CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Las cúpulas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) –que encabeza Carlos Romero Deschamps-, en al menos 6 estados –Veracruz, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Nuevo León y Guanajuato-, mantienen un reinado a base de nepotismo, corrupción, enriquecimiento y prebenda política a costa de Petróleos Mexicanos (Pemex) y los miles de agremiados, auspiciados también por la Reforma Energética echada a andar por la administración federal en 2014. Reelegido por cuatra ocasión, Romero Deschamps cuenta con su séquito de directivos de secciones en todo el país, quienes lo mismo usan su posición para amarrar cargos político-electorales, como para amasar grandes fortunas que “desaparecen” en los procesos internos del mismo sindicato y que quedan impunes. Proceso detalló las maniobras de la cúpula petrolera en las seis entidades mencionadas en el marco del 80 aniversario de la expropiación petrolera -18 de marzo-, encontrando un sin fin de irregularidades así como presiones y amenazas contra los disidentes que se atreven a denunciarlos. Veracruz: clientelismo político-electoral-petrolero Los directivos del STPRM, en sus secciones 30, 10 y 23 con sede en el Golfo de México, en Veracruz, se han enriquecido y obteniendo prebendas políticas a raíz de su cargo, mientras miles de empleados de Pemex continúan en la incertidumbre laboral ante lo que ellos llaman “el esqueleto” de la industria petrolera. Los obreron aseguran que con la Reforma Energética, la ahora llamada empresa productiva del Estado ha dejado de invertir en capacitación, mantenimiento de inmuebles y exploración y extracción de gas, dejándole todo a manos extranjeras y a funcionarios amigos del gobierno federal. Didier Marquina Cárdenas, dirigente de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), con sede en Coatzacoalcos, fustiga que hoy México tiene una política energética contraría a los intereses del país, en donde el gobierno de Peña Nieto ha mostrado “igual que Calderón y Fox” una “prisa increíble” por “deshacerse” de los activos de la paraestatal. “Hoy Pemex está hecho añicos, desarticulado, sobreviviendo, los profesionistas del petróleo estamos (sic) tratando de sacar a flote un barco, que el mismo gobierno se ha encargado de echar a perder en su maquinaría, está empresa, hay que decirlo, flota de milagro”, explica en entrevista. Al norte de la entidad, en Poza Rica, sede de la sección 10 del STPRM, obreros acusan que se vivió la muestra más fehaciente del clientelismo político-electoral-petrolero, pues el secretario general de dicha sección, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, pese a estar acusado de fraude ante la PGR (carpeta de investigación 303/2016) y en la Fiscalía General del Estado (carpeta de investigación 610/2015) por enajenar, vender o arrendar 21 inmuebles que eran propiedad del sindicato y que Quiroz sacó usufructo personal sin favorecer a sus agremiados. Además, Quiroz también es relacionado por empleados jubilados de Pemex en el gran fraude que fue la caja de ahorro denominada Asociación Solidaridad, en la cual, aproximadamente 3 mil empleados resultaron afectados por el desfalco de mil 500 millones de pesos, lo que orilló a que media docena de jubilados petroleros se pusieran en huelga de hambre en el 2015 y en varias ocasiones hicieran marchas. En dicho escándalo también estuvieron involucrados el presidente de la asociación civil Solidaridad, Héctor Cruz Rodríguez ,y el delegado del departamento de Jubilados del STPRM de la Sección 30, Donaciano Ortiz Hernández. El apoderado legal de dicha caja de ahorro, Armando Violante Herrera, fue ejecutado en el restaurante de un hotel en marzo del año pasado; la devolución del dinero quedó en el limbo. En Minatitlán, al sur de Veracruz, la situación no es tan distinta, históricamente la Sección 10 tiene perpetuadas las candidaturas a diputación federal y alcaldía. Un ejemplo de esta región es Sebastián Guzmán Cabrera, poderoso líder petrolero y sucesor de Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, en la década de los 90. De ahí en adelante, la sección 10 del STPRM ha tenido a Leopoldo Torres García, exdiputado local y exalcalde de Minatitlán, beneficiado por el gremio petrolero; Pablo Pavón Vinales, exalcalde de Mina y diputado local por el PRI, aunque en el 2010 mudó al PAN para volver a ser presidente municipal, pero perdió estrepitosamente ante el mismo Leopoldo Torres. El caso de Pavón Vinales es “sui generis”. Fue detenido en el 2011 por elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (causa penal 237/2011) por administración fraudulenta por dos millones 600 mil pesos en su etapa de líder sindical, un semestre después volvería a ser detenido acusado de “privación de la libertad” en agravió del trabajador petrolero, Flavio Pineda, y días después quedó en libertad. Jorge Wade, Raúl Cadena y José Luis Saenz Soto también han ocupado la alcaldía de Minatitlán y diputaciones federales por el PRI, valiéndose del sindicato petrolero, razón por la que desde la última elección local (julio 2017), el gremio petrolero decidió mover sus votos a Morena, que hoy gobierna este partido emergente con Nicolás Reyes Álvarez. En