva, al carecer de empatía en quienes no reconoce dentro de su círculo cercano, llevando con ello que su expansión criminológica sea de tipo contaminante al momento de relacionarse con los demás”.

Gutiérrez, añade, tiene una alta capacidad de planeación y organización, es explotador, cuenta con gran habilidad para influir en terceros, y es calculador y perspicaz.

Según la solicitud exhibida en medios nacionales por el gobierno federal, el priista tiene características que lo hacen propenso a presentar una alta capacidad criminal, y los especialistas lo ubican en una categoría de autor intelectual de alto riesgo.

Alejandro Gutiérrez, precisa, tiene un alto poder adquisitivo y por lo tanto representa otro alto riesgo institucional porque puede manipular a población penitenciaria, situación que pone en riesgo la seguridad y gobernabilidad del Cereso número 1.

Pero al conocer la declaración del abogado de Alejandro Gutiérrez, Corral ordenó detener cualquier trámite de traslado porque, aseguró, se trataba de “una treta del gobierno federal”.

FGE vs PGR

Este martes la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo un recuento de lo sucedido a partir del miércoles 24, cuando el gobernador de Chihuahua se reunió con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y éste le planteó al panista que autorizaran el cambio de Alejandro Gutiérrez a otro reclusorio.

“En todo momento el gobierno del estado sostuvo que los señalamientos de tortura expresados por la defensa del imputado son falsos, y reclamó que la investigación de la Procuraduría General de la República se encontraba viciada al carecer de competencia en un asunto estrictamente del fuero común.

“Con el objeto de dar certeza, se acordó realizar el trámite a la solicitud del secretario de Gobernación, por lo que el pasado viernes 26 de enero de 2018 se hizo la petición formal a través del fiscal de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Jesús David Flores Carrete, lo que debería ocurrir siempre y cuando la PGR declinara, conforme a la Ley, la investigación a la Fiscalía General del Estado para que se pudiera resolver en estricto apego a derecho”, sostuvo la FGE.

Corral pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto que dejaran de frenar el avance de las investigaciones que realiza Chihuahua en materia de corrupción y que no se utilice a la Procuraduría General de la República (PGR) como instrumento para ejercer la facultad de atracción sobre hechos más allá de la investigación de un delito electoral federal.

Sin embargo, la PGR no resolvió lo acordado en relación con la declinación de la carpeta que integra por el supuesto caso de tortura y de la que no tiene competencia legal, tampoco dio garantías de que dejaría de intentar impedir el derecho del estado de Chihuahua para seguir investigando los hechos de corrupción.

“Más grave aún, la defensa evidenció el uso de las instituciones federales al anunciar ante los medios, como un hecho, el traslado (de Gutiérrez) y atribuyendo eso a una orden de la PGR por estar acreditada la tortura, disponiendo de información de la que no debía tener acceso en ese momento y orquestando un nuevo golpeteo mediático en contra del gobierno del estado y de las acciones en contra de la corrupción”, resaltó la FGE.

Ante la falta de voluntad para avanzar en los acuerdos tomados por Corral y Navarrete, el sábado 27 el gobernador de Chihuahua pidió detener el traslado de Gutiérrez por la falta de garantías de la federación en el cumplimiento de los temas “que con apego a la ley se había comprometido”.

“En tales circunstancias, se deja en manos de los jueces esa eventual posibilidad”, abundó.

Para el gobernador, la federación evidenció su intención de no conducirse con apego a la verdad, y la FGE denunció una serie de falsas acusaciones vertidas por la defensa de Gutiérrez y los señalamientos de otros imputados por supuesto casos de extorsión, que se suman a la estrategia mediática de la federación y a la falta de voluntad de la PGR para concretar la solicitud de extradición de César Duarte con las diez órdenes de aprehensión.

También, su interés de responder a la voluntad de la defensa del imputado Alejandro Gutiérrez y a las acciones para obstruir el avance de las investigaciones en contra de la corrupción.

“Tras el escrito que presentó el abogado defensor, José Javier López García, ante la CNDH, en el que solicita realizar una investigación por supuestas amenazas de muerte en agravio de su representado, esta Fiscalía refuta tal acusación”, apuntó la FGE.

Y el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, declaró: “No existe evidencia alguna de malos tratos o intimidación. Sin embargo, hago extensiva la invitación a organismos protectores de derechos humanos del estado y del país, así como de la sociedad civil, para que constaten la integridad física del imputado en mención.

