BOGOTÁ (apro).- Mientras que las investigaciones de la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht avanzan de manera acelerada en varios países latinoamericanos, en México el caso judicial se encuentra estancado desde hace varios meses. De hecho, México y Venezuela –que aparecieron en el informe anual 2018 de Transparencia Internacional entre los cuatro países más corruptos de Latinoamérica— son los únicos casos en la región donde los cómplices de Odebrecht permanecen en la impunidad pues ninguno de los funcionarios acusados por exdirectivos de la firma brasileña de recibir sobornos ha sido imputado penalmente. En Perú, hay tres expresidentes procesados por recibir pagos ilegales de esa constructora (Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala) y un cuarto, Alan García, se suicidó cuando fiscales anticorrupción y policías se presentaron a su domicilio a detenerlo, el miércoles 17, por el mismo delito. En México, el principal señalado es el exdirector de Pemex y exencargado internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya, a quien exdirectivos de Odebrecht han acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos. Lozoya se ha librado hasta ahora de la acción penal. Primero, por la inacción de la Procuraduría General de la República que comandaba el “fiscal carnal” de Peña Nieto, Raúl Cervantes Andrade. Después, porque la ahora Fiscalía General no ha presentado cargos contra él. La Fiscalía, incluso, ha rechazado transparentar la investigación sobre la trama de sobornos de Odebrecht en México, sin importar que el presidente Andrés Manuel López Obrador se haya pronunciado a favor de abrir el caso al escrutinio de la opinión pública y de que el INAI le ha ordenado dar a conocer los expedientes. López Obrador, que ha hecho de la lucha anticorrupción una bandera de su gobierno, dijo este lunes que Odebrecht hasta llegó a hacer consejos de administración en Los Pinos y aseguró que el financiamiento de esa constructora fue “apoyado por la banca de desarrollo, y de eso no se habla”. El caso de Odebrecht, sostuvo, “significó la destrucción de gobiernos, el encarcelamiento de presidentes, el suicidio de un presidente”. Esto, desde luego, en otros países, no en México. Durante la campaña electoral, López Obrador aseguró que Odebrecht recibió contratos por cinco mil millones de dólares durante los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). “No se habla de esos contratos ni de los moches que implicó entregar esas obras en el gobierno de Calderón”, aseguró en un acto proselitista en Charcas, San Luis Potosí, el 18 de agosto de 2017. Por eso llama especialmente la atención que la Fiscalía General, a cargo de Alejandro Gertz Manero, un funcionario cercano a López Obrador, no haya avanzado hacia una acusación formal contra Lozoya. El suicidio de Alan García en Perú, hace dos semanas, volvió a poner en primer plano el caso Odebrecht en varios países latinoamericanos. La pregunta obligada era por qué en Perú hay tres expresidentes procesados penalmente por el caso y un cuarto opta por el suicidio, antes que ir a la cárcel, mientras que en México y Venezuela no hay un solo procesado y en otras naciones de la región se cuestiona la acción de las autoridades judiciales. En Colombia, por ejemplo, el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, fue hallado culpable de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, con lo cual enfrenta una pena de 11 años de prisión. Está acusado de repartir a funcionarios y congresistas sobornos por 6.5 millones de dólares junto con Odebrecht, socio de Corficolombiana. Pero columnistas como Daniel Coronell y María Jimena Duzán y políticos opositores se preguntan cómo es posible que Melo haya dispuesto de tal cantidad de dinero sin autorización de la familia Sarmiento Angulo, la más acaudalada del país y propietaria de Corficolombiana. El fiscal general colombiano, Néstor Humberto Martínez, quien trabajó en el pasado para los Sarmiento Angulo, ha sido duramente cuestionado por el manejo del caso, pero él ha dicho que se trata de una persecución política e ideológica. La exfiscal venezolana Luisa Ortega ha mostrado en su exilio en Colombia contratos y soportes de movimientos bancarios que involucrarían al presidente Nicolás Maduro y a altos funcionarios de su gobierno con la trama de corrupción de Odebrecht, pero en Venezuela no existe ni una sola investigación por ese caso. Una de las razones que pueden explicar por qué Perú es el país latinoamericano que más avances muestra en las investigaciones de los oscuros negocios de Odebrecht de la mano del poder político es la autonomía de que goza la Fiscalía de esa nación. En Perú, la Fiscalía o Ministerio Público es un organismo autónomo del Estado y sus funcionarios actúan en forma independiente. La clave está en que al fiscal de la Nación de Perú no lo nombra ni el presidente, ni el Congreso, ni la Corte Suprema de Justicia. Es elegido por una Junta de Fiscales Supremos por un período de tres años y puede ser reelecto una vez, dependiendo de su desempeño, por otros dos años más.