Coatzacoalcos, Didier Marquina asegura que Peña Nieto, con la aprobación de líderes sindicales petroleros, directivos de Pemex y de legisladores y senadores, “repartió” en su sexenio el petróleo como si fuera “pinole”. Marquina señala que incluso, hoy, amigos de los dos expresidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón continúan en el negocio de los energéticos con la permisividad de Peña Nieto: “Ahí están los contratos, revisalos, puros amigos de los expresidentes y del actual”. En Poza Rica, en la Sección 30, Edgar Miguel Zuleta, operador de batería de separación apuntala que este sexenio que va concluyendo ha sido el peor en materia petrolera de todos los tiempos. “El peor en producción, en aumentos a gasolinas, en capacitación a personal, inversiones grandísimas en éste rubro como lo el Centro de Adiestramiento en Seguridad Ecología y Sobrevivencia (CASES) en el municipio de Papantla que sigue en el abandono”, expone Zuleta. Es de los pocos obreros que se atreve a hablar en el norte de la entidad, pues el temor que hay hacia el dirigente petrolero Lorenzo Quiroz es la constante en esa región, salpicada –apunta Zuleta- por inseguridad en las instalaciones petroquímicas y en la calle. “Los obreros de Pemex estamos a merced de la delincuencia en muchas instalaciones, a despidos, malos manejos en las inversiones y recursos. Jamás los petroleros habíamos estado en esta situación”. Y es que la Reforma Energética que tanto presumió Peña Nieto –apuntan Marquina y Zuleta- solo trajo incertidumbre al sector, centros de trabajo cerrados y “acomodos” que restaron puestos de trabajo al personal transitorio, así como jubilaciones y recortes a prestaciones. Nuevo León: las presiones y amenazas de la Sección 49 Como petroleros disidentes de la Sección 49 del sindicato de Pemex, en Cadereyta Jiménez, los hermanos Evaristo y Ricardo Antonio Moreno Rangel denuncian presiones y amenazas de la actual dirigencia, que efectúan cobros indebidos a los trabajadores. La acusación directamente es contra el secretario general seccional, Rafael Ortuño, por imponerles cuotas por servicios que no se prestan o por ayudas que no les consultaron y que les rebajan a los empleados de la refinería Héctor R. Lara Sosa, ubicada en este municipio de la periferia urbana de Nuevo León, ubicado a 30 kilómetros al oriente de la capital. Evaristo Moreno, quien es cabo en el departamento de Mecánica en la planta, con 29 años de antigüedad, exhibe un recibo de nómina con fecha de 22 de octubre del 2017, en el que le se incluye una “aportación voluntaria 19 de septiembre”, por 289.86 pesos que le fueron descontados sin autorización, para ayudar a beneficiados por el sismo ocurrido el año pasado en el centro del país. Así como esta, dice, hay otras cuotas por cargos fantasmas que les han cargado a los trabajadores de la sección. “Es una burla que nos estén rebajando, aparte, 2 pesos por cabeza. Pero aunque te quiten un peso, pienso en cuánto dinero no nos roban. Y a dónde va a parar todo eso, es lo que queremos saber”, dice Moreno en referencia a otro cobro, del mismo recibo, que se refiere al concepto de “fomento deportivo”. Dice que al exhibir irregularidades como esta ha sido objeto de persecución y castigos del dirigente. Recuerda que el año pasado, en represalia por externar su inconformidad de manera permanente, fue suspendido 30 días de su trabajo. Acusa a Ortuño de haberlo amenazado de muerte, por manifestar públicamente su oposición a las decisiones que toma en el interior del sindicato. “A mí me dijo que me iban a levantar y le dije: ‘Si me van a levantar que me levanten a las 7:30 se la mañana porque yo entro a las 8 a trabajar’”, señala en la entrevista. Por su parte, Ricardo Antonio Moreno Rangel, quien se jubiló en agosto del 2016, luego de más de 35 años como petrolero, coincide con su hermano, al señalar que la gestión de Ortuño ha sido gansteril y represora. Recuerda que en el año de su jubilación pretendió formar una planilla para presentarse como opositor de Rafael en las elecciones internas por la secretaría general de la Sección 49, pero con amaños le impidieron registrarse. Para exhibir antecedentes de quienes manejan la sección 49, Ricardo Antonio muestra el oficio 755/2008, dentro del Proceso Penal 35/2008-III, con fecha de 8 de abril del 2008, que contiene una orden de aprehensión por fraude en contra de José Izaguirre Rodríguez, Juan Fraga Godínez, Marco Antonio barrón Sánchez y Juan José Ramírez Vázquez. La orden la obsequia el juez sexto en materia penal del primer distrito judicial de Nuevo León, Roberto Pedraza Valdez. La denuncia se desvaneció, afirma Ricardo. Al interior del gremio no existen voces disidentes que presenten denuncias o pruebas, pues los inconformes son silenciados mediante amenazas que son, mayormente, en forma de represión laboral, señala. Aún ya jubilado, mantiene tiene tres litigios presentados ante Pemex. Uno por un castigo injusto que, dice, le aplicaron por daño a una máquina, provocado por uno de sus subalternos, cuando él era cabo, lo que le ocasionó una multa. Otro fue por la negativa del sindicato de proporcionarle un préstamo para obtener una casa; en esa misma carpeta anexó una denuncia por el cobro de una cuota fantasma que se comprobó