BOGOTÁ (apro).- Una jueza penal de Bogotá sentenció a 20 meses de prisión por los delitos de injuria y calumnia al bloguero Ricardo Puentes Melo, quien en un portal de su propiedad acusó de prevaricato y de usar falsos testigos a la abogada del desaparecido GIEI Ángela María Buitrago, cuando esta era fiscal, en 2010.
Según la sentencia divulgada este miércoles por el Juzgado 22 Penal de Bogotá, Puentes Melo incurrió en “conducta dolosa” y afectó “el patrimonio moral” de Buitrago al atribuirle conductas sobre las cuales no tenía ninguna evidencia.
Buitrago, quien fue integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó en México la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, dijo a Apro que enviará a la Secretaría de Gobernación y a la Cancillería mexicana una copia de esa sentencia.
Esto, porque diversos medios y columnistas mexicanos desarrollaron una campaña en su contra con base en las afirmaciones de Puentes Melo, un colombiano que dirige desde Estados Unidos un portal en el que hace acaloradas defensas de políticos de ultraderecha como el expresidente Álvaro Uribe, el exprocurador Alejandro Ordoñez y de militares acusados de crímenes atroces.
En 2015 y 2016, mientras Buitrago y el GIEI investigaban en México, por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Puentes Melo aseguró a medios mexicanos que cuando la abogada fue fiscal en Colombia usó testigos falsos contra militares sometidos a juicio.
En 2010, cuando Buitrago era fiscal, procesó a oficiales del Ejército responsables de las desapariciones forzadas que se produjeron en el Palacio de Justicia de Colombia en noviembre de 1985, durante el operativo militar para retomar esa sede judicial que había sido asaltada por 35 guerrilleros del M-19.
El coronel Luis Alfonso Plazas Vega, comandante del operativo en que murieron 98 personas, fue sentenciado a 30 años de prisión como responsable de la desaparición del administrador de la cafetería de la sede judicial, Carlos Rodríguez, y de la guerrillera Irma Franco.
El 6 de septiembre de 2010, Puentes Melo publicó en su portal periodismosinfronteras.org un artículo en el que acusó a Buitrago de cometer “prevaricato” (tomar decisiones arbitrarias o ilegales en el ejercicio de un cargo público) y de hacer un “montaje” en el caso contra Plazas Vega.
Además, afirmó que, en el caso contra Plazas Vega, la entonces fiscal se dedicó “exclusivamente (…) a vengar a los hampones de la guerrilla y el narcoterrorismo”.
Buitrago demandó al bloguero por injuria y calumnia agravadas y aunque él se fue a radicar a Estados Unidos, varios abogados lo representaron en el juicio. El pasado 31 de enero debía rendir su testimonio a través de una videoconferencia, pero no lo hizo a pesar de estar conectado.
La juez 22 penal Aurora Alexandra Sánchez decidió que las evidencias presentadas durante el proceso judicial demostraron que Puentes Melo incurrió en “afirmaciones difamatorias e imputaciones deshonrosas y calumniosas” en contra de Buitrago.
La abogada colombiana renunció a la Fiscalía en septiembre de 2010, en medio de fuertes presiones de sectores políticos y militares. “Pidieron mi cabeza”, aseguró luego de su salida.
En enero de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó el GIEI con cinco abogados y expertos en investigaciones judiciales entre quienes figuraba Buitrago, una doctora en derecho y en sociología y maestra en ciencias penales y criminológicas.
Cuando el GIEI comenzó a indagar sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida entre el 26 de septiembre y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, se topó con la resistencia del Ejército a colaborar en las investigaciones.
En la medida en que el GIEI insistía en la necesidad de entrevistar a militares del Batallón 27 de Iguala que habían sido testigos o tuvieron conocimiento pormenorizado de la violenta acción contra los normalistas, fue arreciando en México una campaña contra el grupo de expertos.
“Ricardo Puentes Melo incluso viajó en esa época a México y fue entrevistado por diarios, noticieros de televisión y radio, y repitió todas las calumnias que había escrito en mi contra. Entonces este fallo condenatorio desacredita todo lo que fue a decir por allá y los argumentos que se usaron para atacar al GIEI”, dice Buitrago.
Asegura que todas las acusaciones que le había hecho Puentes Melo las recogió José Antonio Ortega, un abogado relacionado con el ultraderechista Yunque y quien se convirtió en un enconado crítico del GIEI y de Buitrago, a quien responsabilizó de usar testigos falsos contra Plaza Vega. Pidió, incluso, expulsarla de México.
La sentencia por injuria y calumnia agravadas contra Puentes Melo incluye también una orden para que retire de su portal las acusaciones calumniosas contra Buitrago y el pago de 12 salarios mínimos mensuales, equivalentes a unos 3,200 dólares.
Además, el bloguero deberá retractarse públicamente de los señalamientos injuriosos que formuló contra la abogada colombiana, quien fue integrante del GIEI hasta que este grupo concluyó su mandato, en abril de 2016, tras la presentación de dos informes que echaron por tierra las investigaciones iniciales de la Procuraduría General de la República.
Puentes Melo apeló la sentencia y tiene cinco días para presentar sus argumentos. Si el fallo es ratificado en segunda instancia, el bloguero puede recibir el beneficio de libertad condicional.
Buitrago contempló la posibilidad de demandar por calumnia a José Antonio Ortega, pero cuando éste replicó los argumentos de Puentes Melo la abogada era integrante del GIEI y le pareció inapropiado cumplir sus labores en ese grupo mientras litigaba en tribunales.
“Lo que ahora voy a promover es una acción judicial para que Ortega baje de su portal de internet (el del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que él preside) la información calumniosa contra mi persona”, señala Buitrago.
Uno de los argumentos que usaron los abogados de Puentes Melo en el juicio por injuria y calumnia que perdió es que el coronel Plazas Vega recobró la libertad en diciembre de 2015 por decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Pero ese argumento fue desechado por la juez pues el fallo de la Corte Suprema a favor de la liberación del coronel nunca mencionó que Buitrago haya fabricado pruebas.
“Se ha demostrado judicial y procesalmente que todo lo que hice como fiscal era legal y que todas las evidencias eran ciertas”, asegura Buitrago.
La integrante del GIEI no sólo llevó a juicio a Plazas Vega. También al general Jesús Armando Arias Cabrales, que cumple una condena de 35 años de prisión por desaparición forzada, así como al coronel Edilberto Sánchez Rubiano y al mayor Óscar William Vásquez, quienes fueron condenados a 40 años de cárcel por el mismo delito.
Buitrago también desistió de llevar a juicio a otros militares por falta de pruebas suficientes.
Puentes Melo comentó en su cuenta de Twitter tras conocer la sentencia en su contra: “Lo previsto. La juez 22 de conocimiento penal me condena por haberme atrevido a decir que Ángela María Buitrago era una vergüenza para la justicia colombiana. Y que debo publicar lo contrario. Vaya, vaya…”.