El cierre del centro penitenciario de las Islas Marías por el gobierno federal es parte de un plan para “despresurizar” penales y  reubicar a los internos más cerca de sus familias, explica en entrevista Francisco Garduño, quien está al frente del sistema carcelario federal. Admite que vicios como el autogobierno de las prisiones por los narcos no se acabarán de un día para otro, y niega que los presos cambiados de penal hayan sido torturados por los internos anfitriones.   CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), se opone a que la operación de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) se concesione a la iniciativa privada.  Ese fue uno de los motivos del cierre de las Islas Marías, a pesar de que era el centro penitenciario con mejores calificaciones del país y ofrecía a los reos una mayor oportunidad de reinsertarse en la sociedad. El funcionario afirma que se realizó una consulta entre personas privadas de su libertad (PPL) sobre abandonar las Islas Marías y que al llegar al Cefereso número 18, localizado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, fueron ubicadas en el módulo Islas Marías, creado exprofeso. A su vez, los reos denunciaron que desde su llegada a dicho centro fueron torturados. En entrevista, el comisionado Garduño niega esos señalamientos.  “Recibimos una petición de información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), posterior al traslado de los presos de Topo Chico al Cefereso 18, porque hay una imagen de que ellos, a quienes se les relaciona con Los Zetas o el Cártel del Golfo, son malos y los de las Islas Marías son buenos. En ese marco de referencia respondemos el informe. “Invitamos a la CNDH para que dé fe de ello. Dentro del Cefereso sólo teníamos 450 y tantos internos, aunque tiene capacidad para albergar a 2 mil 500. Por eso estos 584 fueron asignados a un área elegida exprofeso para ellos, denominada Islas Marías. La preocupación son ellos, pero debe de ser para con todos, porque si no sería discriminación.” Al insistir en que pusieron una queja ante la CNDH por tortura, argumenta: “En realidad (lo de la CNDH) es una solicitud de información, aunque a lo mejor puede venir una queja, porque evidentemente siempre va a haber quejas; todo el que está privado de su libertad se queja. Los PPL estaban en las Islas Marías, acostumbrados a una semilibertad. Aunque no podían salir de un Cefereso a otro de los tres, porque cada uno estaba limitado, pero el tener una imagen de la isla, del cielo, el aire y el mar, los hace distintos. Pero nunca han sido agraviados sus derechos humanos.” –¿Qué tan distintos son para una reinserción social al 100%? –La prevención y la readaptación debe pretender que la reinserción social se haga en la libertad, cuando ya (la persona) esté en la calle, no en las promesas. Eso esperamos de unos 200 PPL de las Islas Marías que en un término de tres años cumplan su condena y obtengan su libertad. Islas Marías tiene una capacidad para 7 mil personas y había 620; evidentemente era mucha isla para ellos. –¿Qué tanta reinserción hay? –Es una estadística que llevan los criminólogos, los psiquiatras, psicólogos, pero puedo decir que, de los que salen de las prisiones federales, solo 1% reincide. (El porcentaje) es muy bajo porque son penas muy altas y muchos salen ya adultos, con otra visión de la vida; otros, porque entendieron lo que es el valor de la libertad. Reubicaciones “Islas Marías como sistema penitenciario federal tiene una calificación de ACA (una organización que da certificaciones internacionales) y también de la CNDH como excelente. Por eso se cierra, no en un motín, en un conflicto, se cierra cuando las condiciones son positivas y en aras de que se acabó ese proceso histórico de las Islas Marías como penitenciaría.” –¿Se sacrificaron? ¿Por qué? –Porque cada preso, de los 652, nos sale en 2 mil 800 pesos diarios. Es carísimo, porque es un día de beca para un estudiante universitario. Por las Islas Marías habían pasado 45 mil internos en 113 años. Ahora, al