CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) desplegó una amplia búsqueda de delitos para lograr la orden de aprehensión en contra de Manuel Barreiro Castañeda y otros involucrados en una presunta red de lavado de dinero, con la que se habrían pagado 54 millones de pesos al candidato presidencial Ricardo Anaya por la venta de una nave industrial en Querétaro. La PGR continuó con su estrategia de encuadrar diferentes delitos, luego de que el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal le negó la suspensión definitiva a Barreiro y a otras cuatro personas en contra de los actos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). El pasado martes 20, los cinco interpusieron un amparo en contra de la SEIDO y lograron una suspensión provisional que les permitió tener acceso a las carpetas de investigación en su contra. Logrado ese propósito, el juzgado federal negó la suspensión definitiva, lo que le permite a la PGR seguir con su amplio despliegue en la SEIDO para señalar los presuntos delitos a sus imputados. Además de Barreiro, el amparo fue promovido por su esposa, Ana Paula Ugalde Herrera, quien de acuerdo con el periódico El Universal es amiga cercana de la cónyuge del candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”. También lo hizo Juan Pablo Olea Villanueva, quien ha sido identificado como el dueño de Manhattan Master Plan Development, la empresa que compró a Anaya la nave industrial en 54 millones de pesos y que el candidato presidencial panista había adquirido en 10 millones de pesos dos años antes. Las otras dos personas que buscaron el amparo para obtener las carpetas de investigación fueron los hermanos Sergio y Juan Carlos Reyes García. La PGR desplegó distintas unidades de la SEIDO para encuadrar los delitos contra Barreiro, quien, en cuanto se conoció públicamente la investigación en su contra, se trasladó a Canadá. La semana pasada, la dependencia federal informó que el presunto entramado de lavado de dinero comenzó a investigarlo en octubre del año pasado, aunque una de las carpetas de investigación tiene fecha de 2015. De acuerdo con la lista de acuerdos del juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, publicada el martes, son cuatro las carpetas de investigación abiertas por la PGR en la SEIDO. Una está en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud (UEIDCS), otra en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros (UEIDMS), y dos más en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM).