CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Claudia Sheinbaum ha anunciado la transformación del Instituto de las Mujeres de la CDMX en Secretaría. Antes de hacer mis señalamientos críticos sobre tal decisión quiero celebrar la designación de Gabriela Rodríguez Ramírez como próxima titular. No va a ser fácil el cambio de Instituto a Secretaría, y va a requerir alguien que, además de compromiso feminista, tenga lo que Victoria Camps denomina virtudes públicas: profesionalidad, responsabilidad y tolerancia.  Gabriela Rodríguez las tiene, y tiene también criterio político y formación profesional. Psicóloga de la UNAM con una Maestría en Antropología Social de la ENAH, ha realizado estudios de posgrado en el Institute for Health Policy Studies en la Universidad de California y en la Evans School of Public Affairs de la Universidad de Washington. Además fundó y dirigió Afluentes, una ONG constituida para promover los derechos sexuales y reproductivos en programas gubernamentales y no gubernamentales, y para realizar investigación operativa en salud sexual y reproductiva de adolescentes. Tuvo un notable papel en la Asamblea Constituyente, donde defendió posiciones progresistas. Su designación es lo mejor que le pudo pasar al movimiento de mujeres: una compañera feminista capaz, valiente y con una trayectoria política impecable.  Ahora bien, para mí el problema central no es el paso de Instituto a Secretaría, aunque desconozco las complicaciones presupuestales que ello implica, sino en mantener la orientación exclusivamente hacia las mujeres. Entiendo, y por eso soy feminista, que las mujeres, en tanto grupo social, viven una problemática específica. Pero esa especificidad se debe al orden social de género que también afecta, con otro tipo de especificidad, a los varones y a la población LGBTT. Y si bien cada día hay más acciones ciudadanas en defensa del derecho a decidir de cada persona con respecto al uso reproductivo, sexual y comercial de su cuerpo, a la definición de su identidad de género, a la defensa de su orientación sexual, a la modificación de su aspecto corpóreo y al control sobre la duración de su vida, todavía no hay las políticas públicas que respalden esas decisiones.  Necesitamos, sin duda, una nueva perspectiva respecto a la problemática de género, que afecta no sólo a las mujeres. Es necesario explorar cuáles serían las condiciones materiales y jurídicas que posibilitarían vínculos más humanos, y únicamente una mirada integral permitirá que las respuestas gubernamentales no se reduzcan a mecanismos paliativos, como las llamadas “políticas rosas”, que instalan respuestas diferentes y segregadas para atender sólo a las mujeres.  Las políticas rosas reproducen la idea de que la violencia de género es un “problema de mujeres”. Es obvio que la violencia de género afecta de manera diferenciada a las personas, que existe una particularidad en esa violencia cuando se dirige a las mujeres, así como la hay en la dirigida a los hombres, y también a la población LGBTT.  La violencia de género tiene causas estructurales y simbólicas que no se abordan si se la piensa como un problema de mujeres, sin relacionarla con el contexto de violencia generalizada en el país, y si no se explora el papel que juega la subjetividad en la fabricación social de inhumanidad.  Es un error fijarse solamente en la materialidad del cuerpo –la sexuación, la edad, la enfermedad o la discapacidad– olvidando la subjetividad, las emociones, las angustias y los deseos que son determinantes en la construcción del orden social. Un problema político apabullante es el de cómo las personas, estructuradas inconscientemente por la misma sociedad que las aliena, contribuyen a la crueldad y la discriminación.   Estamos viviendo un momento promisorio, pues la ciudadanía votó mayoritariamente por un viraje del régimen político hacia un modelo más justo y equitativo. Hay mucho por hacer, y es fundamental hacerlo desde la inclusión y combatiendo la discriminación. Es muy importante la manera en cómo se nombran las responsabilidades que el nuevo gobierno debe encarar. No sólo se requiere una nueva actitud de austeridad republicana, sino también una nueva perspectiva política e institucional sobre qué lugar se le va a dar a la problemática de género, que va más allá de las mujeres. Por ello me parece que una tarea futura de la Secretaría de las Mujeres tendría que contemplar su transformación en una Secretaría por la Igualdad de Género. Desde esa perspectiva, habría que impulsar políticas públicas antidiscriminatorias e igualitarias para todos los seres humanos, independientemente de su sexuación. Esto requerirá encarar las prácticas discriminatorias que traducen diferencia sexual por desigualdad social y abordar el reduccionismo de la interpretación dualista del género. Atender a los seres humanos, independientemente de si tienen cuerpo de mujer o de hombre, al margen de su orientación sexual y su identidad genérica, responde al indispensable cambio de paradigma sobre la condición humana que hace falta. No más “políticas rosas” y sí a una política de igualdad de género. Estoy segura de que Gabriela Rodríguez tiene el empuje necesario para impulsar una agenda de género incluyente en la CDMX. Este análisis se publicó el 5 de agosto de 2018 en la edición 2179 de la revista Proceso.