TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Alrededor de 54 familias desplazadas del municipio de Chenalhó, albergadas en San Cristóbal de las Casas, regresaron este lunes a la plaza central de esta ciudad e instalaron nuevamente un plantón para exigir al gobierno de Manuel Velasco que cumpla con su palabra de desmantelar al grupo paramilitar que impide su retorno. Javier Cruz Hernández, vocero de los indígenas desplazados del ejido Puebla, dijo que el gobierno estatal no tiene la más mínima intención de procurar su retorno en condiciones de seguridad. Destacó que 21 días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano la implementación de medidas cautelares a su favor, y luego de una semana de la sesión del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, Velasco Coello no los atiende como es debido y una vez más los han vuelto a engañar para alargar el proceso del retorno a su comunidad de origen. “Regresamos a hacer el plantón (levantado hace 12 días) porque no vemos que el gobierno tome acciones tendientes a la desarticulación del grupo paramilitar que nos desplazó a nosotros y al menos a otras cinco mil personas del municipio de Chalchihuitán, y que actualmente continúa agrediendo y desplazando hermanos y hermanas indígenas de las comunidades Tabak y Koko, entre otras, del municipio de Aldama”, subrayó Cruz Hernández. Además, agregó, tenemos información que indica que la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de Gobierno, “gestionan ante el Poder Judicial la liberación de Javier Gómez Gutiérrez, asesino de nuestro compañero Guadalupe Cruz Hernández e integrante del grupo paramilitar agresor, lo que consideramos hace evidente la protección y complicidad del Estado mexicano con estos paramilitares”. Ese grupo paramilitar, soltó, fue creado y financiado por el gobierno mexicano con fines de contrainsurgencia en el contexto del surgimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a principios de los años noventa, y es el responsable de la masacre de Acteal, cometida en 1997. “Por eso hoy regresamos a instalar el plantón frente al palacio de gobierno del estado de Chiapas y aquí nos quedaremos hasta que el Estado mexicano realice acciones contundentes que indiquen que van a desarticular este grupo paramilitar”, advirtió el representante de los desplazados del ejido Puebla. En tal escenario, este lunes la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, fue agredida por los propios indígenas desplazados cuando se disponía a abordar una camioneta Suburban, luego de asistir al quinto informe de gobierno de Manuel Velasco en el Congreso local.