VALPARAÍSO (apro).- “Huracán”, la operación de inteligencia policial que intentó desbaratar a las principales organizaciones de resistencia mapuche, acusándolas con pruebas falsas de diversos atentados incendiarios contra empresas de transportes y forestales, terminó por convertirse en un tremendo fiasco que ha hundido en el desprestigio a Carabineros y enlodado el accionar del gobierno de Michelle Bachelet en materia de políticas indígenas. El fracaso de la Operación Huracán mostró que la policía uniformada, con la complicidad del Ministerio de Interior, trató de criminalizar la causa mapuche en vez de buscar soluciones políticas al conflicto que enfrenta este pueblo originario con el Estado y las empresas extractivas que ocupan la Araucanía, en el histórico territorio mapuche. Montaje al descubierto La Operación Huracán tuvo un primer hito el 20 de septiembre cuando el director Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros (Dipolcar), general Gonzalo Blu Rodríguez, envió a la fiscalía de la Araucanía el Informe N°130 --preparado por la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada Araucanía (UIOE), a su cargo-- que daba cuenta de una asociación ilícita que estaría detrás de los atentados incendiarios ocurridos en La Araucanía en los últimos meses. En el informe, que apunta a atentados que ya ocurrieron y a otros que pronto ocurrirían, aparecen contenidas supuestas conversaciones sostenidas entre el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, y otros mapuches en rebeldía. En una de ellas, en la que este supuestamente dialoga con el líder de la Comunidad Autónoma de Temucuicui (comuna de Ercilla, Región de la Araucanía), Jaime Huenchullán, se habla de armas y municiones que estarían próximas a llegar desde Argentina y que tendrían como fin promover acciones de insurgencia. Estas conversaciones, según la Inteligencia de Carabineros, fueron presuntamente sostenidas a través de los sistemas de mensajería Wathsapp y Telegram y fueron interceptadas mediante el software “Antorcha”, creado por el ingeniero forestal y funcionario civil de Carabineros, Alex Smith, alias El profesor. Las indagatorias fueron hechas basándose en la Ley 19974 “de Inteligencia” que permite a las policías realizar labores investigativas sin que exista una solicitud de un fiscal. Con el informe 130 en sus manos, el Ministerio Público solicitó el 23 de septiembre al Juzgado de Garantía de Temuco una orden de detención de ocho líderes mapuches de distintas organizaciones de la resistencia como la CAM y Weichan Auka Mapu. Ese día, con gran parafernalia policial y de medios, fueron apresados LLaitul, Huenchullán y otros seis mapuches, en una operación –“Huracán”- que se presentó como capaz de desbaratar las principales redes “terroristas” mapuches. Tras las detenciones, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) realizó pruebas periciales en cerca de 30 equipos telefónicos, entre celulares y chips, obtenidos en los allanamientos y detenciones. Tras estas diligencias, Carabineros difundió supuestas conversaciones sostenidas por los detenidos que comprobarían su participación en el incendio de 18 camiones en la periferia de Temuco (capital de la Región de La Araucanía) el pasado 20 de agosto. Así también se daría cuenta de un plan para quemar otros cien camiones y maquinarias en las proximidades de la citada urbe. Según afirmaron fuentes de Carabineros, estas conversaciones “descubiertas” en los teléfonos coincidían con las interceptadas por el software Antorcha. El 26 de septiembre, cuando el conflicto mapuche copaba la agenda tanto en Chile como en Argentina –-país que estaba conmocionado por la desaparición del activista promapuche Santiago Maldonado-- el viceministro de Interior chileno Mahmud Aleuy viajó a Buenos Aires donde se entrevistó con la ministra de Seguridad Pública de Argentina Patricia Bullrich. En esta cita el chileno puso en antecedentes a su par de Argentina de los informes que daban cuenta de supuestos envíos de armas a mapuches chilenos desde Argentina. De esta manera, se le daba un cariz internacional a la lucha contra el terrorismo