Padre de Marco Antonio y OSC exigen investigar el caso como “desaparición forzada”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A más de una semana del caso del estudiante Marco Antonio Sánchez Flores, defensores de derechos humanos exigieron a los gobiernos capitalino y mexiquense a investigarlo como desaparición forzada y esclarecer las causas que deterioraron su salud física y mental durante los días en que no se supo de su paradero.

En conferencia en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Marco Antonio Sánchez, padre del estudiante de la Preparatoria número 8 de la UNAM, detenido por policías capitalinos y desaparecido durante cinco días hasta ser hallado en condiciones vulnerables en el Estado de México, aseguró:

“Hubo una serie de irregularidades, por eso nosotros solicitamos que se investigue. Esa investigación nos va a dar la peripecia que pasó mi hijo”.

Personal del Instituto de Justicia Procesal Penal comentó que aun con el informe médico y el diagnóstico que las autoridades entreguen a la familia del joven, éstas deben aclarar lo que le ocurrió a Marco Antonio para llegar a la situación de salud en la que se encuentra actualmente.

“Él estaba en condiciones ordinarias cuando se le detuvo y hoy en día presenta afectaciones en su integridad personal. Y eso es lo que tiene que aclarar la autoridad”, agregó.

Más tarde, en un comunicado firmado por Lydia Cacho, Luis González Plascencia, José Antonio Guevara y José María Yazpick, reiteraron “la exigencia de que la investigación se enfoque en la desaparición forzada, con base en los mejores estándares aplicables, con criterios de independencia, transparencia y razonabilidad”.

Además, sugirieron que, tras la detención, el pasado 23 de enero, el joven de 17 años pudo ser víctima de “tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes” a manos de policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina adscritos a Azcapotzalco.

“Quizá los gobiernos encabezados por Miguel Ángel Mancera y Alfredo del Mazo y sus funcionarios consideren que el haberlo localizado, presentado con vida y entregado a su familia es suficiente para resolver satisfactoriamente lo sucedido, (pero) ¡Estamos muy lejos de eso!”, dijeron.

Enseguida, demandaron que se “garanticen integralmente los derechos humanos de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, incluido el derecho de acceso a la justicia y al debido proceso legal, tanto para que se desahoguen todas las líneas de investigación posibles como para que se respete y proteja la seguridad personal e integridad moral de Marco Antonio y su familia”

Los firmantes recordaron a las autoridades sus responsabilidades sobre la garantía de protección de la privacidad, de los datos personales, la imagen y la honra de Marco Antonio y su familia, “exigiéndoles expresamente que dejen de filtrar información protegida por la ley”.

Por último, reiteraron que el derecho a la justicia “tiene como meta crucial, de acuerdo con las normas internacionales y nacionales, el derecho a saber, lo cual exige una investigación rigurosa, suficiente para esclarecer los hechos, identificar a quienes los abrían perpetrado y sancionar penalmente a las o los responsables, a través de un juicio justo”.

De esto, concluyeron, depende el que las víctimas en este caso accedan a otro requisito nodal de la justicia: el resarcimiento del daño.

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