La Corte Penal Internacional examina presuntos crímenes del gobierno de Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro se reforzó hoy, con el anuncio de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) relativo a la apertura de un examen preliminar sobre los presuntos crímenes que perpetró el Estado venezolano durante las manifestaciones del año pasado.

La ONU precisó que un examen preliminar no es una investigación, sino una revisión de la información disponible para determinar si existe un fundamento razonable para proceder a una investigación.

“Se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención”, recordó la fiscal Fatou Bensouda, originaria de Gambia.

“También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, añadió.

La organización Human Rights Watch (HRW), con sede principal en Washington, aplaudió el anuncio de la fiscal, al considerar que “incrementa la presión sobre las autoridades venezolanas para que paren las violaciones a los derechos humanos y remitan los responsables a la justicia”.

La organización sostuvo que en 2014 y 2017 “las fuerzas de seguridad venezolanas perpetraron abusos sistemáticos contra las críticas, incluyendo la tortura”.

En paralelo, el Departamento de Estado del gobierno de Donald Trump repudió la decisión del Consejo Nacional Electoral del país sudamericano de adelantar al 22 de abril las elecciones presidenciales “sin garantías de asegurar comicios libres, justos e internacionalmente validados”.

“Es desafortunado que el régimen de Maduro no sea lo suficientemente valioso para realizar las elecciones en igualdades de condiciones”, planteó la administración estadunidense.

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