CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos, Michael Forst, encendió las luces de alarma sobre la persistencia de “un nivel continuo y elevado de impunidad” en México que “legitima” las agresiones contra defensores de derechos humanos, quienes con frecuencia son víctimas, tanto del crimen organizado, como de “empresas que actúan al amparo de autoridades débiles, corruptas o infiltradas, tanto a nivel federal, como estatal y municipal”. Durante la presentación de su informe anual ante la 37 sesión de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU –el pasado viernes 23 en Ginebra–, expresó su “grave preocupación por el contexto actual de impunidad y violencia en México, que afecta en gravemente a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”. En su presentación, el experto de la ONU urgió a garantizar la “independencia” y sin “vínculos políticos” del próximo fiscal general de la República, así como “revisar” la recién aprobada Ley de Seguridad Interior. En su reporte dio cuenta de tres casos que ilustran los “niveles de violencia e inseguridad” sobre los activistas y periodistas: los asesinatos de Miroslava Breach, en Chihuahua, y el de una defensora de Tamaulipas, cuyo nombre fue suprimido del documento, así como el atentado en el que perdieron la vida el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre Toba Camacho, y su hijo, en tanto que su esposa y otro hijo sufrieron lesiones. Para el relator, los anteriores son ejemplos de “altos niveles de violencia e inseguridad” observados durante su visita a México, lo cual resulta de suma preocupación si se considera que situaciones similares generan un “efecto disuasivo” entre personas defensoras de derechos humanos. En el informe, destacó la convicción del relator de que “el principal obstáculo para la protección de estas personas (defensoras) son las fallas sistemáticas en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos cometidos”, que en la mayoría de los casos quedan en la impunidad. Michael Forst agregó en el reporte que “la ineficacia en la prevención del delito y en las medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos contribuye al grave entorno de inseguridad que se vive en México” que, junto con la impunidad, paralizan la labor de los defensores “interfiriendo con el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos”. Ante tal escenario, el funcionario internacional consideró que, en México, las personas defensoras de derechos humanos “se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad frente a actores privados, tales como grupos del crimen organizado y empresas que actúan al amparo de autoridades débiles, corruptas o infiltradas, tanto a nivel federal, como a nivel estatal y municipal”. El experto de la ONU urgió al gobierno mexicano a “fortalecer sus cuerpos de seguridad y el sistema de procuración de justicia, no mediante un aumento de efectivos o el empleo de fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior, sino mediante la implementación de medidas efectivas para erradicar la corrupción al interior de las corporaciones de seguridad, las fiscalías, y el poder judicial”. Pide Fiscalía independiente Michael Forst conminó al Estado mexicano a “asegurar la independencia de la Fiscalía General de la República mediante el nombramiento de un fiscal general sin vínculos partidistas y con amplio reconocimiento social”. Asimismo, hizo un llamado a “revisar la recién aprobada Ley de Seguridad Interior, a fin de asegurar que las tareas de seguridad doméstica queden en manos de corporaciones civiles, debidamente capacitadas y sujetas a mecanismos de responsabilidad ordinarios y no militares”. El relator especial alertó sobre los homicidios y ejecuciones de defensoras de derechos humanos por razones de género. De ahí que advirtió que las activistas “enfrentan amenazas particulares de violencia física y homicidios no sólo por su trabajo como defensoras, sino por su condición de mujer”. En el documento, recordó al gobierno mexicano su compromiso internacional de proteger a los defensores de derechos humanos, al firmar la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 12 se lee que los Estados parte están obligados a “velar por que las necesidades de seguridad específicas de las mujeres se traten con la sensibilidad debida a las condiciones  de género y que cuando se conciban mecanismos de protección se solicite la participación y colaboración de las defensoras”. Según el informe, el relator solicitó a representantes del gobierno de México información sobre el espionaje institucional que se tendió sobre integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de miembros del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que representa a víctimas y familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014. También pidió datos sobre el proceso deficiente de consulta al pueblo yaqui para la construcción del Acueducto Independencia y el Gasoducto Aguaprieta; la detención durante tres meses del defensor de Baja California Sur, John Joseph Moreno Rutowski, así como sobre la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México.