HERMOSILLO, Son. (apro).- El exómbudsman estatal Raúl Arturo Ramírez, acusado de blanqueo de divisas, riqueza inexplicable y ejercicio abusivo de funciones, fue colocado en el noveno lugar en la lista de diputaciones federales plurinominales de Movimiento Ciudadano (MC) para la primera circunscripción. A Ramírez Ramírez se le señala también de incumplimiento de un deber legal, riqueza inexplicable y ejercicio abusivo de funciones en los dos cuatrienios que estuvo al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de 2010 a 2018. El 22 de febrero de 2017, el abogado Juan Antonio Ortega, en representación de decenas de ciudadanos, solicitó ante el Congreso local el inicio de un juicio político contra Ramírez, debido a que en su gestión no encontró irregularidades en el proceso de arraigo y detención de Gisela Peraza, la exama de llaves de Casa de Gobierno encarcelada, sin pruebas, durante cuatro años, dos meses y 28 días en la administración del panista Guillermo Padrés. Esta omisión le costó al exómbudsman que, el 11 de noviembre de 2013, la CNDH emitiera la recomendación 54/2013 dirigida al gobierno de Sonora: “La mujer que laboraba como ama de llaves en la Casa de Gobierno de Sonora sufrió tortura, detención y retención arbitraria por parte de elementos de ese gobierno y de la Policía Estatal Investigadora”. También expuso que Gisela Peraza fue acusada de "haber robado una maleta con dinero, razón por la cual elementos de la Policía Estatal Investigadora la esposaron y trasladaron a sus instalaciones, donde fue interrogada, golpeada, insultada y se le colocó una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla”. Asimismo, consigna que Gisela fue liberada el 18 de marzo de 2011 y, dos semanas después, el 5 de abril, fue detenida y torturada nuevamente: “La llevaron a sus instalaciones donde la golpearon, le vendaron la cara, la enrollaron en una cobija, le amarraron las manos, la patearon y echaron agua en la cara para ahogarla, mientras la interrogaban sobre el dinero robado; cabe resaltar por el mismo hecho un agente de la Policía Estatal Investigadora también fue detenido y torturado”. Y, por último, la CNDH ordenó: “El gobierno de Sonora debe proceder a la reparación del daño ocasionado a las víctimas y a que se les brinde la atención médica y psicológica necesaria, con el fin de que se restablezca su salud física y emocional”. Aparte de que esta recomendación costaría unos 20 millones de pesos del erario sonorense, en la solicitud de juicio político contra Ramírez Ramírez se adjuntaron copias de sus cuentas bancarias, donde se acumulan unos 20 millones en transacciones en el periodo de 2012 a 2015, una cantidad injustificable si se compara con los 93 mil pesos que recibía mensualmente en ingresos. El abogado Juan Antonio Ortega informó que al acusado se le encontró una fortuna de medio millón de dólares en bancos estadunidenses en una investigación realizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). La petición del juicio de procedencia también se fundamenta en el ejercicio indebido de funciones del extitular de la CEDH, luego de despedir injustamente a 39 trabajadores y la contratación irregular de otros 100 empleados. Y también se documenta que en la Comisión existen cinco empleados que cobran sin trabajar, conocidos como “aviadores”, al tiempo que Ramírez Ramírez contrató a cinco de sus exparejas sentimentales para que laboraran junto a él.