CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La representación legal de la familia de Marco Antonio Sánchez Flores interpondrá una denuncia contra la Procuraduría General de Justicia local (PGJ-CDMX) ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en materia de Amparo Penal, por la presunta violación a la suspensión judicial de amparo 66/2018, que impedía la difusión de información de la carpeta de investigación del caso del estudiante. En entrevista con Apro, Simón Hernández, abogado del Instituto para la Justicia Penal Procesal (IJPP) -una de las tres organizaciones pro derechos humanos que representan la defensa del menor- adelantó que esta tarde presentarán la denuncia, luego de que ayer el procurador, Edmundo Garrido, dio a conocer a los medios de comunicación una serie de videos editados en los que supuestamente aparece el joven de 17 años en los días en que permaneció desaparecido. Durante la conferencia de prensa, el funcionario presentó información que guarda la carpeta de investigación, pese a que existe una resolución del pasado 2 de febrero pedía a las autoridades locales abstenerse de difundir información sensible y datos que hagan reconocible a Marco Antonio. Ante ello, Hernández León manifestó que para la defensa se trata de un “asunto muy grave” que debería ser castigado, pues "la resolución era muy clara". Sin embargo, comentó que el análisis del caso lo deberá realizar el juez. “Esta temática es muy sensible, aquí hablamos de un acto consumado porque la indicación era muy clara: la restricción a que no se siguiera difundiendo información de su nombre o de su imagen en los medios de comunicación, ya que ellos (la PGJ-CDMX) tienen el resguardo de esa información. El haber presentado estos videos claramente evidencia un desacato que tendrá que ser valorado por el juzgado. Son ellos los que determinarán si hay lugar a un tema de responsabilidad”, explicó el litigante. Ni familia ni defensa han visto los videos El abogado también reiteró que la totalidad de los videos no fue presentada a los padres de Marco Antonio el sábado 3 de febrero y que ni siquiera la defensa que lleva la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y el IJPP han tenido acceso a los materiales sin editar, a pesar de que ya los solicitaron. “Nosotros no tenemos ningún elemento para validar la veracidad de estos videos, si corresponden o no a la fecha que la Procuraduría menciona, porque no se le han proporcionado a la familia (ni a la defensa), a pesar de que ya se solicitó. Además, es cuestionable que los videos surjan casi dos semanas después, cuando en las horas iniciales la propia Fiscalía y el Metrobús decían que no había videos del C4 ni de la estación”, argumentó. A decir de la defensa, “esto genera desconfianza hacia el surgimiento de estos videos porque no tenemos ningún elemento técnico de valoración”. De hecho, subrayó que los padres del estudiante de la Preparatoria número 8 de la UNAM rechazaron que su hijo sea el que aparece en los videos presentados, pues argumentaron que no es su complexión ni su forma de caminar. Finalmente, respecto a la parte médica de la víctima, el abogado Simón Hernández aseguró que los padres de Marco Antonio han tenido comunicación constante con los directivos del Instituto Nacional de Pediatría, donde es valorado el joven hasta la fecha. No obstante, aclaró que el informe sobre su estado de salud no ha sido aún entregado. Según la defensa de la familia Sánchez Flores, de ser demostrable que la PGJ-CDMX violó el amparo en cuestión, el artículo 162 de la Ley de Amparo fracción tercera señala que quien no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión y una multa de 150 a 500 días de salario mínimo.