HERMOSILLO, Son. (apro).-La Fiscalía General de Justicia en el Estado se niega a presentar en la diligencia de identificación a ocho agentes acusados de privación ilegal de libertad, allanamiento de morada, tortura, ejercicio abusivo de funciones, e incumplimiento de un deber legal, acusa la defensa de Francisco Arnaldo Monge Araiza, conocido como Pancho Platas, y quien fungiera como coordinador general del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop) en el sexenio de Guillermo Padrés. Las irregularidades cometidas por estos oficiales -aún en activo- constan en la causa penal 140/2016 y la carpeta de investigación SON/HER/PGE/2016/503/00057. Los agentes que están obligados a atender la diligencia de identificación son: Alberto Vázquez Varela, Daniel Alán Cano Pardini, Pedro Hernán Gil Yocupicio, Juan Gabriel Núñez Fuentes, Noé Arturo Ledezma García, Luis Enrique Ayala Castro, Manuel Francisco Romero y Jacinto Fimbres A fin de encubrir a los agentes, la fiscalía se ha negado desde hace ocho meses a imprimir 850 fichas técnicas de los estatales en activo durante 2016 y el reporte de resguardo de armas de los días 11 y 12 de septiembre ese mismo año, cuando privaron ilegalmente de su libertad a Monge Araiza. Afectados por esta misma causa están Manuel Antonio Fimbres Villaescusa y Liletth Galaz, amigo y esposa, respectivamente, del exfuncionario sonorense. La demora que ya acumula 32 meses es una deliberada estrategia dilatoria, que se une a la negativa de analizar los expedientes, para que la investigación no llegue ante las autoridades jurisdiccionales, en la que los ocho agentes deben ser separados de sus cargos y estarían obligados a revelar bajo juramento de quién vino la orden de privar ilegalmente al denunciante. Los ocho agentes, junto al exsecretario de seguridad, Adolfo García Morales y el exfiscal, Rodolfo Montes de Oca, se encuentran bajo investigación ministerial por la presunta fabricación de delitos contra Monge Araiza. De acuerdo al recurso de apelación 49/2018, resuelto por el Sexto Tribunal Unitario del Quinto Circuito, Pancho Platas fue retenido ilegalmente por los agentes que encubre la fiscalía cuando se encontraba al interior de su vivienda la madrugada del 11 de septiembre de 2016 en su residencia de Bacadehuachi, Sonora, y no mientras circulaba en las calles de ese poblado, como informaron falsamente las autoridades. En los recursos legales quedó asentado que cuando lo esposaron en el cuarto principal de su hogar, los agentes -hasta ahora protegidos por la fiscalía - le gritaron frente a su esposa que se trataba de un “secuestro” y le exigían que entregara 300 millones de pesos o lo “desaparecerían en ácido”. También le advirtieron que, de negarse a entregar dicha cantidad, arremeterían contra su familia, como quedó argumentado en la audiencia pública del 2 de marzo de 2018 registrada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado Sonora. Desde el 11 de septiembre de 2016 a la fecha, el controvertido político entró y salió dos veces de la cárcel, se le imputaron los delitos de portación de un arma de fuego calibre 7.65 milímetros, 20 gramos de la droga sintética conocida como “cristal”, así como de intentar sobornar a los agentes aprehensores con 3.5 millones de pesos, lo que resultó una falacia formulada por la delegación sonorense de la otrora Procuraduría General de la República (PGR), según expone en la apelación 49/2018 resuelto por el Sexto Tribunal Unitario del Quinto Circuito. Fue exonerado de los delitos que se le habían fabricado bajo el criterio de “duda razonable”, apeló esta decisión judicial y, finalmente, fue absuelto por lo que exigió que se investigara a los responsables del plagio que sufrió, las vejaciones que experimentó, y las amenazas que le han enviado. Liliana Bernal Zamora, litigante de la firma Regino y abogados, señala que la fiscalía ha retrasado dolosamente el caso por más de 32 meses debido a que salpica de corrupción a una decena de servidores públicos. “Basta de impunidad, basta de encubrir delincuentes, que se haga justicia caiga quien caiga, así sean secretarios de primer nivel del gobierno del estado de Sonora”, declaró la abogada durante una audiencia en la que urgió a la fiscalía para que atienda la orden de entregar las fichas de los agentes, el reporte de resguardo de armas y suspenda a los oficiales participantes en esta detención ilegal. Luego exhortó a las autoridades ministeriales a fin de que muestren “voluntad y celeridad” en la resolución de esta investigación y se lleven a los presuntos culpables ante las autoridades jurisdiccionales. “Estoy totalmente decepcionada y molesta porque han sido más de dos años de consulta de los expedientes y la fiscalía estatal nunca ha agotado una sola línea de investigación”, concluyó.