CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que los terrenos sobre los que se construye el Tren Interurbano México-Toluca (TIMT) en Ocoyoacac, Estado de México, son de propiedad federal. “Fueron expropiados en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 1943, que los cedió a la SCT para dar paso al tren”, puntualizó en un comunicado, luego de que pobladores de la localidad marcharon ayer desde la zona de La Marquesa hasta las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos, para denunciar el ecocidio cometido por las autoridades federales. La dependencia precisó que para compensar a quienes aprovechaban los terrenos del derecho de vía de las torres de la CFE, la SCT los indemnizó, según consta en el convenio firmado entre la representación comunal y la Secretaría el 16 de octubre de 2015, previa autorización de la asamblea de comuneros del 9 de octubre del mismo año. Puntualizó que en esa asamblea se otorgó la transmisión de derechos de posesión en una superficie de 172.292.47 metros cuadrados, cadenamientos del 31+497.96 al 34+662.26 del TIMT, franja del D.V. del TIMT. Sobre las indemnizaciones destinadas a la representación de la comunidad conformada por los pueblos de San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepezoyuca, detalló que al primero se le entregaron 223 millones 343 mil 561 pesos y al segundo 69 millones 569 mil 437 pesos. De igual manera, destacó que “son inexistentes los destrozos ambientales y violaciones a los derechos humanos” señalados por los pobladores. De acuerdo con la SCT, la obra cuenta con autorización a nivel federal por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el desarrollo del proyecto, emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) mediante resolutivo SGPA/DGIRA/DG/03773 de fecha 25 de abril de 2014. El proyecto también cuenta con autorización de cambio de uso de suelo emitida por la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (DGGFS) para llevar a cabo la remoción de la vegetación forestal con oficio resolutivo SGPA/DGGFS/712/0117/16 del día 21 de enero del año 2016, añadió. La dependencia sostuvo que la obra en el tramo que involucra la superficie indemnizada a la comunidad presenta un avance de 84%, que corresponde a casi 30 meses de trabajo. “Está acreditado que la obra se ha desarrollado con apego a la normatividad en la materia y se ha llevado sin afectaciones a la comunidad”, apuntó. Respecto de la manifestación de los comuneros, afirmó que es producto de conflictos internos “que son aprovechados por agentes externos y despachos de abogados para obtener beneficios adicionales”.