menos acudirán más de 500 mil jóvenes y niños al año en campamentos. Continúa: “Las 652 PPL fueron trasladados a los penales más cercanos de su domicilio como una estrategia para su reinserción, pues hay quienes nunca recibieron visita y otros que la recibían cada dos o tres años. De los 652 detenidos que había al momento del cierre del penal, 584 se enviaron al Cefereso 18 de Ramos Arizpe, Coahuila; 32 a El Castillo, en Mazatlán; dos al Ceferepsi, de Ayala, Morelos; se concedieron seis libertades y 16 faltaban al pase de lista, por lo que se abrió una averiguación previa para determinar si murieron en el intento de dejar la isla o lo lograron y viven”. En lo que se refiere a los 584 reos enviados a Ramos Arizpe que denunciaron tortura, Garduño afirma que 200 solicitaron quedarse en ese Cefereso y el resto fue reubicado, según el lugar de residencia de sus familias, en Ceresos o Ceferesos de Veracruz, Michoacán, Morelos, Jalisco, Nayarit, Durango, Sinaloa, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Sonora y Baja California. Después del traslado, dice, se concedieron otras siete libertades. “Está tan pulverizada la población que hay que llevarlos a diferentes partes del país, y si queremos llevarlos a un Cereso tenemos que negociarlo con el gobierno estatal… casi nadie quiere presos. Se tiene programado realizar otros 365 traslados y otorgar otras siete libertades. A Tepic se enviarán ocho internos; a Villa Aldama, 72 y a Ocampo, 20. El problema es que esos traslados son en avión y hasta hoy el costo es de 2 millones de pesos. No es posible hacerlo por carretera debido a la inseguridad, se corre el riesgo de enfrentarnos a una emboscada, por ejemplo.” –¿Qué pasará cuando estén todos reubicados? –Solo quedarán allí (en el Cefereso 18) quienes lo pidieron, serán aislados del resto de la población. Los que son reubicados en los Ceresos de los estados se incorporan a la población general. Los psicólogos o el Comité Técnico Penitenciario lo que puede hacer es darles un programa de trabajo. “Por otro lado, estamos apoyando a los gobiernos de los estados en la despresurización de los penales estatales. De Topo Chico trasladamos 500 internos y a las dos horas se registró otro conflicto. Se desocupó porque van a hacer un Cereso de acuerdo a la infraestructura de los sistemas penitenciarios actuales, lo mismo en Zacatecas, Coahuila y la Ciudad de México. Estamos trabajando. En conferencia anuncié que trasladaría a 2 mil 400 PPL; llevamos casi mil. “Del 1 diciembre de 2018 al 22 marzo de 2019 llevamos mil seis traslados desde la Ciudad de México, Coahuila, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. Hay otros por hacer desde Baja California, la Ciudad de México, Coahuila. Michoacán, San Luis Potosí y Chihuahua. Se llevan a diferentes Ceferesos de Chihuahua, Chiapas, Oaxaca.., acercando a los internos a sus lugares de origen por petición de los gobiernos estatales que tienen los Ceresos llenos, porque es un riesgo tener exceso de población. Añade el comisionado que el gobierno federal apoya a los estados, que a su vez tienen que invertir en sus sistemas carcelarios, porque, si bien dice desconocer el monto de las partidas federales, afirma que los gobiernos de las entidades lo han gastado en otros rubros. Por ejemplo, dice, “si va etiquetado para modernizar un área de seguridad del Cereso, lo aplican para comprar equipo u otras cosas”. Carencias judiciales y estatales El titular de los sistemas penitenciarios se muestra inconforme con la actuación de los jueces en la impartición de justicia pronta: “Si un juez no está de acuerdo con los traslados de las PPL, ya dará instrucciones para que se regresen. El problema es que hay juicios del orden común y federal; una PPL puede tener los dos, mixto. Allí lo que requerimos es que en el sistema penal acusatorio se refuercen todos los jueces de ejecución de penas y los de procesos, porque en el sistema penitenciario 40% de 42 mil PPL federales esperan sentencia. En el fuero común es igual, esperan