CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El juez segundo de Distrito, Arturo Alberto González Ferreiro, otorgó un amparo al comisionado del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Rodolfo Leyva Martínez, porque éste fue destituido de la presidencia con una serie de irregularidades. El juez federal determinó que hubo violación al debido proceso porque el consejo general del Ichitaip carece de facultades para destituir al presidente, ya que sólo puede nombrarlo y reelegirlo. Leyva Martínez denunció además presiones del gobernador Javier Corral Jurado para nombrar personal en determinados cargos del organismo autónomo y al no ceder, ordenó destituirlo de su cargo hace casi un año. El juzgador determinó que el consejo del Ichitaip violó de manera grave el procedimiento de destitución, según el expediente 1194/2017. "La sentencia señala (...) que definitivamente sí tenía yo interés en el proceso porque se me impuso una sanción sin siquiera permitirme defenderme, sin que hubiera una ley que definiera el proceso, sin que estuviese demostrada una causa justificada", explicó Leyva en entrevista. El consejero deberá ser restituido como presidente del Ichitaip, siempre y cuando el organismo no impugne la resolución del juez federal. Asimismo, señala que el Ichitaip no puede volver a emitir una resolución sobre la misma materia porque no tiene facultades para hacerlo. "El argumento que estamos planteando es que ya se deben someter a la sentencia y no buscar impugnarla, porque eso no va a generar ningún cambio en la situación. Está muy contundente porque quedó demostrado que las alegaciones que hicieron eran infundadas, que actuaron sin competencia, sin poder específico y que definitivamente no se trataba de un asunto laboral porque ese fue lo que alegó el Ichitaip a través del Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel", agregó Leyva Martínez. El comisionado dijo que si se prolonga el ligitio, significaría que "un usurpador" continuaría desempeñando una función de forma contraria a la Constitución. "Lo que yo estoy pidiendo es que el gobernador deje de entrometerse en los asuntos de autonomía del Ichitaip y que se concentre a lo que le corresponde, que es la seguridad pública, la educación, el financiamiento de las instituciones y que haga su trabajo, yo voy a hacer el mío con respeto a la Constitución, como ya se lo dije", añadió. Después de conocer el fallo, los consejeros sesionaron esta tarde y Rodolfo Leyva llamó al Pleno del Ichitaip a analizar la sentencia del amparo para no desgastarse más, “porque el fallo del juez fue contundente” "Sé que mis compañeros actuaron por presión del gobernador Javier Corral Jurado, no le tengamos miedo", dijo y explicó que aguantó el proceso del amparo porque no tiene un interés no es personal sino un fin que favorece a todos los chihuahuenses. Luego de llamar cacique al gobernador Javier Corral, dijo que esa resolución debe servir para que ningún gobernador de Chihuahua, "sea del partido que sea, quiera volver a decirnos quién a quien contratamos". Y es que Leyva Martínez denunció desde hace un año que como presidente del Ichitaip recibió presiones de Corral para imponer personal técnico y administrativo en puestos clave del organismo autónomo. "Fue muy difícil, muy estresante. Tuvo muchas consecuencias a nivel individual. No desistí porque había un fin", indicó en la sesión. El comisionado explicó que una vez que asuma de nuevo el cargo, tiene posibilidad de reelección, si no la obtiene, no habrá problema porque se estarían respetando las reglas, lo que no sucedió con su destitución porque el Pleno del Ichitaip no tiene esa facultad que le corresponde al Congreso del Estado. Leyva opinó frente al actual presidente del Ichitaip, Alejandro de la Rocha, que de continuar el litigio con una impugnación no servirá de nada, porque la resolución será la misma y no le gustaría al actual presidente, pasar a la historia como un usurpador. De acuerdo con la sentencia del juez federal, los consejeros Alejandro de la Rocha, Alma Rosa Armendáriz, Amelia Martínez y María Nancy Martínez, actuaron de manera indebida al destituir al presidente que apenas llevaba tres meses en el cargo, porque no existe ordenamiento legal para hacerlo. Los mismos consejeros habían nombrado a Leyva como presidente por un periodo de tres años y el 9 de marzo de 2017 lo destituyeron. Además de restituirlo en la presidencia, el juez ordenó el pago de su sueldo correspondiente al año que quedó fuera.