TAHUICHOPA, Son. (apro).- La compañía minera Grupo México minimizó la consulta pública a los residentes de Bacanuchi, en el municipio de Arizpe, en Sonora, para continuar con el proyecto de la nueva presa de jales que ya se encuentra en operaciones. En septiembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que organizara una consulta pública para conocer la opinión sobre el almacenaje de millones de metros cúbicos de residuos mineros tóxicos a menos de 30 kilómetros de una población que ya fue contaminada con el derrame de lixiviados de sulfato de cobre acidulado el 6 de agosto de 2014. Sin embargo, la notificación para cumplimentar esa orden judicial se dio en los tímidos términos de que “los quejosos podrán manifestar sus posibles sugerencias” durante la reunión a realizarse el próximo 14 de mayo, donde se le informaría a la población sobre “la autorización del informe preventivo del proyecto Nueva Presa de Jales, perteneciente a la empresa Buenavista del Cobre”. Las 42 denunciantes, que lograron que un recurso de amparo fuera atraído por la SCJN y ésta sentenciara que la operación de la nueva presa de jales fuera puesta a discusión de los pobladores, advierten que esta reunión es sólo una simulación de una consulta y, por tal motivo, presentaron este jueves una promoción al juzgado Noveno de Distrito en Agua Prieta, Sonora, para denunciar la “ilegalidad” de la convocatoria lanzada por la delegación sonorense de Semarnat. Adicionalmente, solicitarán al juzgador que les conceda una “ampliación razonable” del plazo para cumplimentar la sentencia de la SCJN. El amparo concedido a Bacanuchi representó una histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al reconocer la violación del “derecho a la participación de esta comunidad no indígena” por la construcción de la nueva presa de jales de Grupo México. El máximo tribunal en México instruyó a la Semarnat a realizar una reunión pública de información para resarcir este daño y asegurar la participación plena de la comunidad en referencia a este proyecto. Los pobladores observan que las autoridades solo “informarán” sobre la “autorización” que ya fue otorgada al proyecto, por lo que estas circunstancias “limitan la participación de la comunidad y obliga a las y los asistentes a que den posibles sugerencias en ese momento, sin ni siquiera tener un tiempo de reflexión”. También consideran que “nada se dice de lo que pasaría después de la reunión, si la autoridad va tomar en cuenta lo que la comunidad decida sobre el proyecto”. Para Martha Carlota Aguirre, residente de Tahuichopa, a unos 70 kilómetros río abajo de este proyecto minero, la reunión informativa sólo representa un mero trámite burocrático.

“Ese fallo de la Corte se lo pasaron por el arco del triunfo, haz de cuenta; van a hacer lo que les dé su rechingada gana; siempre hablan de dientes para afuera”, acusó la entrevistada, quien desde finales de 2014 ha señalado que los sedimentos del derrame se encuentran a la vera del río.

Lo cierto es que en este último lustro, el gobierno federal y Grupo México incumplieron el compromiso de instalar una treintena tratadoras de agua potable; se olvidaron de la vigilancia epidemiológica por los próximos 15 años posteriores al derrame; tampoco se monitorean las condiciones del agua que bebe la población y nunca completaron el resarcimiento de los ríos Sonora y Bacanuchi.

“Si no nos ayudaron cuando ocurrió lo de 2014, ahora imagínate si se volviera a presentar, nos pegaría más fuerte y a nosotros ni nos informaron sobre esta presa de jales”, lamentó Martha Carlota.

El vocero del Sindicato Minero Nacional de la sección 65, Antonio Navarrete, consideró que esta nueva presa tiene más capacidad que la ubicada en Cananea. Además, puntualizó que esta mega infraestructura no cuenta con diques de protección que podrían ayudar en caso de una emergencia; carece de geomembrana para que los tóxicos mineros no se filtren al subsuelo y, hasta este día, Grupo México no ha dado a conocer el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) sobre esta obra. “La empresa no atiende estas demandas porque elevaría el costo de sus proyectos en construcción y mantenimiento; a la vez que si Grupo México contara con estas medidas de precaución las autoridades ambientales estarían obligadas a inspeccionarlas”, concluyó.