mapuche en que ambos gobiernos estaban empeñados y que parecía avanzar por la senda del éxito. No obstante, en Chile todo se comenzó a nublar por la falta de consistencia de las pruebas. El primer gran golpe contra Huracán provino de la Corte Suprema. Esta, el 19 de octubre, tras dos días de deliberaciones, determinó que hubo una falta de fundamentos al ordenarse la detención de los imputados en la Operación Huracán toda vez que no se demostraba su participación en los hechos investigados por el Ministerio Público. Como consecuencia de este dictamen quedaron en libertad Llaitul, su hijo Ernesto, además de Huenchullán, su hermano Rodrigo, Fidel Tranamil, Martín Curiche, David Cid y Claudio Leiva. A esta determinación se sumaron las dudas de la Fiscalía, ente que comenzó a pedir mayores antecedentes a la UIOE de Carabineros respecto de los medios de prueba que sustentaron los informes que derivaron en la petición de formalización de comuneros mapuches detenidos.       Específicamente, cuando la fiscalía quiso verificar que estas conversaciones efectivamente se encontraban alojadas en los dispositivos de los detenidos, comenzaron los problemas. Ante las dudas, la Fiscalía de la Araucanía ordenó a la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Uldeco) de la Fiscalía Nacional, realizar un peritaje para detectar la existencia de posibles irregularidades en los informes periciales informáticos practicados por el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros a los teléfonos incautados a los imputados en esta causa, el día 23 de septiembre. De acuerdo con lo declarado por el Fiscal Regional de la Araucanía a Radio Bío Bío –en reportaje especial publicado el 26 de enero-- se constató “que hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que contienen las supuestas conversaciones que inculpan a estas personas, pudieron haber sido artificialmente instalados en los equipos telefónicos después de que fueron incautados, ya que no corresponden ni al formato ni a la ubicación en la que se almacena la mensajería en los aparatos telefónicos”. Como resultado de esta constatación, el 19 de enero abrió una investigación penal en contra de la UIOE de Carabineros, por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. Además, el 25 de enero, después de cuatro meses de investigación, la Fiscal de La Araucanía decidió no perseverar en la causa conocida como “Operación Huracán” (RUC 1710036300-3). En el marco de la investigación por montaje en el caso Huracán –por obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público- la Fiscalía ordenó el 16 de enero a la Policía de Investigaciones (PDI, policía civil) allanar la sede de la UIOE en Temuco. Esta acción encontró la oposición de Carabineros que, por algunas horas, se negó al allanamiento, generando una gran tensión entre la policía civil y la uniformada. Pese a que cerca de la medianoche Carabineros abrió sus puertas para que la PDI incautara equipos computacionales, el jefe de la Dipolcar general Gonzalo Blu defendió el proceder de su institución en este caso; y criticó fuertemente al Ministerio Público al que acusó de “amparar a personas que han causado miedo y daños” en las regiones del sur del país. Esta actitud de abierto desacato a la institucionalidad jurídica generó un gran rechazo entre personeros de un amplio arco político. Fueron varios los parlamentarios de la oficialista coalición de centroizquierda Nueva Mayoría y del izquierdista Frente Amplio que pidieron a la presidenta Bachelet que defenestrara de Villalobos, Blu y al viceministro Aleuy. Pero nada de eso hizo. Villalobos fue jefe de seguridad presidencial de la actual mandataria en su primer periodo al mando del gobierno (2006-2010) y fue ella quien lo designó director general de Carabineros en agosto 2015. Antes había sido el jefe de Dipolcar y como tal tuvo activa participación en un montaje policial conocido como “caso Bombas” que se cerró en 2013 con la absolución de todos los imputados. Fue el otro gran montaje fracasado de Carabineros. El 29 de enero, en plena crisis, Villalobos partió de vacaciones a Miami, Florida, en