CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La exdiputada sinaloense Lucero Guadalupe Sánchez López, conocida como "Chapodiputada" por su presunta relación con el narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, acudió este miércoles a una audiencia en la sala de la Corte del Distrito de Columbia con un uniforme carcelario color naranja. Sánchez López hizo uso de la traducción simultánea al español para seguir la audiencia y habló solo en una ocasión para, en inglés, decir “sí” cuando el juez Contreras le preguntó sobre su consentimiento para proceder con un juicio rápido, cuya fecha de inicio aún no se ha fijado, según información difundida por la agencia EFE. Este mismo miércoles el juez Rudolph Contreras, de la Corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos, fijó para el próximo 20 de abril una nueva vista para evaluar el caso de la "Chapodiputada". En una vista de poco más de diez minutos, el juzgador estadunidense calificó el caso como “complejo” y accedió a la petición de la acusación, así como de la defensa, para celebrar una nueva vista en esa fecha, siguiendo adelante con las deliberaciones y aplazando el inicio del juicio de la legisladora mexicana. Según EFE, desde el comienzo del proceso judicial, en julio de 2017, los abogados han pospuesto las audiencias en varias ocasiones, porque existe la posibilidad de que la defensa y la acusación alcancen un acuerdo antes del juicio, tal y como reconoció el juez Contreras en una de las vistas anteriores. Sánchez López, de 28 años de edad, fue arrestada el pasado 21 de junio mientras intentaba ingresar por la Garita Mesa de Otay, en Tijuana, a San Diego, California, donde pretendía pedir asilo político. Un agente de la Patrulla Fronteriza descubrió que el Departamento de Estado estadunidense le había cancelado la visa y que era sospechosa de narcotráfico. Sin embargo, la exdiputada fue trasladada el 25 de agosto del año pasado a Washington DC por el Cuerpo de Alguaciles federales (United States Marshals Service), a pesar de que estaba pendiente un recurso de emergencia ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco. Sánchez López fue acusada en la Corte de Distrito de San Diego de asociación delictuosa para distribuir cinco kilos de cocaína en Estados Unidos, entre enero de 2013 y enero de 2017. El 17 de febrero de 2014, la exdiputada local de Sinaloa escapó de una redada policial y de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), junto a El Chapo, por un túnel que conectaba con el drenaje público de Culiacán. Por sugerencia de ella, ambos huyeron a Cosalá, distrito municipal por el que era legisladora local, curul a la que accedió nominada por una coalición entre los partidos Sinaloense (PAS), de Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT). Esto fue documentado por la Dirección de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en ingles), con sede en Nogales, Arizona, que con la colaboración de un informante infiltrado del Cártel de Sinaloa pudo obtener información sobre las actividades de Sánchez López y su relación sentimental con el capo. “El informante” --según se consignó en un documento signado por el agente Félix Trevino-- “refiere que ‘Tere’ [Sánchez López] le contó que ella escapó de la redada y que le dijo a Guzmán Loera que se fuera con ella a Cosalá, de donde era diputada”. Según la acusación que hace la dependencia estadunidense ante la Corte del Distrito Sur de California, Sánchez López conspiró para traficar drogas y lavar dinero a favor del Cártel de Sinaloa. Esto lo sostiene con dos intervenciones telefónicas y los testimonios de una persona que fue capturada en Estados Unidos, a la que vincularon como traficante, pero le ofrecieron ser un agente encubierto y ahora lo identifican como “colaborador”. La primera intervención telefónica fue realizada en septiembre de 2013, cuando Sánchez López era diputada local electa. Aquella vez utilizó el pseudónimo de “Piedra” para hablar en nombre de Guzmán Loera y compartir contactos, así como dar indicaciones para realizar transacciones económicas por 500 mil dólares. La segunda intervención telefónica fue en enero de 2014, sobre los mensajes de la entonces legisladora. En ellos, Sánchez López utilizó el pseudónimo “Maico” para indicar cómo debían recogerse 380 mil pesos para el tráfico ilegal de drogas. La HSI cita el testimonio del “colaborador”, quien entró en comunicación directa con una persona que se hacía llamar “Tere” y quien pretendía contactar a los hijos del líder del Cártel de Sinaloa. El “informante” --destaca el documento legal-- se reunió con la mujer, quién dijo ser novia de “El Chapo”. Luego, por solicitud de los agentes, identificó a Lucero Sánchez López con una fotografía como “Tere” o “Maico”, sobrenombres con los que se presentó. La exdiputada pidió ayuda al “informante” para contactar a “Los Menores”, como se referían a los hijos del capo, pues era necesario entregarles mercancía proveniente del costarricense Óscar Berrocal Sandi, que operaba para el Cártel de Sinaloa desde Ecuador. Guzmán Loera fue recapturado por segunda ocasión el 6 de enero de 2016, y actualmente se encuentra recluido en un Centro Correccional de Nueva York, acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero. La exdiputada local por Cosalá sólo subió tres veces a tribuna en su carrera política, una de ellas para denunciar supuestos abusos de la Secretaría de Marina en la Sierra Madre Occidental. La “Chapodiputada” supuestamente usó una credencial de elector falsa, con la que presuntamente visitó en 2014 a Guzmán Loera cuando éste aún permanecía recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, antes de su fuga, en junio de 2015. (Con información del semanario Zeta)