CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos meses antes de las elecciones presidenciales en Honduras –seguidas por una violenta represión de las manifestaciones que repudiaban el presunto fraude–, el gobierno británico vendió tecnología espía al gobierno del país centroamericano, la cual puede utilizarse para intervenir celulares y servicios de mensajería, reveló hoy el periódico The Guardian. Según el rotativo, en septiembre pasado Londres vendió material de intercepción de telecomunicaciones al gobierno de Juan Orlando Hernández, pese a su negro historial en materia de violaciones a los derechos humanos, de tortura y de asesinatos contra activistas, así como de corrupción. The Guardian recordó que la Ley de Control de Exportaciones británica promulgada en 2008 prohíbe la venta de armas a los gobiernos de países donde existe un riesgo claro de que serán utilizadas para reprimir a su pueblo y que, pese a ello, exportó material de espionaje a gobiernos autoritarios como Arabia Saudita, Bahrein, Turquía, Egipto “y ahora Honduras”. A raíz de las elecciones celebradas el pasado 26 de noviembre -marcadas por graves irregularidades-, Orlando consiguió su reelección y se negó a repetir los comicios, como le urgió Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Los gobiernos de Israel, Estados Unidos y México estuvieron entre los primeros en reconocer su triunfo, un gesto que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no pudo justificar con claridad. Durante las semanas que siguieron a las elecciones, las manifestaciones se multiplicaron en varias ciudades hondureñas. El gobierno las reprimió con violencia e impuso un toque de queda. Por lo menos 40 personas fueron asesinadas y alrededor de dos mil fueron detenidas, según el Comité para las Familias de Detenidos y Desaparecidos en Honduras. Amnistía Internacional condenó las “tácticas peligrosas e ilegales” desplegadas por el gobierno de Orlando para acallar y disuadir las voces críticas y documentó una “plétora de violaciones a los derechos humanos contra los manifestantes y otras personas”. Tanto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron la represión y llamaron al gobierno hondureño a “abstenerse del ejercicio excesivo e injustificado de la fuerza contra la población indefensa”. Desde el Golpe de Estado perpetrado contra el expresidente Manuel Zelaya en 2009 –con el pretexto de que éste pretendía reelegirse, lo que hizo Orlando este año–, el pequeño país centroamericano está hundido en una grave crisis de derechos humanos marcada por la violencia, la pobreza y la corrupción. De acuerdo con la CIDH, Honduras es “uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos”. En sus informes, las organizaciones internacionales señalan año tras año los “gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones a derechos humanos”, según Human Rights Watch. Todavía ayer, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos señaló que el pasado 8 de septiembre, 12 defensores hondureños fueron torturados por su participación en el movimiento estudiantil. Además, el pequeño país centroamericano está flagelado por la corrupción y el enriquecimiento de sus élites. Honduras tiene la mayor tasa de desigualdad de toda América Latina y 64.5% de su población vive en la pobreza. Las autoridades hondureñas, junto con la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) -un órgano mandatado por la OEA-, investigan una red de corrupción en la que están involucrados 140 diputados, quienes supuestamente recibieron fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales. El pasado 18 de enero, el congreso trató de congelar la investigación a través de una maniobra “burda y grosera” –según Juan Jiménez Mayor, titular de la Maccih– que consistió en otorgarse a sí mismo el poder de ejecutar fondos públicos a través de ONG, y ello a través de una ley retroactiva. De aprobarse, esta legislación hubiera exonerado a los diputados de cualquier culpa en los desvíos de dinero. Sin embargo, la Maccih la denunció públicamente –con el respaldo de Almagro y de la ONU–, con lo que el Congreso tuvo que dar marcha atrás. El expresidente Francisco Lobo, quien tomó las riendas del país un año después del golpe de Estado, está indirectamente vinculado con un caso de corrupción que involucra a integrantes de la élite política hondureña con el Cártel de Sinaloa: una corte de Manhattan condenó a su hijo a una sentencia de 24 años de cárcel por participar en una vasta operación de tráfico de cocaína con la organización mexicana.