CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Con cobijas, colchonetas y lonas, alrededor de 300 desplazados del estado de Guerrero se instalaron desde la noche del domingo a las afueras de Palacio Nacional para pedirle al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que resuelva la situación de inseguridad que les impide volver a sus comunidades. Quienes se acomodan bajo la carpa improvisada para cubrirse del sol en la plancha del Zócalo capitalino comentan que desde noviembre pasado tuvieron que dejar sus comunidades luego de que grupos armados, que se identificaron como integrantes de policías comunitarias, entraron a sus comunidades para quitarles sus pertenencias. Vienen de comunidades de los municipios de Zitlala y Leonardo Bravo. Se dicen víctimas de desplazamiento forzado. Berenice tiene 27 años, es madre de dos niños, su esposo se dedicaba a sembrar la tierra y ella al hogar. Mientras carga a una niña que hoy cumplió 2 años y sostiene a otra de 5, la mujer cuenta que el 11 de noviembre hombres armados llegaron sus casas para adueñarse de ellas, pues ahora viven ahí. Ella estaba preparando el desayuno cuando escuchó balazos y se escondió con los niños. Después se armó de valor y acompañó a sus vecinos a un campamento del 35 Batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para pedirles ayuda, pero asegura que los militares les respondieron que se fueran a refugiar a otro lado, porque ellos no querían problemas. Las mujeres salieron de sus casas a las 4 de la mañana del día siguiente, mientras los hombres les cuidaban la espalda, luego se reunieron con ellas y desde entonces buscan de las autoridades una solución que les permita regresar a sus lugares de origen o ser reubicados. Entre los nuevos moradores de la banqueta de Palacio Nacional están integrantes de la comunidad indígena náhuatl del poblado de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala. Decidieron abandonar sus casas luego de la falta de apoyo de las autoridades municipales y del Ejército. Cuentan que tuvieron que caminar alrededor de 18 horas por cerros y barrancas para no ser encontrados y poder salvar la vida. Actualmente 71 de ellos se encuentran refugiados en la cabecera municipal de Copalillo, en una cancha techada, y solicitan la reubicación porque temen que, de regresar a su comunidad, sean asesinados o desaparecidos. Esperando que los reciba López Obrador, también hay vecinos del municipio de Leonardo Bravo, de donde se encuentran en calidad de desplazadas mil 850 familias de ocho distintas localidades. También tuvieron que huir por las amenazas de integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, que entraron a sus casas y se llevaron “desde la gallina hasta la vaca, desde la plancha hasta el ropero”. Virginia Zúñiga recuerda que estaba en su casa con sus dos hijos cuando escuchó una balacera, por lo que se escondieron en el baño. Al cesar el sonido de las balas, Virginia se tranquilizó. Pensó que la amenaza había terminado, pero estaba equivocada. Los vándalos llegaron a su casa, rompieron ventanas y se llevaron sus pertenencias, incluido el auto de su hijo, cuyo estéreo sonaba a todo volumen mientras se alejaban. La pesadilla no terminó ahí, pues un segundo grupo entró momentos después a vaciar los cajones en busca de lo que quedara de valor. Después de que habían saqueado su casa, relata Virginia, llegaron los militares. Uno de ellos dijo que estaban ahí para cuidarlos. pero las palabras de los uniformados, en lugar de darles confianza, tuvieron el efecto contrario. Por ello la mujer salió en busca del resto de sus familiares, quienes se encontraban en la Iglesia a la hora del ataque. Con lágrimas en los ojos, Virginia recuerda que al llegar a la Iglesia y ver a su esposo e hijos ya no pudo regresar a su casa. El susto la hizo ponerse muy mal de salud, por lo que esa noche tuvieron que dormir encerrados en el templo. Virginia fue llevada al hospital y estuvo internada unos días. Por la seguridad de su familia, desde entonces no han vuelto a su casa. [caption id="attachment_572331" align="alignright" width="702"] El campamento de desplazados en el Zócalo de la Ciudad de México. Foto: Miguel Dimayuga[/caption] Los que se quedaron son rehenes Manuel Olivares Hernández, director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, aseguró que quienes decidieron quedarse en las comunidades de Guerrero, hoy son rehenes de este grupo que los obliga a “ponerse como escudo”, cuando el Ejército o la Policía Federal llegan a tratar de desarmarlos. Los delincuentes argumentan que son ellos los que están a cargo de la seguridad y el papel de los que se quedaron en la comunidad es reafirmar este dicho bajo amenaza, agrega. Olivares Hernández explica que el gobierno de Guerrero no ha tenido la voluntad, ni la capacidad para atender el problema del desplazamiento, por lo que los pobladores decidieron viajar a la Ciudad de México para hacer un plantón y exigir ser recibidos por el presidente López Obrador. “Para ellos es la única y la última esperanza”, dice Olivares. El lunes, el representante de los desplazados se reunió con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien no les dio respuesta a sus demandas. Este martes siguen a la espera de que el tabasqueño los reciba. [caption id="attachment_572332" align="alignright" width="702"] El campamento de desplazados en el Zócalo de la Ciudad de México. Foto: Miguel Dimayuga[/caption]