Peña, Meade y la corrupción

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Empiezo con una nota de leve optimismo. Cualquiera de los tres candidatos a la Presidencia que resulte ganador será, si no mejor, menos malo que el actual. Esa es la mínima esperanza de un pueblo estoico, acostumbrado a ir de mal en peor en los ciclos sexenales. Hoy, el nivel de rechazo ciudadano al gobierno de Enrique Peña Nieto es el más alto de los últimos 20 años, 73% de desaprobación (Mitofsky, 23/IX/17). Ese es el principal y pesado fardo que carga José Antonio Meade. ¿Querrá y podrá deshacerse de él?

Con ese nivel de desprestigio del mandatario y su partido es lógico que el candidato del PRI se haya estancado en el tercer lugar en las encuestas y que le será muy difícil superar ese sitio. No obstante, tanto el presidente como su elegido están haciendo lo posible para lograr el triunfo. Cada uno a su manera y en su ámbito de acción. No es claro si se trata de una misma estrategia o si ya empiezan a surgir diferencias entre ellos. Veo tres escenarios posibles:

Que, gane o pierda, Meade mantendrá una lealtad incondicional a Peña Nieto.

Las diferencias entre el presidente y su candidato ocasionarán la eliminación de Meade, como sucedió con Luis Donaldo Colosio, aunque no necesariamente de manera violenta.

De resultar vencedor habría una ruptura entre ambos, similar a la que ocurrió entre Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.

El viraje radical de la campaña de Meade –que pasó del ataque frontal contra Andrés Manuel López Obrador al tono conciliador y respetuoso con sus adversarios– revela diferencias profundas del candidato con quienes quisieron imponer la táctica de la confrontación, para lo cual nombraron a Javier Lozano como vocero. El cambio de estrategia se produjo ante los crecientes rumores de que Meade sería sustituido por Aurelio Nuño. Además, el candidato se ha rodeado cada vez más de sus colaboradores de mayor confianza.

Mientras tanto, Peña Nieto sigue empeñado en demostrar lo que le prometió a la cúpula empresarial –“Si algo sé es ganar elecciones”– y para ello ha realizado cambios en su gabinete, colocando en puestos clave a cómplices incondicionales con trayectorias que acreditan vasta experiencia en chanchullos impunes.

En la Sedesol –donde se opera el uso político de programas sociales y otros recursos federales destinados a la compra y coacción del voto, principalmente en los estados gobernados por el PRI y en comunidades con altos índices de pobreza– se nombró a Eviel Pérez Magaña, cuyo “historial en el PRI está marcado por actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y oportunismo (Proceso 2150). El nuevo secretario de Desarrollo Social compensa su falta de experiencia en la materia con una sólida trayectoria en fraudes electorales mediante el desvío de recursos públicos, que tantas victorias le ha dado al tricolor.  Luis Vega Aguilar sigue como secretario de Finanzas del PRI para garantizar la triangulación del dinero.

El nuevo titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien en 2006 renunció como procurador de Justicia del Estado de México tras haber exonerado a Arturo Montiel –“Yo respondo por él”, declaró entonces–, nombró como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a Alberto Bazbaz, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto. En 2010 renunció a ese cargo tras el penoso caso de la muerte de la niña Paulette Gebara Farah. A pesar del desaguisado que puso en ridículo a la procuración de justicia y al gobierno mexiquenses, en 2013 Bazbaz fue designado director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda.

Como casi siempre ha ocurrido con el Cisen, la función central de Bazbaz será servir de espía al gobierno de Peña Nieto, haciendo un uso indebido de la función pública al convertir a una institución de Estado en oficina al servicio de los intereses aviesos del gobierno en turno.

El deficiente desempeño de Bazbaz al frente de la UIF se expone en el Informe de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, 2018), dado a conocer el pasado 3 de enero. En dicho documento se confirma la ineficacia y permisividad de la UIF para que el dinero sucio generado por el crimen organizado, el fraude fiscal y otros delitos financieros fluyan con total impunidad. De ello son corresponsables Luis Videgaray y José Antonio Meade.

Las conclusiones del informe son contundentes. A causa de la corrupción, el combate al lavado de dinero no se investiga ni se procesa de manera sistemática y proactiva; el número de sentencias es mínimo. Y algo crucial: el Sistema Nacional Anticorrupción es un avance legal, pero para que realmente haya un cambio que haga efectivo el combate a la corrupción y el lavado de dinero es indispensable que su implementación sea eficaz. Eso es lo que el gobierno de Peña Nieto y sus secretarios de Hacienda no han podido, ni querido, hacer.

En ese contexto, Meade presentó un paquete de iniciativas en materia de combate a la corrupción, compuesta de tres elementos centrales: 1) Extinción de dominio. Confiscar el dinero, bienes y propiedades a funcionarios corruptos, así como a la delincuencia organizada. 2) Destinar los recursos recuperados a un fondo de becas para apoyar a niños y mujeres. 3) Declaración patrimonial obligatoria para funcionarios y legisladores.

La propuesta carece de credibilidad porque proviene de quien fue miembro de un gobierno percibido como paradigma de corrupción e impunidad. En tanto no haya un deslinde del presidente que lo designó –algo casi imposible– la oferta de Meade quedará en el limbo de la ambigüedad. Lo mismo que la del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. ¿Cómo creerles a quienes pretenden erigirse en paladines del combate a la corrupción si –explícita o implícitamente– ofrecen amnistía a los corruptos y practican la opacidad? Hasta ahora, ningún candidato ha hecho propuestas sólidas y verosímiles sobre el tema. Debemos exigírselas.

Este análisis se publicó el 28 de enero de 2018 en la edición 2152 de la revista Proceso.

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