MONTERREY, NL (apro).- La defensa de un grupo de jóvenes arrestados por delitos graves, tras las protestas por el alza de impuestos estatales y la tarifa de la gasolina –los días 5 y 6 de enero del 2017– reveló que las acusaciones fueron insostenibles, por lo que el Ministerio Público tuvo que variarlas por otros de consecuencias menores. El abogado Gregorio Martínez Rivera, quien asesora a 11 imputados por presuntos ilícitos ocurridos luego de la protesta en la Macroplaza de Monterrey, dijo que, inicialmente, por participar en saqueos a centros comerciales, se les había acusado de robo agravado en pandilla, daño agravado en pandilla y lesiones agravadas, cargos que conllevaban penalidades de hasta 15 años de prisión. Sin embargo, ocho de ellos pudieron salir luego de llegar a arreglos reparatorios que implicaban pagos mínimos que no superaban los mil pesos cada uno. Mientras, otros tres que todavía siguen procesados, han visto disminuidos los delitos por los que eran imputados. Ahora sólo enfrentan responsabilidad por robo simple y uno de ellos, además, por lesiones simples, dijo el letrado. En entrevista, recordó que, en aquella jornada de enero del año pasado, miles de personas se congregaron en la Macroplaza del centro de esta capital para protestar por impuestos que aplicó el gobierno de Jaime Rodríguez –con lo que traicionaba sus promesas de campaña–, así como contra el alza a la gasolina impuesto por el gobierno federal. Aquellos días, decenas de personas arremetieron contra el Palacio de Gobierno de Nuevo León y provocaron destrozos en vitrales históricos y en la puerta del inmueble. Por lo menos unas 60 personas fueron detenidas ahí, de las cuales la mitad ya salió por falta de pruebas y arreglos alternativos. Las demás siguen internadas en el Penal del Topo Chico en espera de sentencia, dijo Martínez. Pero los disturbios que surgieron la noche del 5 de enero en la Macroplaza se extendieron hasta la madrugada del 6 en municipios de la zona metropolitana, recordó. Hubo detenidos por saqueos en el establecimiento comercial Merco, en las calles Mixcoac y Acapulco, en Apodaca. También en ese municipio, en la colonia Pueblo Nuevo, fue vandalizado el establecimiento First Cash. En las avenidas Almazán y Rodrigo Gómez, al norte de Monterrey, Bodega Aurrera fue atacada y saqueada. En este punto fueron detenidos tres hombres identificados como Jesús Armando, Daniel y Juan Francisco. El Ministerio Público de la entidad los imputó ante un juez de control de robo por un millón 634 mil 283 pesos, más daños en el establecimiento por 41 mil pesos. Las acusaciones “A mis defendidos les estaban cargando toda la mercancía que se llevaron más de 20 personas que se metieron al lugar”, señaló el abogado. Agregó que, a Juan Francisco, además, se le había responsabilizado de atacar con una piedra a un policía estatal. Martínez Rivera explicó que, para acreditarles el delito agravado de pandillerismo, los detenidos fueron procesados de a tres, aunque no se conocieran entre ellos. Inicialmente, hasta de terrorismo los habían acusado, porque uno de los carritos para transportar mercancía había sido incendiado, aunque este delito luego fue desechado. Los 11 defendidos fueron internados en la penitenciaría estatal, pero lograron salir a los tres meses para que siguieran su proceso en libertad y pudieran reincorporarse a su trabajo. A tres de ellos, que supuestamente asaltaron Merco, se les dio la libertad por llegar a un arreglo con los representantes del establecimiento, a través de un recurso legal conocido como “medio alternativo de solución”, mediante el cual pagaron una cantidad cercana a los mil pesos. Igual beneficio legal obtuvieron sus otros cinco representados por los ataques al First Cash, quienes ya están libres sin que el caso hubiera llegado a sentencia. Los otros tres, detenidos por los robos a Bodega Aurrerá, enfrentarán el juicio oral el viernes 16 y se les dictará sentencia por robo y lesiones simples, aunque el abogado insistirá en que esos delitos también les sean retirados pues, si bien la madrugada de los hechos, sus clientes sí estaban en el establecimiento, no se comprobó que hubieran intentado sustraer mercancía. Por ello deberían, si acaso, ser procesados por robo en grado de tentativa, delito que no es grave, explicó Martínez Rivera. De igual manera, el abogado buscará que se absuelva a Juan Francisco por lesiones, pues ningún testigo lo vio tirar la piedra, además de que se demostró que el afectado no sufrió daño grave, pues el proyectil le causó una afectación que tardaba menos de 15 días en sanar y no puso en peligro su vida. Al finalizar aquellas jornadas de disturbios hubo 182 personas detenidas, de las cuales, más de 76 fueron vinculadas a proceso por delitos derivados de los actos vandálicos. No se sabe cuántos fueron liberados y cuántos siguen en prisión.