que no existe. Y uno más, porque le retuvieron su salario por instrucciones del Departamento Jurídico con el propósito, según su dicho, de que se desistiera de sus demandas. La Sección 49 del STPRM es discreta. A diferencia de otras plazas del país, en Nuevo León sus dirigentes pasan prácticamente desapercibidos. Si acaso, sus acciones tienen relevancia en Cadereyta, donde está asentada la refinería. Tabasco: el cacicazgo y la impunidad Crimen, corrupción, cárcel, traiciones, cacicazgos, fortunas súbitas e impunidad, son, entre otros, el sello característico de líderes sindicales petroleros en Tabasco. Desde el inicio del “boom” petrolero, a mediados de los años setentas, una corrupta y ambiciosa clase sindical empezó a emerger en la entidad, a la par con la vertiginosa producción de crudo. Un gigantesco botín petrolero que derivó en grandes riquezas, cacicazgos, asesinatos y cárcel. En Tabasco operan las Secciones sindicales 29, 14, 48 y 44, pero las más importantes son las últimas tres. A finales de 1988 fue asesinado en una emboscada Lenin Falcón Méndez que, por más de 15 años, ejerció férreo cacicazgo en sección 14 del sindicato petrolero, la más antigua de Tabasco, con sede en Ciudad Pemex del municipio de Macuspana, del que fue alcalde por el PRI tres años antes de su homicidio. Fue ejecutado cuando viajaba en su camioneta de Ciudad Pemex a Macuspana, junto con el entonces líder municipal de la CTM, Antonio Arcos Correa. Nunca se aclaró el crimen y dejó millonarias propiedades y ranchos, entre ellas, una enorme mansión donde vivía bautizada como “El Partenón”. Lo sustituyó del exbeisbolista Gonzalo Guzmán Vázquez, quien siempre luchó y denunció las corruptelas de Lenin Falcón, sin embargo, él también afianzó un cacicazgo de 12 años al frente de la sección 14 y se enriqueció “escandalosamente”, según acusaciones de la época. En el año 2000, Gonzalo heredó el cargo a Ignacio Flores Correa, primo del líder municipal de la CTM ejecutado con Lenin Falcón, pero se reservó para sí la presidencia de la Comisión de Vigilancia, y la secretaría de Trabajo, para su hijo Carlos Mario Guzmán Pérez. Maniatado, con escaso margen de maniobra porque Gonzalo se conducía como “poder tras el trono”, Nacho Flores se rebeló y, en asamblea, destituyó a Gonzalo y a su hijo; además, se reeligió en 2003, sin aval del dirigente nacional del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, quien trató de destituirlo. Flores Correa advirtió que no permitirían que se “pisotearan” los estatutos del sindicato y retó a Romero Deschamps a que decidiera fecha, hora, forma y cómo querían el proceso para elegir secretario general de la sección 14, así como estar dispuesto a enfrentar cuántas auditorías ordenara la dirigencia nacional porque, sostuvo, “estamos limpios y no tenemos nada que ocultar”. Ante la rebelión, Gonzalo Guzmán y Romero Deschamps y tramaron y acusaron a “Nacho” Flores de varios delitos. Raúl Becerra de Dios, incondicional de Gonzalo que disputaba la sección 14 a Nacho Flores, presentó demanda penal en contra de éste ante la procuraduría de Justicia del Estado y en marzo de 2004 fue encarcelado, acusado de robo calificado con violencia, retención indebida de personas y provocación a la comisión de un delito con apología. Nacho renunció al cargo, salió libre una semana después y Romero Deschamps designó a Raúl Becerra como líder de la Sección 14, donde, desde entonces, ejerce un cacicazgo que va para 15 años, a través de incondicionales y persecución de petroleros que cuestionan su “liderazgo”, echándoles del trabajo o negándoles todo tipo de prestaciones sindicales. Tras 12 años de cacicazgo en la Sección 14, la prensa documentó decenas de propiedades a Gonzalo Guzmán Vázquez, entre ranchos, ganado fino, caballos pura sangre, restaurantes, hoteles y vehículos de lujo. Ahora es acérrimo enemigo de su exprotegido, Raúl Becerra, a quien acusa, según sus allegados, de “mal agradecido” y de amasar “faraónica” fortuna en edificios, residencias, ranchos ganaderos y vehículos. Sección 48. El 18 de abril de 1993 en un evento de la CTM en Reforma, Chiapas, Héctor Gutiérrez Tsuda asesinó a balazos al dirigente de la sección 48 del sindicato petrolero, Jorge Sifuentes Carrera. Eran amigos y en 1989 fundaron el Grupo Obrero de Renovación Moral y Unidad Sindical (GORMUS) para luchar contra el cacicazgo del “quinista” Raúl Charles Treviño en la Sección 26 y que, a la caída de éste en ese año, se transformó en la 48, con sede en Villahermosa y más de 5 mil sindicalizados que laboran principalmente en los complejos petroquímicos de Cactus, Chiapas y Nuevo Pemex, Tabasco. El GORMUS era encabezado por Gutiérrez Tsura, quien declinó ser el primer secretario general de la naciente sección 48 y en su lugar impuso a su amigo Sifuentes Carrera, con el “compromiso” de que al terminar su periodo sindical, sería el indiscutible sucesor. Sin embargo, Sifuentes Cabrera se rebeló y pretendió heredar el cargo a otro y no a Gutiérrez Tsura, su padrino político, a quien denunció públicamente de chantajearlo para que le entregara 2 mil millones de pesos de la época. Denuncia y rebeldía que costaron la vida a Sifuentes Carrera. Desde entonces, Gutiérrez Tsura desapareció de Tabasco y Gregorio Torruco