CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Reporteros sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica exigieron a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la PGR, que profundice en todas las líneas de investigación sobre la autoría intelectual y material del homicidio de la periodista Miroslava Breach y, a la Fiscalía de Chihuahua, que deje de actuar dolosamente y dilatar la procuración de justicia. Las organizaciones se reunieron con el gobernador Javier Corral y con el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, el pasado 23 de marzo, después del homenaje luctuoso de la corresponsal del periódico La Jornada. Propuesta Cívica detenta la representación social de los hermanos de Miroslava Breach. "El gobernador Javier Corral, junto a su fiscal César Augusto Peniche, se comprometió a entregar la investigación a la Feadle. Dijo, ‘Ya hablé con el juez y le dije que, si resuelve la atracción, se la doy, y ustedes así lo quieren, lo vamos a entregar. “Es una investigación muy fuerte, muy sólida, a prueba de balas, no tenemos nada que ocultar en ella”, sostuvo el gobernador, de acuerdo con un comunicado que dio a conocer RSF. La organización internacional reconoció los avances en la investigación, pero insistió en la importancia de profundizar en las líneas que conducen a la responsabilidad de funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Chihuahua. "Aunque el gobernador dijo que 'no hay ningún funcionario de mi gobierno involucrado', para RSF y Propuesta Cívica es importante que esta línea de investigación se agote para dar certeza a la familia y a la sociedad en general de la investigación, identificar a los autores intelectuales y demás involucrados, a fin de que el crimen no quede en la impunidad, pues el hecho de que exista una persona en prisión preventiva no es significado de justicia", advirtieron las ONG en el comunicado. A cinco días de ese compromiso, agregan, la audiencia convocada para el martes 27 en Chihuahua, en la que definiría la atracción o no hacia la Feadle, fue diferida para el 11 de abril, debido a que no se notificó a tiempo a los hijos de Miroslava Bread, señalados como víctimas principales. Para las organizaciones ese argumento hace una diferenciación entre víctimas, cuando la ley no lo establece así, ya que no toman en cuenta a los hermanos en el mismo nivel de afectados por ese crimen. Igual solicitaron al juez de Control se conduzca con imparcialidad y con estricto apego a derecho, sin interferencia del gobierno local. Toda vez que, su obligación constitucional, abundaron, es vigilar y proteger los derechos fundamentales y garantías procesales, tanto de víctimas como de imputados durante la etapa de investigación. Y, al Mecanismo de Protección, pidieron que garantice la seguridad de la familia Breach. En tanto, las ONG solicitaron a la CNDH que vigile que las autoridades estatales no sigan obstaculizando el ejercicio de los derechos de las víctimas, procediendo a realizar las recomendaciones necesarias.