CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) denunció que las entidades del Estado se están utilizando “con la finalidad aparente de minar la competencia democrática y debilitar a los adversarios políticos”. En su mensaje semanal, el líder patronal, Gustavo de Hoyos Walther, advirtió que entidades fundamentales del Estado, responsables de la procuración de justicia, la seguridad nacional, la fiscalización tributaria y la inteligencia financiera “están siendo utilizadas de forma inaudita y alejada de estándares”. En días recientes, precisó, la actuación institucional y apartidista de varias instituciones federales, especialmente la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha puesto en entredicho por algunos partidos y candidatos. “El extrañamiento al abandono de la ortodoxia institucional ha sido señalado por un número creciente de organizaciones y activistas sociales, intelectuales, académicos y líderes de opinión, y referido apenas unas horas atrás, al titular del Poder Ejecutivo Federal”, recordó de Hoyos Walther. Luego, el organismo patronal hizo “un firme llamado” al gobierno federal, así como a los gobiernos estatales y municipales, para que eviten todo comportamiento o actuación que dé sospecha, indicio o evidencia, de una injerencia ilegal en el proceso electoral federal y los procesos locales que transcurren en 30 entidades federativas. Se ha señalado recientemente, agregó, la tibia actuación de la PGR en la investigación y persecución de los posibles actos de corrupción en perjuicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, además de que se multiplican los señalamientos de una acción asimétrica en casos que imputan a candidatos y sus entornos personales y de negocios. “Toda conducta o acción insólita, atípica o desproporcionada de un gobierno o funcionario, que pretenda directa o indirectamente beneficiar o perjudicar a una coalición, partido o candidato, debe ser erradicada por su ilegalidad, afectación a la normalidad democrática, y profundos efectos dañinos en la confianza institucional que trae aparejada”, dijo. Para la Confederación Patronal de la República Mexicana se debe aplicar la ley de manera irrestricta. “Si hay evidencia de la comisión de un delito, éste debe ser investigado, perseguido y sancionado sin distinciones. La ley nunca debe ser herramienta de persecución o negociación política. Mucho menos, espacio de complacencia para cuando se afectan los recursos públicos”, lanzó.