Ponce asume el liderazgo de la sección 48 hasta 1994, sustituido por César Pecero Lozano, quien a la vez la hereda a Ricardo Hernández García. En julio de 2015, Hernández García fue detenido en la Ciudad de México cuando salía de un hotel con su sucesor, Óscar González, quien logró darse a la fuga, acusados de fraude de más de 500 millones de pesos en la Sección 48, a través de una empresa en sociedad para renta de camiones a Pemex y otros servicios. Según la denuncia en su contra, incurrieron en el delito de fraude en modalidad de pandilla porque “vendieron” la Comisión de Contratos de la Sección 48 a la empresa Compañía Administradora Integral de Bienes Muebles e Inmuebles, en la que Ricardo Hernández García era presidente del Consejo de Administración y socio Óscar González. Con esa operación evadieron el pago de impuestos y liquidaron algunas deudas a la Comisión de Contratos, pero se embolsaron más de 500 millones de pesos. Tres años atrás, en 2012, enfrentaron juicio por ese caso en el Juzgado Quinto Penal, pero comparecieron amparados y lograron evadir la acción de la justicia. No obstante, Hernández García solo estuvo 21 días preso en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset) y dejado en libertad por faltas de pruebas en la acusación de “fraude específico en pandilla”. Sección 44. Con sede en Villahermosa, fue fundada en los años 70 por los hermanos Andrés y Armando Sánchez Solís que, de manera alternada e ininterrumpidamente, la dirigieron caciquilmente por más de 15 años hasta su caída y encarcelamiento en 1987. En ese periodo ambos fueron diputados locales y federales del PRI y Andrés, el hermano mayor, también dirigió la CTM de Tabasco. Su poder, control y denuncias de corrupción eran de tal magnitud que no permitían intromisión en sus “asuntos” sindicales, incluidos Joaquín Hernández Galicia “La Quina” y Fidel Velázquez, poderosos líderes nacionales del sindicato petrolero y de la CTM. Su rebelión y cacicazgo terminó en mayo de 1987 cuando Armando, líder en funciones de la sección 44, fue detenido por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y encarcelado, acusado de ventas de plazas en Pemex, delito equiparable al fraude, denunciado por trabajadores petroleros, apoyados por La Quina. Su hermano Andrés, que era líder de la CTM, logró escapar pero tres meses después, en agosto, finalmente fue arrestado y también encarcelado por la misma acusación. Durante el boom petrolero de los años setentas y ochentas, los hermanos Sánchez Solís llegaron a controlar cerca de 20 mil trabajadores de base y transitorios. Ya tras las rejas, ambos renunciaron “voluntariamente” a sus respectivos cargos y la secretaría general de la Sección 44 quedó en manos de Oscar Fernando Aguilera, quien en 1989 sale huyendo luego del encarcelamiento de La Quina, su protector. El liderazgo de la Sección 44 fue disputada por varios grupos, entre ellos, el de Mario Rubicel Ross García, quien en una asamblea, con bates de beisbol doblegó a sus adversarios y así asumió el cargo para el periodo 1991-1992, época en la que también fue elegido diputado federal del PRI para la LV Legislatura, de la que también formó parte el líder nacional del sindicato petrolero y entonces su padrino político, Carlos Romero Deschamps. Al finalizar su periodo, Ross García quedó como presidente del Consejo Local de Vigilancia en la 44, al que Romero Deschamps lo obligó a renunciar en 1994 por “traidor”. En septiembre de 1995 fue encarcelado, acusado de fraude por el entonces dirigente de la Sección 44, José del Pilar Córdova Hernández, reclusión en la que permaneció un año. La denuncia se refería al mal uso de cheques relacionados con el fondo de vivienda para trabajadores pertenecientes a la referida sección petrolera. En 2002, Pemex lo liquidó como trabajador y a partir de entonces Mario Ross organizó la Coalición Petrolera Independiente para luchar contra “la mafia” de Romero Deschamps. En junio de 2011 volvió a la cárcel, ahora por falsificación de documentos al ostentarse como presidente de la sociedad cooperativa Grupo Unificador 6 de Mayo de la sección 44, por lo que los socios de la agrupación lo denunciaron. Estuvo preso durante siete meses en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset) de Villahermosa. En septiembre de 2016, su hijo Mario Ross May fue secuestrado en esta capital y desde entonces permanece desaparecido. El exlíder sindical relató que, de acuerdo con testimonios, en el plagio participaron hombres armados que se desplazaban en vehículos con placas de la Fiscalía General del Estado (FGE) y patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). “De manera forzosa, a base de golpes y armas largas en mano, lo obligaron a descender de su vehículo y lo subieron a una camioneta tipo Van”, refirió y añadió que acudió a la FGE para solicitar información, pero le respondieron que no tenían conocimiento del hecho ni existía orden de aprehensión o investigación en su contra. Días después de la captura de Mario Ross por falsificación de documentos, su hijo denunció que su padre era un preso político y responsabilizó a Romero Deschamps de su encarcelamiento. En 1993, José del Pilar Córdova asumió la secretaría general de la Sección 44, donde también