CIUDAD DE MÉXICO (apro).- James Cavallaro, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), criticó que el gobierno de Enrique Peña Nieto se dedique más a “cuidar la imagen” que a atender la crisis de derechos humanos que vive el país. El exrelator de la CIDH para México, quien mantuvo una relación áspera con el gobierno de Peña por su respaldo irrestricto a la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar el caso Ayotzinapa, y también por la creación del Mecanismo de Seguimiento, participó este jueves en la presentación del informe anual de Amnistía Internacional (AI). Durante el evento, Cavallaro se manifestó alarmado de que la administración federal destine dos mil millones de dólares para publicidad, cuando prevalece una realidad en la que sólo el año pasado, dijo, se registraron 46 mil homicidios, cerca de 34 mil desaparecidos, “miles de casos de tortura y otras violaciones”. El gobierno federal no reconoce la crisis en materia de derechos humanos, pero en el diagnóstico coinciden instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la CIDH, así como asociaciones civiles nacionales e internacionales de derechos humanos, como AI. “Es una evaluación compartida por muchos, por todas y todos, menos por el Estado mexicano, que no ha aceptado la gravedad de la crisis. Contrario a ello, ha gastado dos mil millones de dólares en publicidad, en lugar de responder a esta grave crisis. Ha buscado maquillar, promover su imagen, y no demostrar compromiso con los derechos humanos”, puntualizó Cavallaro. Peña Nieto “ha gastado más que ningún otro en publicidad”, subrayó, y consideró que si un gobierno “se dedica a cuidar la imagen y no la realidad, no pueden tomarse decisiones difíciles, no se pueden diseñar políticas públicas coherentes, ni se puede superar una crisis grave, en este caso de los derechos humanos”. Crítico del gobierno, recalcó que en los últimos cinco años se ha aparentado una preocupación por los derechos fundamentales, pero no se han emprendido “los cambios difíciles que el pueblo mexicano exige para poder vivir en paz, con seguridad y derechos humanos respetados”. Profesor de Derecho en la Universidad de Stanford y fundador de la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Resolución de Conflictos, así como del Centro de Derechos Humanos de esa universidad, Cavallaro puntualizó que el Estado “ha negado la existencia de la grave crisis que vive México”, pese a que más allá de los organismos y organizaciones internacionales, “el pueblo mexicano sabe muy bien que no se siente seguro en este país y no tiene confianza de poner una denuncia porque no se sabe si va a sufrir una represalia”. Destacó que “el subregistro (de delitos) es la norma y el registro ya es aberrante”, y el primer paso para superar la crisis, apuntó, “es el diagnóstico y el reconocimiento de la gravedad del problema, y eso todavía falta en México”. Para la directora de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum, la situación de derechos humanos en el país ha empeorado de manera sustancial desde que la organización con sede en Londres empezó a registrar abusos. En 1978, en su primer informe sobre México, AI manifestó que la preocupación radicaba en la falta de libertad de expresión, las detenciones arbitrarias y la falta de justicia, pero ahora “la situación es peor”. El reporte de AI, apuntó, “exhibe la incapacidad del gobierno de Enrique Peña Nieto para garantizar la seguridad de la población y revertir la grave crisis de derechos humanos”. Reneaum coincidió con Cavallaro al señalar que “graves violaciones a derechos humanos continúan ocurriendo de forma rutinaria y existen muy pocos avances para combatir la tortura, ejecuciones extrajudiciales o las desapariciones forzadas, y las personas presuntamente responsables de estos crímenes rara vez son llevadas a juicio, lo que envía un mensaje claro de que estos actos son tolerados”. A todo ello se suma que “la violencia de género sigue siendo una realidad cotidiana que ha afectado a dos tercios de las mujeres al menos una vez en su vida”, y que la desigualdad económica “arraigada” se convierta en una “causa fundamental de injusticias estructurales”, sostuvo. Para la defensora, no queda duda de que en el último año de gobierno de Peña Nieto “la promesa de un México de paz se desmorona” al confrontarla con las cifras de violencia, en tanto que “la voz de activistas alrededor del país –dijo-- se ha levantado con más fuerza para demandar justicia, verdad y reparación”, y “movimientos de víctimas han exigido sus derechos” consiguiendo la aprobación de leyes generales en materia de tortura y desaparición.