MÉRIDA, Yuc. (proceso.com.mx).- El exombudsman y actual vicefiscal Anticorrupción, José Enrique Goff Ailloud, fue emplazado por un juez federal para acudir, “si así le conviene”, como tercer interesado en un caso de falsificación de firmas y alteración de un documento en un expediente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).             Hasta noviembre pasado, cuando se le designó vicefiscal Anticorrupción, Goff Ailloud fungía como presidente de la Codhey, cargo en el que permaneció dos años. Antes se desempeñó en ese organismo como secretario ejecutivo, en el periodo en que Jorge Victoria Maldonado ocupó la presidencia.             Por este asunto, también fueron emplazados Victoria Maldonado, quien fungía como ombudsman cuando se cometió el ilícito, así como los visitadores Edwin Alejandro Arcila Cordero, Ileana de Lourdes Braga Lope y Miguel Oscar Sabido Santana. Sabido Santana quedó como encargado de la Codhey a partir de la renuncia de Goff Ailloud, en tanto se designa al nuevo titular del organismo. El Equipo Indignación, una asociación civil dedicada a la defensa de los derechos humanos, dio a conocer lo anterior y explicó que “el fraudulento cierre del expediente se dio en un caso grave en el que la negación del servicio médico derivó en la muerte de un migrante y la desatención y falta de medicamentos para personas con VIH/Sida puso en riesgo la vida de más de dos mil personas en Yucatán”.             En un comunicado, la agrupación destacó que eran dos casos “que de manera forzada e indebida la Codhey reunió en un solo expediente para concluirlo de manera fraudulenta en una acción que pareció proteger al gobierno de Rolando Zapata Bello”.             Resaltó que “si bien a raíz de la denuncia, la Codhey reabrió el expediente y emitió la recomendación 17/2016 dirigida al secretario de Salud, Jorge Eduardo Mendoza Mézquita, la alteración de documentos y la falsificación de firmas siguió impune”.             Recordó que el caso llegó a un juzgado federal por la vía del amparo por inacción del ministerio público ante la denuncia interpuesta por las asociaciones civiles Oasis de San Juan de Dios, que atiende a personas enfermas de Sida, y el Equipo Indignación desde agosto de 2015. “La firma de Carlos Méndez Benavides, director del Oasis de San Juan de Dios, fue falsificada para cerrar un expediente justo cuando estaba por concluir la gestión de Jorge Victoria Maldonado al frente de la Codhey”, señaló.             Expuso que, además de la firma de Carlos Méndez, también se había falsificado la firma de Eva Pool, quien fuera voluntaria del albergue, en un acta de conclusión del expediente, fechada el 7 de mayo de 2015, pero “doña Eva falleció el 10 de enero de ese año”.             Denunció que a pesar de que una prueba pericial confirmó la alteración del documento y la falsificación de firmas, “el ministerio público ha omitido continuar con las investigaciones, concluir y consignar el expediente”.             Informaron que el amparo procedió y, además de emplazar a las personas señaladas, se fijó fecha para celebrar la audiencia constitucional el próximo 21 de febrero de 2018.             “En su momento, el equipo Indignación y Oasis de San Juan de Dios enviamos un extrañamiento a las y los consejeros de la Codhey por este caso”, dijo.             Y añadió que así mismo, el Equipo Indignación ha señalado con insistencia “las deficiencias en la labor de la Codhey, complaciente con el gobierno de Rolando Zapata, lo cual reiteramos cuando se propuso al ombudsman como Vicefiscal Anticorrupción”. “Señalamos que ambos, gobernador y ombudsman, uno al proponer y otro al aceptar, mostraron poco respeto al cargo del Defensor del Pueblo, como si fuera un funcionario disponible para cualquier encomienda”, reprocharon, y recordó que actualmente la Codhey continúa acéfala.