ejerció un cacicazgo propio y a través de “peleles” como José de Jesús Zamudio Aguilera, quienes a la vez fueron incondicionales de Mario Ross como secretarios del Interior y Tesorero, respectivamente, de la organización sindical. Ambos se intercambian el liderazgo de la sección 44 hasta 2006, periodo en el que Pilar Córdova fue diputado local y federal del PRI. En el sexenio de Andrés Granier Melo (2007-2012), repite como diputado local y se vuelve cercano al entonces gobernador priista, preso desde 2013 en la Ciudad de México por el megasaqueo a Tabasco. En agosto de 2008, el diario Tabasco Hoy publicó que Pilar Córdova era considerado uno de los hombres más ricos del estado, pues su fortuna “amasada al amparo de gobiernos priistas” y del sindicato petrolero, ascendía a más de 7 mil millones de pesos. Actualmente, todos los exlíderes petroleros se encuentran libres y “limpios”, disfrutando sus riquezas. Campeche: nepotismo y aviadores Uno más entre cientos de obreros que a diario pululaban rogando por una oportunidad de trabajo, en aquellos sus años mozos Víctor Manuel Kidnie de la Cruz lejos estaba de suponer que a golpes de suerte, lisonjas, fraudes y traiciones se entronizaría en la dirigencia de la Sección 47 del poderoso sindicato petrolero y que de sus tinieblas resurgiría como un hombre renovado: corrupto, temible, enriquecido. En su metamorfosis, pronto se incrustó entre los “dorados” del líder nacional del Sindicato, Carlos Romero Deschamps; se hizo diputado federal; se casó con la socialité veracruzana Milene Chagra Nacif, la “reina de la elegancia y la distinción”, a quien en otros tiempos se le ligó sentimentalmente con el exgobernador de aquella entidad Fidel Herrera; y se hizo compadre del exmandatario de Quintana Roo Roberto Borge Angulo, además de mecenas en el mundo de la farándula. Apalancado por el “Grupo Poza Rica”, el plataformero Kidnie, de quien en las redes sociales de sus detractores se cuenta la leyenda de que recién llegado a Ciudad del Carmen sobrevivía comiendo mangos de los árboles de las sedes petroleras, y que, por su presunta afición a la bebida, era echado hasta “de la hamaca que compartía”, irrumpió en el selecto grupo de comisionados al sindicato cuando el entonces dirigente de la sección 47, Arturo Martínez Rocha, lo tomó a su servicio como su chofer para luego dejarlo al cuidado de su silla durante el período que fungiría como legislador. Lo traicionó. Mediante elecciones fraudulentas, Kidnie arrebató el control de la dirigencia de la sección sindical en la que se perpetuó e hizo de ella un próspero negocio familiar en el que se venden desde las fichas de trabajo y las plazas a los aspirantes a ingresar a Petróleos Mexicanos hasta los permisos, incapacidades médicas, cursos de capacitación, vacaciones, comisiones, ascensos y jubilaciones a los trabajadores de planta de la petrolera. Las tarifas de las extorsiones oscilan entre los 30 mil a los 250 mil pesos, dependiendo del asunto del que se trate. El primer monto corresponde por ejemplo a las incapacidades y el más alto, a los ascensos. Para ello, dicen los agremiados, el sindicato actúa en complicidad con funcionarios de la petrolera. “Obviamente, todos los pagos son en efectivo y sin recibo”, aseguran. Las fichas de trabajo y las plazas se cotizan entre 150 y 200 mil pesos, aunque la crisis petrolera y la reforma energética -que ante la indolencia de sus líderes sindicales dejó en el desempleo a miles de trabajadores petroleros-, elevaron los costos. Por esta situación, el pasado 7 de marzo, el fiscal general del estado, Juan Manuel Herrera Campos confirmó que hay por lo menos seis denuncias en contra de Kidnie de la Cruz por el delito de fraude. Sin embargo, adelantó que debido a las cantidades de dinero que se manejan, la FGE podría dar vista a la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto lavado de dinero, porque podría configurarse ese otro delito que es del orden federal. También dijo que habría más personas con intenciones de querellar. Aunque no dio más detalles, trascendió que las denuncias fueron promovidas por personas a las que se les cobraron hasta 250 mil pesos para darles oportunidad de subir a trabajar a las plataformas petroleras y no se les cumplió. Por supuesto, “para los familiares de los del sindicato no cuestan nada”, se quejan trabajadores petroleros consultados por la paraestatal, a condición de guardarles el anonimato. Sólo en lo que respecta al líder de la sección 47, quien recibe de Pemex aproximadamente 850 mil pesos entre su salario como supervisor “A” y el pago de su comisión sindical, se tienen identificados entre los trabajadores comisionados al sindicato a sus hermanos José Roberto y Pablo, así como a sus sobrinos Eder Roberto, Víctor Gustavo y Manuel Vite Kidnie, así como a Paola Kidnie. Paola Isabel Kidnie Sosa, con ficha de trabajo 559703, comenzó a laborar en diciembre de 2012 y a la fecha ostenta “un nivel 28”, es decir, una de las categorías salariales más altas de la empresa. Además de los salarios que les corresponden de acuerdo la categoría de trabajador que ostenten, los comisionados al sindicato reciben otra remuneración por esa función gremial. El 26 de junio de 2017, la unidad de enlace de Petróleos Mexicanos