CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A más 40 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres y madres de las víctimas, junto con sus representantes, se reunieron con funcionarios federales e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para dar seguimiento a las investigaciones del caso. El ministro Luis María Aguilar Morales, presidente del CJF, garantizó a los familiares de los estudiantes que los jueces involucrados en el asunto actuarán “de manera valiente e independiente frente a cualquier presión”. Además de Aguilar Morales, en el encuentro estuvieron presentes los ministros Alfonso Pérez Daza, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez y Jorge Antonio Cruz Ramos. En un comunicado, el órgano colegiado destacó que escucharon la situación que guardan las causas penales y un amparo promovido por los familiares de los normalistas. Aguilar Morales reconoció que los padres y madres de los jóvenes desaparecidos “tienen derecho a recibir justicia, y los integrantes del CJF, prometió, estarán pendientes de que ello ocurra. De acuerdo con la comunicación oficial, el ministro presidente explicó a los familiares de las víctimas y a sus representantes que el Consejo de la Judicatura no puede “decirles a los juzgadores cómo resolver, porque eso también es vulnerar su independencia, pero el CJF garantizará en todo momento el que no estén sujetos a presiones”. Asimismo, insistió que “los juzgadores y su actuación garantizarán que la Constitución se cumpla y que los ciudadanos reciban una justicia federa oportuna y transparente”. En entrevista con Apro, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, explicó que durante el encuentro con los magistrados expusieron al menos tres preocupaciones fundamentales que competen a juzgados federales, y los ministros se comprometieron a reunirse en un mes “para que nos digan qué es lo que pudieron averiguar sobre lo que está ocurriendo con los jueces”. Los padres y representantes se refirieron en primer término a las causas penales existentes por el caso de la desaparición de los 43 normalistas, clasificado como secuestro, por lo que pidieron la intervención de peritos del CJF para que se aplique el Protocolo de Estambul a los procesados que acusaron tortura, y se agilice la revisión de los expedientes radicados en Tamaulipas. “La preocupación principal es que se vaya a emitir una resolución apresurada que no tome en cuenta todas las irregularidades en que incurrieron las autoridades en el procesamiento de los hechos en el río San Juan, la manipulación de las pruebas y la escena del crimen, así como la tortura a varios de los detenidos, para edificar una tesis que ha querido ser presentada como conclusión; si la resolución no considera lo anterior será grave”, comentó Rosales Sierra. Añadió que en las nuevas consignaciones contra policías municipales de Huitzuco y la emisión de órdenes de aprehensión contra elementos federales, al parecer “hay una intención deliberada del Poder Judicial de no querer entrarle, de darle la vuelta, y utilizar rutas y caminos legales para evadir los casos”. En cuanto a los agentes municipales, dos juzgados “se están aventando la bolita, de manera que hay un conflicto de competencia; en cuanto a lo de los policías federales, no hay una resolución”, sostuvo el abogado. Tampoco hay avances en el caso del amparo interpuesto en contra de la resolución de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) por las irregularidades cometidas por el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, apuntó. “Hay una manifiesta dilación en el amparo que interpusimos por la exoneración de Tomás Zerón de Lucio; de manera indebida, nosotros creemos, el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa suspendió un procedimiento ante una queja que promovió la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO)”, explicó. Luego de señalar que para los padres y madres resultó de gran relevancia el encuentro con los integrantes del CJF, porque pocos familiares de víctimas tienen ese acercamiento, Vidulfo Rosales manifestó que como otro objetivo central se solicitó a los ministros que admitieran encuentros con el Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa. “El presidente de la SCJN nos comentó que en su momento se reunió con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por ello consideramos que es importante que se materialicen encuentros, solicitud que también hemos hecho a los integrantes del Mecanismo”, puntualizó el abogado. En el contexto de la quinta visita oficial del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa, realizada los días 6 y 7 de febrero, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), además de la PGR, informaron sobre avances en las investigaciones en lo que respecta a “la emisión de posibles órdenes de aprehensión adicionales” y la atención integral a las víctimas. En un comunicado conjunto, las dependencias destacaron que funcionarios de la PGR “aportaron información actualizada sobre el seguimiento de un cronograma de 11 puntos que fue acordado en su momento con la CIDH y los familiares”, en tanto que el proyecto de atención integral responde a “un estudio de impacto psicosocial que fue elaborado en conjunto entre sus representantes y autoridades del gobierno”. También anunciaron que durante el 167º periodo de sesiones de la CIDH, que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia, del 22 de febrero al 2 de marzo, se realizará una audiencia pública para dar seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por ese órgano para atender el caso Ayotzinapa. Según el texto de la Segob, SRE y PGR, el gobierno de la República reiteró su “determinación de continuar fortaleciendo la cooperación con la CIDH y con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y sus representantes, a fin de poder atender las cuestiones pendientes, deslindar responsabilidades y, sobre todo, conocer la verdad y atender la legítima demanda de justicia de las víctimas y de la sociedad mexicana”. Consideraron que con la quinta visita oficial del Mecanismo de Seguimiento se reafirma el compromiso del gobierno mexicano de atender el caso y “continuar agotando todos los medios a su alcance en materia de investigaciones, búsqueda y atención a las víctimas y sus familiares”.