“Reitero que el detenido se encuentra en un área en donde se garantiza la seguridad personal, ya que ni antes, ni después, ni durante el proceso de investigación o de vinculación a proceso, se han llevado a cabo actos de esta naturaleza.

“Hacemos votos para que la defensa se conduzca con probidad y se retire de prácticas que solo exhiben y denigran la labor de los abogados”, concluyó.

Los otros dos acusados denuncian extorsión

El exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de César Duarte, Gerardo Villegas Madriles, y el exdirector de Adquisiciones, Antonio Enrique Traín, denunciaron ayer ante la PGR que fueron extorsionados por la Consejería Jurídica con 90 millones de pesos.

“Es sorprendente los niveles de degradación que tienen, en su afán de exculparse de las investigaciones. Son capaces de inventar cualquier cosa”, respondió el consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Maclovio Murillo Chávez.

De acuerdo con el funcionario estatal, el gobierno federal trae una estrategia para desprestigiar las investigaciones y establecer una serie de argumentos, “malos por cierto”, para decir que fueron torturados.

“Los dos están bajo prisión preventiva (Villegas y Tarín) y ya llevan varios meses. Nunca habían denunciado tortura, hasta ahora que el abogado de Alejandro denunció tortura. Es falso, están bajo la figura de prisión preventiva y ellos mismos han impugnado a través de juicios de amparo y hasta ahora no la han logrado echar abajo, entonces, ahora que el abogado de Alejandro Gutiérrez denunció, ellos también lo hicieron. Todo indica que está articulando la defensa de quienes están bajo prisión preventiva, de casi todos”, aseguró Murillo.

Sobre la presunta extorsión, dijo que es “rotundamente falso” y destacó una serie de contradicciones.

“Primero dijeron que se les pide dinero para no agregarles más cargos, pero también para declarar contra César Duarte. Es un contra sentido, porque por una parte dicen que la petición es para ayudarles a ellos y por otro para que declaren en contra de Duarte. Al declarar tendrían que auto inculparse. Son asuntos que están íntimamente vinculados entre sí. Las personas que han intervenido en las investigaciones tienen claro que no se puede combatir la corrupción con más corrupción. Aquí la Operación Justicia para Chihuahua se realiza para combatir frontalmente la corrupción, y por primera vez en historia del país, las investigaciones están llegando a los altos niveles de la cúpula priista”, abundó.

Maclovio Murillo refirió que Gerardo Villegas y Antonio Tarín tienen abiertas muchas carpetas de investigación por su probable participación en el desvío de recursos de otras dependencias.

“Ellos, de acuerdo con el organigrama de la organización delictiva que formaron alternamente a la jerarquía oficial, participaban casi en la mayoría de los casos de corrupción porque ahí se manejaban, en los puestos que tenían, los recursos públicos. Ellos tienen muchísima información, pero mucha responsabilidad en todo lo que ocurrió. Además de estar en puestos claves, tenían una fuerte relación con el exgobernador, una fuerte relación que les generaba un vínculo incluso de parentesco y amistad muy fuerte, que les daba mucha confianza para actuar.

“Ellos son pieza clave en las investigaciones y obviamente que son de los que más responsabilidades generaron, y ahí se tiene mucho que investigar (…) Ni todo el dinero del mundo va a poner un freno al éxito de Operación Justicia para Chihuahua, se va a investigar todo lo que se pueda hasta donde alcancen las capacidades del estado. Todos los actos en los que intervinieron ellos y los demás serán materia de investigación, y en su momento materia de un juicio. Va en serio, y va a tocar los altos niveles que deban tocarse, tope donde tope”, sostuvo.

El consejero jurídico expresó que el gobierno federal está molesto por la investigación, cuando debería ser el apoyo para que el estado de Chihuahua investigue ese tipo de delitos de corrupción política, porque a nivel nacional es el cáncer más grave que tiene sumido al país en la pobreza, violencia, inseguridad e impunidad.

“La corrupción es el principio de muchos otros males; el gobierno federal debería colaborar, debería estar agradecido con Chihuahua por investigar ese tipo de delitos, pero sólo hemos visto una reacción en contra. Pareciera que quisieran que no se investigue, sólo porque están vinculados personajes que pertenecen al partido político que actualmente está gobernando. Aún están a tiempo de rectificar”, remató.

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