dejó en el limbo la solicitud de información con número de folio 1857200234117 formulada por esta corresponsal para conocer la lista de comisionados al STPRM y sus respectivos suplentes, sus salarios, categorías y funciones, así como cuánto le costaba a la empresa el pago de unos y otros. El argumento de la unidad de enlace fue que estaba imposibilitado de dar a conocer dicha información en virtud de que el sindicato entabló un juicio de amparo, del cual hasta ahora no se sabe más. Y es que, además de los familiares de los líderes sindicales, al sindicato están comisionados decenas de aviadores contratados por Kidnie. Ejemplo de ello, denuncian indignados los trabajadores, son los casos de los cantantes Karina Catalán y Julio Ponze, quienes amenizan las fiestas del líder. Karina Michel Catalán Pérez tiene la ficha de trabajo 578899 y tiene una plaza de “Obra determinada doméstica”; en tanto que Julio Ponce Valverde cubre el movimiento originado por la comisión sindical cláusula 251 de Alberto Macías. Ella cobra aproximadamente 10 mil pesos a la catorcena y él entre 35 a 40 mil pesos. La primera tiene su puesto de trabajo en tierra; el segundo en plataformas, pero ambos están comisionados al sindicato. Por lo que ellos cobran y también quienes les cubren. Otro caso digno de mencionar es de Karla Yulemi Sánchez Escalante, con ficha de trabajo 599425. Es hija del titular del Consejo Local de Vigilancia de la Sección 47, Carlos Jorge Sánchez Pérez, y el 25 de enero de 2016, con 18 años de edad, firmó su planta con un nivel administrativo. Con apenas dos meses de antigüedad ascendió hasta el nivel 23 de las categorías laborales. De acuerdo a la información encontrada en internet, Ponze, así con z, “una voz extraordinaria y un carisma característico del puerto jarocho, llega de Veracruz para el mundo, además de haber trabajado al lado del Gran Divo, Juan Gabriel, también ha trabajado con artistas como: Diego Verdaguer y Yahir”. A Karina Catalán, originaria de Mexicali, su “talento nato, más la preparación que tuvo, la llevó a ser la cantante principal de la Orquesta Proyecto 47 de Pemex, que le permitió compartir escenario durante los últimos tres años con artistas de la talla de Julión Álvarez, Pepe Aguilar, Miguel Mateos, Emmanuel, Marco Antonio Solís, entre otros”. El pasado 11 de marzo, Moisés Flores Salmerón, secretario de organización de la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untpp), declaró al periódico Tribuna que la Auditoría Superior de la Federación detectó que la Sección 47 mantuvo 460 sindicalizados -343 operativos y 120 de mantenimiento- como aviadores en ocho equipos de perforación que permanecieron inactivos de 385 a 2 mil 831 días, con un costo cercano a los 270 millones de pesos anuales para Pemex. Y es que por uno de los difuntos se descuentan una cantidad a todos los trabajadores sindicalizados, pero del monto que reúne por ese concepto, el sindicato sólo se entrega una parte a los deudos. Por este asunto, los inconformes han calculado un presunto desvío de más de 50 millones de pesos. Aunque la confirmación de Herrera Campos sobre las denuncias que han llegado a la fiscalía han entusiasmado a sus detractores respecto a la posibilidad de su caída, en círculos políticos circula la versión que el golpeteo que se ha desatado en las últimas semanas contra Kidnie tiene en realidad un trasfondo político más que justiciero. Según esa teoría, el motivo es la pugna con el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas por la senaduría en la que él pretende acomodar a su sobrino Cristhian Castro Bello, mientras que Romero Deschamps la querría para Kidnie, cuyos tentáculos políticos, económicos y sociales se han extendido de Ciudad del Carmen hasta Yucatán, Quintana Roo y Veracruz, donde la familia de su esposa tiene también fuerte influencia, especialmente en Coatzacoalcos. Por cierto, en breve, Mariana Zorrilla, la exesposa de Roberto Borge, de quien se divorció en junio de 2016, será parte de esa familia. En enero pasado anunció su compromiso matrimonial con Luis Gerardo Chagra Nacif, uno de los hermanos de su comadre “Milly” Chagra. En mayo de 2015, Milly y Kidnie, así como la cantante Paulina Rubio, fueron padrinos de la segunda hija del exgobernador quintanarroense con el que el líder petrolero coincidió en la LXI Legislatura cuando ambos fueron diputados federales. Oaxaca: violación al contrato colectivo  Con “pinches” presidentes “fantoches”, “locuaces”, “padrotes” y “traidores”, como los ha tenido México con Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y un “loco” como Donald Trump, a los mexicanos “solo nos queda ponernos a rezar y que la Virgen de Guadalupe nos pueda salvar en este viacrucis”. Así sintetizó el exlíder de la Sección 38 del sindicato petrolero, Alfredo López Ramos, la situación de la industria petrolera en vísperas de cumplirse 80 años de la expropiación. “La tan mentada Reforma Energética de Enrique Peña Nieto fue preparada para ponerla en manos de extranjeros, cuando es la última carta que tenemos, es el último as que teníamos bajo la manga, pero ya es propiedad de extranjeros”, dijo. El exdiputado federal, expresidente municipal de Salina Cruz y expreso por el delito de sabotaje