CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) alertó que la Ley de Seguridad Interior (LSI) constituirá un obstáculo más para la debida implementación del Sistema de Justicia Penal e impedirá el ejercicio del derecho de acceso a la justicia en México. En un comunicado destacó que frente al proceso de militarización por el que atraviesa el país, reforzado formalmente con la aprobación de la LSI, el Estado incumple con su deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de su población. La Ley de Seguridad Interior, subrayó, pone en riesgo la debida implementación del Sistema de Justicia Penal al trastocar uno de sus principios, el de contradicción --establecido en el artículo 20 de la Constitución mexicana--, y al impedir el cumplimiento de los objetivos del proceso: el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, el combate a la impunidad y la reparación del daño. Destacó que, de acuerdo con la LSI, las personas que sean señaladas como responsables en la participación de un delito en el contexto de una acción de seguridad interior no podrán allegarse de toda la información necesaria para su defensa, pues ésta será considerada de Seguridad Nacional (art. 9, de la LSI). Por el contrario, las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas podrán allegarse de toda la información que requieran, incluidos datos personales que se encuentren en manos de autoridades federales y de órganos autónomos (Capítulo cuarto, LSI). Esta situación implica una grave desigualdad procesal, puntualizó. Por otro lado, sostuvo, el artículo 9 de la LSI impide el esclarecimiento de los hechos y es contrario al principio de máxima publicidad establecido en el artículo 6 de la Constitución. Con relación al objetivo de la protección del inocente, la Ley presenta graves ambigüedades en cuanto a la definición de términos como seguridad interior, amenaza y, especialmente, riesgo a la seguridad interior. Además, de manera grave omite mencionar qué acciones deberán considerarse de seguridad interior. Estas omisiones representan una grave violación al derecho a la certeza jurídica, previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, puntualizó la organización no gubernamental que trabaja en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, agregó, la LSI rebasa las funciones relacionadas con la facultad de perseguir e investigar delitos que constitucionalmente están conferidas a otras instituciones. Entre otros puntos, Asilegal manifestó que el uso desmedido de la fuerza por parte del Ejército en materia de seguridad ha redundado en un grave incremento en el número de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura y de desaparición forzada. Y precisó que de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en los dos últimos sexenios han dirigido 125 recomendaciones en las que están implicadas 454 víctimas. A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mencionado que cuando las violaciones a derechos humanos son cometidas por integrantes de las fuerzas armadas se demuestra la existencia de la relación entre la impunidad y denegación de justicia en México.