OAXACA, Oax. (apro).- Un grupo de proveedores de uniformes escolares exigió al gobernador Alejandro Murat Hinojosa el pago de 121 millones de pesos que les adeuda la Secretaría de Finanzas, correspondiente al año fiscal 2017. Además, adelantaron que presentarán una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, porque desde la Secretaría de Finanzas se han filtrado sus datos personales. A través de un oficio fechada el 1 de marzo pasado, los proveedores independientes solicitaron la intervención del gobierno estatal para que les cubran los adeudos adquiridos dentro del programa “Vamos juntos a la escuela”, cuya finalidad es dotar de uniformes escolares a estudiantes de educación básica y beneficiar a familias de escasos recursos. Señalaron que desde noviembre pasado el gobierno estatal debía pagarles lo correspondiente al año fiscal 2017, pero únicamente liberó 15 millones de pesos a un “comité de proveedores” que, revelaron, “no representa a la totalidad de los que estamos apoyando su programa de dotación gratuita de uniformes escolares, y no se vale que nos vean como personas de segunda”. Desde 2011, detallaron, 97 personas proveen los uniformes y han trabajado con el gobierno aportando trabajo, sin embargo, “el problema surge cuando empiezan a detener pagos de facturas, entonces hay que buscar financiamiento y pagar intereses, y eso agrava nuestra situación económica”. Lo preocupante, agregaron, es que la Secretaría de Finanzas, cuyo titular es Jorge Gallardo Casas, no sólo no resuelve con prontitud este tema de los pagos, sino que pone trabas con el argumento de que no hay recursos, y al 16 de marzo sólo abonó 29 millones de pesos, que representan el 16% del total del año fiscal 2017. Sin embargo, “a través de un comité solo beneficia a sus agremiados, a quienes cobra alrededor de 500 pesos por realizar sus trámites”. Faltan por liquidar 121 millones de pesos, ya viene el próximo ciclo escolar y no hay liquidez para comprar la materia prima porque todo lo tiene retenido el gobierno estatal, subrayaron. Según los afectados, el Congreso local etiquetó 500 millones de pesos anualmente para el programa “Vamos juntos a la escuela”, de los cuales 150 corresponden a uniformes para unos 400 mil estudiantes, y el resto, 350 millones, es para uniformes en especie que se adquieren en otros estados mediante una licitación nacional. En este caso se paga a través de remisiones y no se incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con el argumento de que es un subsidio a las familias oaxaqueñas, por consiguiente, son los proveedores quienes tienen que pagar el IVA. “Nos dejan el paquete a nosotros de resolver políticas fiscales”, recalcaron. Los proveedores también se quejaron de que aún existe un adeudo que dejó el exgobernador Gabino Cué Monteagudo por casi nueve millones de pesos a 12 de ellos. Finalmente, denunciaron el mal manejo que realiza el gobierno del estado al proporcionar datos personas y ventilar esa información a un comité que hace mal uso de ellos, cuando la única interlocución debe ser la Secretaría de Finanzas.