en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sentencia: “hoy vamos hacia una patria sin moral y sin justicia” que puede prender en cualquier momento porque “hay irritación y ya no demora que esto pueda brotar”. Su afirmación la sostiene en que la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, del puerto de Salina Cruz, “solo es un gigante dormido, un reflejo de lo que fue y probablemente no vuelva a ser, donde el poder adquisitivo de los petroleros y de todos los trabajadores ha caído hasta en un 60%”. Sobre Romero Deschamps, dijo: “es un pinche costal de pus, donde sus líderes se han convertido en ricos y les siguen robando, qué chingados les importan los trabajadores si su vida la tienen ya resuelta”. Y remató contra el expresidente Vicente Fox: “Ahí está el botudo locuaz de Fox, hijo de su puta madre, le pagaron 130 dólares por el barril de crudo y qué hizo con ese dinero. Nadie dice nada”. López Ramos no reparó en sus acusaciones y también se fue contra Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto: “un padrote que fue Felipe Calderón, que hoy dice que si nos ponen candados en el acero con TLC, entonces ya no vamos a importar cereales, maíz, trigo, qué estúpida gente tuvimos como a presidentes de la república, era un borrachín y ahora anda padroteando a su vieja, es un rollito que traen para seguir durmiendo a nuestra gente”. “Y Peña Nieto traicionó y dejó a las nuevas generaciones hipotecadas. Hemos perdido la moral y vendido al país y cuando hemos perdido la moral se las lleva la chingada como pasó con los griegos y los romanos”. El trabajador de la refinería de Salina Cruz, Marco Antonio Santos Baylón, reconoce que “en todas las secciones petroleras, particularmente en la sección 38, no hay disidencia con el actuar del líder pese a que no han mejorado las cosas y aunque no nos han reprimido muchas cláusulas de bonanza, hay muchas carencias, la realidad es que no le dan cumplimiento porque hay acuerdos con la empresa y se viola el contrato colectivo con Pemex”. Estas nuevas estrategias “nos han pegado en los bolsillos y en los pagos porque hay cambios de directores, subdirectores y en sistemas tecnológicos, mientras que al trabajador los obligan a trabajar tiempos extras si así lo requiere la empresa y muchas veces nos obligan a quedarnos principalmente al personal eventual o transitorio”, aseguró. Como parte de la corrupción, dijo, es la dotación de ropa de trabajo y los equipos de seguridad, es decir, “nos deben de dotar 3 mudas cada tres meses y zapatos y no es así. “Hay una burocracia galopante, es mas fácil cambiar placas en el estado a que te doten a lo que tienes derecho, no hay hornos de microondas, bebedores y comedores dignos, se ha llegado al grado de hacer cooperaciones o vaquitas porque la empresa dice que no tiene dinero ni para llantas”. Mencionó que la plantilla actual de trabajadores petroleros es de entre 3 mil 500 a 4 mil y se desconoce el número de rescisiones de contrato por presuntos robos, por faltas del trabajador, aunque nunca se les haya comprobado. Otro tipo de inconformidades es que Pemex acordó, sin consultar a los trabajadores, donar de “forma voluntaria” un día de salario para los damnificados del terremoto de septiembre y les descontaron dos días. En febrero de 2018, Carlos Romero Deschamps donó, a nombre de los petroleros, 38 millones 712 mil pesos a las víctimas del terremoto en Oaxaca. El director de Pemex, Carlos Treviño Medina y Romero Deschamps, dijeron que estos recursos se entregaron a Fomento Social Banamex A.C., organismo que duplicó la cantidad recibida en beneficio de los damnificados. Lo cierto es que “hasta ahorita no nos han dado esa transparencia ni conocer ese destino de recursos y aunque van a estar auditados por la empresa KPMG, no garantiza nada”. Guanajuato: El peregrinar de los jubilados En Salamanca, el logo de la Sección 24 se puede ver en distintos puntos de la ciudad. Un complejo deportivo que incluye un estadio de fútbol y varias canchas; cooperativa de camiones para el transporte de personal, una elegante funeraria y hasta un extenso panteón forman parte de los servicios y negocios operados por las cabezas del sindicato. La imponente fachada de la Funeraria Salamanca, ubicada en el complejo sindical, destaca de los edificios de la avenida Tenixtepec. Su interior, además de las salas de velación, ofrece una enorme capilla con capacidad para 200 personas y servicios de cremación o sepultura de distintos precios, 9 mil 500 el más económico, o 26 mil pesos con más lujo. Los dirigentes sindicales administran también el enorme panteón Villa de la Paz, en la calle 30 de Septiembre de la colonia Los Pinos, en una extensa propiedad, bajo la razón social Panteones de Salamanca, S.A., donde se puede adquirir un espacio a perpetuidad por un mínimo de 20 mil pesos. El lugar parece saturado y personas que adquirieron derechos a perpetuidad denunciaron en 2015 a diarios locales que éstos no se respetaban, lo que no ha impedido que se sigan aceptando solicitudes para los espacios, todos exclusivamente en el piso. Así, nada parece afectar la versatilidad empresarial que a nombre de la sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros se maneja desde la cúpula del mismo, con el exsecretario