CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exmagistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, fue inhabilitado por el Congreso local para ocupar cargos públicos durante los próximos nueve años. Este martes, los diputados locales aprobaron la sanción que prohíbe al exmagistrado el ejercicio de empleos, cargos públicos y comisiones en el servicio público durante el lapso mencionado tras el desarrollo de siete juicios políticos, de acuerdo con un reporte del portal UdeGTV.com. Dichos juicios están relacionados con tres casos: la concesión del estacionamiento de Ciudad Judicial, la llamada que realizó Vega Pámanes a Salvador Caro para interceder por dos detenidos y el ocultamiento de antecedentes penales para ser nombrado magistrado, pese a que fue sentenciado en los años 80 por el delito de robo. Esta última fue la que terminó teniendo mayor peso para los diputados. La inhabilitación responde a tres sanciones: por cuatro, seis y nueve años, pero como no son acumulativas, solo persistirá la mayor. Vega Pámanes estuvo ausente en la audiencia, aunque representado por su abogado, Pablo Flores Guerrero. Según el reporte de UdeGTV.com, sobre la llamada telefónica que el exmagistrado realizó al entonces comisario de Seguridad de Guadalajara, Salvador Caro, su abogado dijo que desde el 14 de noviembre de 2017 impugnaron la grabación, para que no se aceptara como prueba por ser ilícita de origen, pues está prohibido intervenir comunicaciones privadas. Agregó que un perito definió que ese audio estaba editado y ni siquiera era la grabación original. Además, aseguró a los diputados integrantes de la Comisión de Responsabilidades que en ninguna parte de la conversación su cliente exige la liberación de dos personas. Flores Guerrero aseguró que a Vega Pámanes le violaron sus derechos humanos, pues no se respetaron los plazos de ley, al rebasar el límite de 90 días para resolver, además de que les desecharon pruebas con base a argumentos ilegales. Incluso, dijo que su cliente tenía una constancia de cancelación de antecedentes penales y que no hay prueba fehaciente de que su defendido ocultó algo. En el debate, los diputados determinaron que Vega Pámanes atentó contra la buena fama y respeto de la institución y contra los principios de legalidad, objetividad e independencia del Poder Judicial. El legislador Alejandro Hermosillo demandó a sus compañeros sancionar estas conductas. “El daño que esto le hace al pretender evitar que la ley se aplique a todos por igual. Que opinarían de esto las personas que hoy exigen justicia para sus desaparecidos, que hoy lloran por familiares asesinados, que no tienen patrimonio porque les ha sido robado. que opinarían de esto quienes caminan con miedo por las calles, por las carreteras o tienen miedo de estar en su casa. Esto no es solo un acto de corrupción en su origen, sino que busca corromper el sistema”, dijo. Tras la decisión del Congreso se espera que la defensa legal impugne este proceso para liberar a Vega Pámanes de la sanción.