un viaje que debía durar cuatro semanas. Sin embargo, debido al revuelo provocado, el ministro de Interior, Mario Fernández, le pidió que volviera al país y reasumiera sus funciones. El jefe de Carabineros intentó apagar el fuego provocado por el fracaso de la Operación Huracán llamando a retiro a las cabezas de la UIOE de la Araucanía, en decisión anunciada el 15 de febrero. Ese día, en conferencia de prensa llevada a cabo en la Escuela de Carabineros –con sede en Santiago-- anunció la baja institucional del general Marcelo Teuber, exjefe de Inteligencia en La Araucanía; del mayor Patricio Marín y del capitán Leonardo Osses (ambos adscritos a la UIOE) y el término del contrato con Alex Smith, El profesor, creador del programa “Antorcha”. Esto ocurría tres días después que el juez de Garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, rechazara reabrir la investigación de la Operación Huracán –como pretendía el gobierno- y optara por sobreseer a los 10 acusados en esta causa. El magistrado fundó su decisión señalando que "no existían ni existen al día de hoy pruebas que vinculen a los imputados en calidad alguna" con los delitos de incendio que se les acusa. Esta definición --que sería parcialmente revertida por Corte de Apelaciones de Temuco el 28 de febrero-- implicó otro duro golpe al Ejecutivo y Carabineros, en este caso que ha terminado por hundir el prestigio policial y ha dado un malísimo cierre al mandato de Bachelet, que deberá entregar la banda presidencial al derechista Sebastián Piñera el próximo 11 de marzo. El 19 de febrero el Juzgado de Garantía de Mariquina (Región de Los Ríos) formalizó y decretó medidas cautelares contra el “ingeniero” Alex Smith y el funcionario del Labocar, Manuel Antonio Riquelme, por los delitos imputados por la Fiscalía de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. Esto, en relación con un caso denominado “Huracán 2”: montaje de pruebas para inculpar a mapuches del incendio de 29 camiones en San José de la Mariquina (790 kilómetros al sur de Santiago) realizada el 28 de agosto. Consecuencias El fiasco de Carabineros en la Operación Huracán se suma al enorme desprestigio provocado por el “Pacogate”, causa judicial que se ventila desde mediados de 2017 y que dice relación con un enorme fraude al fisco realizado por numerosos miembros del Alto Mando de Carabineros y que involucra cifras que cada día crecen y que ya sobrepasan los 40 millones de dólares. Según una encuesta de la consultora Cadem la aprobación a la labor de Carabineros descendió entre enero y febrero de 62 a 40%. En julio esta cifra alcanzaba al 77%. Otra de las secuelas de “Huracán” es que las instituciones de la Justicia han decidido sacar a Carabineros de las investigaciones que afectan a mapuches, lo que es expresión de una desconfianza que va mucho más allá de estas causas. En los últimos días se han conocido variadas acciones judiciales que buscan revertir dictámenes basados en pruebas aportadas por la Dirección de Inteligencia de Carabineros. En entrevista con Apro, Karina Riquelme, abogada de tres mapuches que fueron imputados en el marco de la Operación Huracán, reflexionó sobre lo ocurrido en este caso. Sostuvo “que este es el momento para que la Fiscalía vuelva a retomar su curso y cumpla su verdadera obligación que es perseguir delitos”. Agregó: “desgraciadamente por harto tiempo los fiscales han perseguido a mapuches que han pasado mucho tiempo en cárceles hasta que se ha demostrado su inocencia y han podido salir en libertad”. En relación con Carabineros afirma que “se está cuestionando a la institución que debería entregar confianza y protección” puesto que “hoy nos damos cuenta que incluso han llegado a manipular evidencia con el objetivo de alcanzar determinados fines, sin que el gobierno adopte una posición clara” de condenar este proceder. La jurista, que lleva casi una década defendiendo mapuches, asegura que el actual gobierno, como los que lo han precedido, “mantiene una actitud muy pasiva cuando el mapuche es la víctima, a diferencia de lo que ocurre cuando es un camionero”, en que aplica todo el rigor de la ley.