Fernando Pacheco Martínez como el poder tras el trono del actual secretario Raúl Rodríguez, según exponen trabajadores disidentes y jubilados. Todos esos servicios presumiblemente generan beneficios a todos los trabajadores sindicalizados que prestan sus servicios en la refinería “Ing. Antonio M. Amor” en esta ciudad, aunque la realidad apunta a lo contrario. Como ejemplo de ello, un grupo de jubilados afronta actualmente una serie de litigios derivados del incumplimiento de varias cláusulas del contrato colectivo de trabajo y la propia Ley Federal del Trabajo por parte de la paraestatal, y con la anuencia sindical. Las represalias no se han hecho esperar. A raíz de que interpusieron demandas laborales para el reconocimiento de pagos de indemnización por enfermedades y porque no se les ha pagado lo establecido en el contrato colectivo por conceptos como la gasolina y la canasta básica, al menos 30 jubilados se encontraron en la catorcena del 10 de marzo con la ingrata sorpresa de que la empresa no les pagó la pensión. Sentados afuera de las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de Guanajuato, los 30 jubilados y algunos familiares representados por el abogado Adolfo Vázquez Gutiérrez explicaron que desde fines el 2015 interpusieron la primera demanda, a la que le siguieron dos más por distintas violaciones a sus derechos laborales “con el contubernio entre Pemex, el sindicato y el personal de la Junta (de conciliación)”, expresó el abogado. “Todos son trabajadores sindicalizados, duraron un mínimo de 25 a 30 años de antigüedad, unos jefes de departamento, otros encargados de plantas, otros en los ductos, siempre expuestos a ruidos y trepidaciones, emanaciones de gases. Ahorita estamos 30, pero tenemos 70 demandantes aproximadamente”. Para poder requerir la indemnización por enfermedades profesionales –el contrato colectivo reconoce padecimientos como la hipoacusia, sordera, infecciones de la piel, enfermedades intestinales y otras además de las que reconoce la Ley Federal del Trabajo- los jubilados debieron presentar una demanda que involucra tres periciales presentadas por el demandado, la parte actora (el jubilado) y un tercero en discordia. La Junta de Conciliación debe evaluar esas pruebas y emitir un laudo que todavía se puede recurrir mediante un amparo si alguna de las partes queda inconforme. Pero ni la Junta ni Pemex han respetado resoluciones de tribunales federales en favor de jubilados a quienes se les negaba la indemnización, como ocurrió en el caso de Enrique Elizondo, uno de los afectados. “El Tribunal Colegiado le ordenó a la junta condenar a Pemex al pago de la indemnización por enfermedad. Con todo y eso, el presidente ejecutor de la Junta y su personal no han corregido el laudo incongruente que emitieron al principio, no han ejecutado nada”, reseñó el representante legal del grupo de trabajadores retirados. En un segundo grupo de demandas, se ha reclamado por parte de los jubilados otro movimiento del sindicato, que cada dos años renueva el contrato colectivo de trabajo (a partir del 1 de agosto de cada dos años) pero que desde el 31 de julio del 2015 no les reconoce los incrementos aprobados en las siguientes renovaciones. Es decir, los jubilados reciben prestaciones “congeladas”, a pesar de que el contrato ha sido actualizado por lo menos en una ocasión. Una de las prestaciones congeladas es la de la gasolina. “A los jubilados les siguen pagando lo del contrato de antes del 2013” y lo mismo pasa con la canasta básica, que establece un equivalente a 3,500 pesos, cuando en los hechos se les entrega lo equivalente a 700 u 800 pesos cada catorcena. Un tercer reclamo tiene que ver con la ocupación de las vacantes de personal, que ha quedado prácticamente en manos exclusivas de las cabezas del sindicato y los directivos de la refinería, señala el abogado, “para repartirlas entre sus cuates”. Si bien los estatutos sindicales establecen que cuando el trabajador de planta cumple 10 años de antigüedad tiene el derecho de pedir al representante sindical que se contrate a alguien que recomiende (familiar directo), lo mismo que cuando se jubila, esto “hace tiempo que no se cumple”, señalaron los jubilados. “La cláusula cuatro determina que el jefe de personal solicitará al sindicato que cubra las vacantes que se generan con motivo de la ausencia de los trabajadores –narraron los jubilados-, pero no lo hace así el secretario general, y las vacantes no son informadas de manera pública y visible”. Para colmo, en lo que consideran una medida represiva por emprender los anteriores juicios laborales, a los jubilados se les dejó con las manos vacías en la última catorcena, puesto que no recibieron su pago correspondiente, así que recurrieron a los Juzgados noveno y décimo de Distrito en materia administrativa para tramitar amparos por ello. “No se vale que por disposiciones administrativas, sin una orden judicial, porque lo dicen los mandos de la refinería y del sindicato, se le quite su pensión a gente que durante muchos años entregó su vida y energía a la primera industria del país”, es el reclamo hecho por el representante legal. (Con información de Verónica Espinosa, Noé Zavaleta, Pedro Matías, Armando Guzmán, Luciano Campos y Rosa Santana)