SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (apro).- La organización civil Ciudadanos Observando denunció penalmente a los diputados Josefina Salazar Báez y Mariano Niño, ambos del Partido Acción Nacional (PAN), por cobrar supuestos apoyos destinados al Congreso local a través de facturas de una empresa fantasma. Días atrás la agrupación detectó el mismo modus operandi, con facturas emitidas por la presunta proveedora Adriana Angélica Peredo Gómez --incluida en la denuncia que ayer fue entregada en la Fiscalía General del estado (FGE)-- a favor de los legisladores Héctor Mendizábal Pérez, Enrique Flores y Héctor Meraz, también panistas. “Tan solo en el mes de octubre de 2015, las facturas repartidas por estos cinco diputados representan un daño por 327 mil 458 pesos, monto que se presume podría incrementarse hasta los 5 millones de pesos si se revisan los meses siguientes”, señaló a Apro, vía telefónica, el vocero de Ciudadanos Observando, Lupillo González. Detalló que en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) fue posible verificar que las facturas a nombre de Adriana Angélica Peredo fueron cobradas el 28 de octubre de 2015 (un mes después de que entraron en funciones los cinco diputados) y canceladas por esa misma persona el 29 de febrero de 2016, luego de que Ciudadanos Observando hizo pública la irregularidad. Los recursos recibidos por los diputados se quedaron sin soporte documental, lo que generó “un daño al erario”, por lo que los diputados tendrían que devolver el dinero, señaló Lupillo González. En una primera búsqueda en el Congreso local, la organización civil, que se enfoca en la transparencia de la función pública, encontró una serie consecutiva de facturas expedidas a Héctor Mendizábal, Enrique Flores y Héctor Meraz, para justificar “apoyos legislativos” presuntamente pagados por mensajería, gestoría y apoyo administrativo. En una siguiente revisión vía transparencia, “en la que nos pusieron trabas, nos tardaban la respuesta y no nos daban la información”, se detectaron facturas que correspondían a la misma numeración consecutiva, pero esta vez para los diputados Josefina Salazar y Mariano Niño Martínez. Este último ha sido señalado por Ciudadanos Observando y otras organizaciones civiles, de utilizar la identidad de distintas personas que le solicitaron apoyos, para gestionar recursos autorizados por la Junta de Coordinación Política del Congreso local. Los recursos nunca llegaron a manos de las personas que supuestamente los habían pedido para la compra de cisternas y materiales de construcción, según los oficios que el legislador entregaba. Incluso, en noviembre de 2016, Niño Martínez se valió de la identidad de una persona ya fallecida para cobrar 86 mil pesos para despensas, y hasta reportó a la Junta de Coordinación Política una carta en la que el beneficiario “agradecía” la ayuda recibida, aunque éste en realidad había muerto un mes atrás. Las facturas que en su momento utilizó Josefina Salazar para supuestamente comprobar apoyos legislativos son la 99, 100 y 101, mientras que Mariano Niño presentó los folios 105, 106 y 107, todas consecutivas a las utilizadas por los diputados Héctor Mendizábal, Enrique Flores y Héctor Meraz (102, 103 y 104, respectivamente). “Esto demuestra una acción colectiva, planeada y ejecutada”, advirtió el vocero de Ciudadanos Observando, quien exigió a la FGE responder con una investigación a fondo que deslinde las responsabilidades en que incurrieron los legisladores y la presunta proveedora. La organización verificó el domicilio fiscal de Adriana Angélica Peredo Gómez en la calle Tinaja 110 de la colonia Las Julias de esta capital potosina. Allí encontró al esposo de la mujer, quien declaró que vendían las facturas a cambio de una comisión del 8% de lo facturado. “Hay una asociación delictuosa entre los diputados y la persona que les vendió las facturas. Por eso pusimos la denuncia y esperamos respuesta de la Fiscalía”, concluyó Lupillo González.