ALMOLOYA DE JUÁREZ, Edomex (apro).–  El activista Cutberto Vilchis García, detenido por oponerse a la venta de tierras comunales para proyectos inmobiliarios en la zona de Salazar, municipio de Lerma, podrá enfrentar su proceso en prisión domiciliaria luego de que un juez le impuso una fianza cercana a los 420 mil pesos. Tomando en cuenta que el imputado tiene 71 años, el juez de control del distrito Judicial de Toluca modificó la prisión preventiva que le fue impuesta por prisión domiciliaria, pero para acceder al beneficio el acusado deberá cubrir la garantía económica. El activista y siete comuneros más (aún en prisión) fueron arrestados durante la madrugada del 31 de agosto último durante un operativo –calificado por los habitantes de la localidad como violento– por impedir la venta de sus tierras. El 5 de septiembre de 2017, Vilchis García fue vinculado a proceso por privación de la libertad y robo con violencia, acusado por Mario Alberto de León Venegas, abogado de los presuntos compradores de los terrenos; también por Natalia Miguel Marín, policía de Temoaya, y por Juan Carlos Ríos Soto, policía de San Mateo Atenco. Durante la audiencia de este miércoles, el representante legal de los comuneros demandó la aplicación de la excepción prevista en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que indica la posibilidad de no ser sujeto a prisión preventiva cuando se tienen 70 años o más, edad que comprobó con documentos que, además, lo identifican como pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. El Ministerio Público y la contraparte del acusado se opusieron al beneficio porque consideraron que el detenido representa un riesgo social y está en posibilidad de huir, pues aseguran que la comunidad de Salazar es “hostil y violenta”. También afirmaron que la edad de Vilchis García no le representó un obstáculo para liderar el movimiento comunero, incitar a los agresores, proferir amenazas y hacer tocar las campanas para convocar al pueblo la madrugada de su detención, además de ser investigado por delitos que no alcanzan el beneficio obtenido. En respuesta, la defensa del activista destacó la inexistencia de evidencias sobre cualquier citatorio para contestar los cargos, por lo que tampoco se puede asegurar que se estaba ocultando y menos que por eso fue necesaria una orden de aprehensión y cateo para detenerlo. Expuso que para evitar que su defendido escape, el juez prevé, junto con la prisión domiciliaria, la implementación de medidas cautelares alternas. Así, el representante de bienes comunales de Salazar deberá estar custodiado en su domicilio por agentes ministeriales y de la policía estatal, no podrá salir de la comunidad sin autorización, ni comunicarse con los presuntos ofendidos. “Mi padre no traiciona” En entrevista, Fabiola Vilchis, hija de Cutberto, dijo que los hechos imputados a su padre son inverosímiles, pues padece diabetes, hipertensión y desde niño tiene una lesión que le impide mover la pierna con agilidad. Recordó que su padre ha sido reelecto desde hace más de 30 años como representante de bienes comunales de Salazar, “por la honestidad con que se ha desempeñado y su negativa a traicionar a los comuneros a cambio de permitir la venta ilegal de tierras, para grandes proyectos inmobiliarios”. El 22 de febrero pasado, el juez se negó a modificar la prisión preventiva, en cambio, para los campesinos Miguel Ángel Vilchis Zarza y Francisco Miguel Ceballos Vargas, también detenidos con el activista. La negativa, pese a que sólo están acusados de causar lesiones. Antecedentes La madrugada del 31 de agosto de 2017, tres días después de que se emitió un fallo en favor de la comunidad para reconocer la posesión de sus tierras, un grupo de mil 500 elementos de seguridad irrumpió violentamente en varios domicilios de la comunidad. En ese operativo, además de los comuneros, fueron detenidas Beatriz Pérez Flores, comerciante de 46 años; Daneyra Kikey Becerril Villavicencio, ama de casa de 30 años; Yuriko Becerril Villavicencio, madre soltera de 29 años; así como Miguel Ángel Vilchis García, campesino y bibliotecario de 56 años, y Fermín Esquivel Rojas, campesino de 34 años. Testigos de las irrupciones y capturas explicaron que los agentes no presentaron órdenes de aprehensión ni de arresto, iban encapuchados, vestidos de negro y sin insignias; incluso, golpearon gente y accionaron sus armas de fuego en el interior de varias viviendas. De acuerdo con la defensa de los detenidos, el 30 de septiembre de 2016, un grupo encabezado por De León Venegas intentó despojar a Miguel Ángel Vilchis de su milpa.