CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A ocho meses de que concluya el gobierno de Enrique Peña Nieto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, destacó que el balance es negativo porque prevalecieron “los binomios de inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, y desigualdad y pobreza”, heredados del gobierno de Felipe Calderón. Luego de que el pasado domingo 25 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) dispararon desde un helicóptero y abatieron a cuatro integrantes de una familia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el ombudsman nacional calificó como un error que el uso de la fuerza, por legítimo que sea, sea la única respuesta del Estado ante la violencia y la inseguridad. Lo anterior fue señalado durante la presentación de su informe anual de actividades 2017, en la residencia oficial de Los Pinos, con la ausencia de elementos de las Fuerzas Armadas en el presidio. Como respuesta, Peña Nieto se limitó a destacar los “avances” en materia de derechos humanos, entre ellos la aprobación de la legislación sobre atención a víctimas, así como en el tema de la tortura, desaparición forzada y atención a la infancia, normatividad impulsada desde la sociedad civil. Y como logros de su gobierno citó la implementación del nuevo sistema de justicia penal, así como las reformas a la ley de amparo y a los códigos penal y de justicia militar. González Pérez dio cuenta de la resistencia por atender las observaciones de la CNDH, pese a que el año pasado el Ejecutivo federal se comprometió a darle salida a los pendientes. Contrario a eso, dijo, el sexenio se distinguió por “violaciones graves a derechos humanos”, como lo demuestran los casos de Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingan, Tlatlaya y Nochixtlán. Tras señalar que durante el sexenio de Peña Nieto la CNDH atendió a más de un millón de personas, González Pérez detalló que en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de 57 observaciones que el organismo formuló a la Procuraduría General de la República (PGR) en tres reportes, sólo se cumplieron nueve, en tanto que 36 se encontraban “en vías de atención” y 12 no habían sido atendidas, “lo cual refleja la complejidad, pero también la falta de una voluntad real y compromiso para llevar al esclarecimiento del asunto”. El ombudsman resaltó que por éste y otros casos se demuestra que “el modelo de operación de la PGR está agotado, siendo necesario que a la brevedad se concreten de manera viable y pertinente las reformas en el ámbito de procuración de justicia para garantizar la autonomía, la imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de esta función”. Al insistir que el entorno de violencia e inseguridad se mantiene en el país, aseguró que en la actual administración los “saldos del dolor y la impunidad” no han disminuido, “derivado de miles de personas que han sido privadas de la vida, que han sido lesionadas en hechos de violencia, que se encuentran desaparecidas, que se han visto forzadas a desplazarse de sus lugares de origen por la inseguridad o que han sido víctimas de algún delito; es algo que no se puede cuantificar ni reparar”. De igual manera, recordó que 2017 se distinguió como el año con mayor número de muertes violentas registradas en los últimos 20 años, y sin seguridad –dijo– “jamás habrá una vigencia real de los demás derechos fundamentales”. Eso, agregó, no puede ser a cualquier costo, por lo que defendió la posición del organismo nacional y de otras instancias que decidieron impugnar la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Si la violencia se combate con la violencia, se está apostando al uso de la fuerza sobre la atención de las causas que la propiciaron y generan (…) la violencia ha demostrado ser una inversión poco redituable, que tiene un costo altísimo para todas las personas”, subrayó. Asimismo, informó que en el sexenio de Peña Nieto la CNDH registró 274 expedientes de queja por tortura, 5 mil 086 por detención arbitraria, 195 por privación de la vida, 11 por ejecución sumaria o extrajudicial y 89 por desaparición forzada o involuntaria. Esos datos podrían ser mayores, dado que muchas de las víctimas no suelen denunciar los abusos, soltó. González Pérez también reprobó la violencia contra las mujeres y contra los defensores de derechos humanos, así como los homicidios de periodistas, que durante el actual sexenio sumaron 52, igualando al de Felipe Calderón. En ese sentido, apuntó, la CNDH da seguimiento a 104 asesinatos de comunicadores. Sostuvo que el año pasado emitió 97 instrumentos recomendatorios, 81 de los cuales corresponden a recomendaciones ordinarias, cinco por violaciones graves, ocho recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y tres generales. Las 81 recomendaciones ordinarias fueron dirigidas a 62 autoridades, “lo cual significó un aumento de 14% frente a lo registrado en 2016”, siendo las seis autoridades más señaladas el IMSS, con 19 casos; la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), con 13; la PGR, con 13; el Instituto Nacional de Migración (INM), con siete, y el ISSSTE y la Secretaría de Marina, con cuatro cada una. “En este rubro es de destacarse el incremento de 117% respecto de 2016 en el número de recomendaciones emitidas en contra de la CNS y la PGR, respectivamente”, advirtió el ombudsman, y agregó que en tales recomendaciones se acreditó la tortura en nueve casos; tratos crueles inhumanos y degradantes, en nueve más; privación de la vida, nueve, y en otras seis recomendaciones se demostró desaparición forzada de personas. Finalmente, el ombudsman exhortó a Peña Nieto a que, en los ocho meses que le restan al frente de la presidencia de la República, cumpla las recomendaciones de instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y se consolide la aprobación de instrumentos internacionales de derechos humanos. En respuesta, el Ejecutivo aseguró que el gobierno está en absoluta disposición de colaborar para cumplir las recomendaciones de la CNDH, y resaltó que la sociedad civil es una pieza clave en la agenda de los derechos humanos y su implementación. “Un gobierno que respeta, escucha y trabaja con la sociedad civil, es un gobierno que comprende que la verdadera democracia se construye mediante un diálogo permanente con los ciudadanos”, sostuvo.