sentencia 90 mil de 211 mil PPL.” Desde su punto de vista, el problema es que hay cinco jueces de ejecución de sentencias federales adscritos en la Ciudad de México. Los poderes de lo judicial no pueden estar inscritos aquí, por eso son circuitos, entonces la judicatura deberá tener jueces en todo el territorio nacional para que las gestiones no se realicen sólo aquí, sino en todo el territorio nacional. “En este proceso del sistema de justicia oral tenemos que adecuarnos. Me preocupa que es muy lenta y burocrática la intervención de los jueces de ejecución de sentencias para otorgar beneficios de libertad. Es una justicia de escritorio, sin ver a los detenidos en el Cereso. No se está llevando a cabo la oralidad.  “Si son cinco jueces, ¿cómo les va a alcanzar para hacer los recorridos en los circuitos y ver que es un PPL que ya cumplió 60% de su sentencia, que tiene un oficio, cambio de conducta? El sistema oral penal debería de permitir que los nuevos juicios se resuelvan en un día, en una sola audiencia, y no es así.” –¿Qué se va a hacer con las cárceles más peligrosas?  –El sistema penitenciario estatal debe renovarse, hacer una reingeniería integral; debe acomodarse al sistema oral de justicia y se debe invertir. En el sistema federal, en los Ceresos, tenemos que seguir deshaciendo los nudos que haya sobre gobernabilidad, transparencia y corrupción, a fin de seguir obteniendo las certificaciones de ACA y de derechos Humanos. Todos los federales tienen certificación de ACA. De los estatales, 40 de 180 y tantos tienen la certificación. “Hay que seguir aplicando los protocolos, seguir con la intervención permanente de la CNDH, con los ómbudsman que existen en cada uno de los Ceferesos. Mientras tengamos eso, prevemos antes de que haya una queja. La percepción de la gente sobre los penales es la ingobernabilidad, que no sirven, que son parte de la escuela de la delincuencia. “Los podemos poner en libertad con pulseras, éstas tiene que ordenarlas el juez de control de ejecución de penas. Eso es lo que estoy pidiendo. La reinserción se tiene que dar en libertad y no cargar el costo del PPL al Estado. Se ha infantilizado a los PPL. En el sistema neoliberal carcelario el estado paga todo y el PPL no hace nada. Tuve la experiencia de estar en el gobierno de la Ciudad de México y ellos hacían la comida, pintaban. Ahora hay empresas que hacen la comida, lavan las sábanas, hacen la limpieza.” Acerca de las actuales concesiones de los servicios a los centros penitenciarios, explica: “Yo no he contratado a una sola empresa. Hay ocho Ceferesos privatizados y los contratos los maneja la SHCP, no está en mis manos decidirlo. Mientras a mí me den los servicios, no hay problema, pero si no, yo volvería al sistema anterior: que den los suministros y el dinero para que los PPL cocinen, laven, planchen, pinten, hagan carpintería, albañilería… se les paga a ellos y el dinero alcanza a sus familias. Sería un costo menor al que actualmente se paga en la privatización de los penales”. Una “lucha permanente” Al abordar otros pendientes de los sistemas penitenciarios del país, Garduño señala que la CNDH acaba de emitir ocho consideraciones dirigidas a otros tantos penales estatales.  “En este caso –comenta–, aunque hubiese recomendaciones, si los espacios son insuficientes o si se carecen de ellos, ¿cómo van a querer tener un modelo de prevención, de readaptación y de reinserción, si no tienen la infraestructura del inmueble? Requieren construir penales nuevos. En un predio de mil metros pueden construir en tres niveles y llegar a 4 mil, en lugar de los mil 500 que hay.” –¿Con infraestructura nueva los cárteles y poderosos narcotraficantes dejarán de tener el control interno de los penales? No veo cómo. En la mayoría de ellos, los detenidos tienen el control de sus propios centros, por eso los motines –se le plantea. –Es una lucha permanente. Si decimos “mañana te tienes que portar bien”, pues no, es parte de una lucha diaria. –¿Se requiere cambiar a todo el personal penitenciario? –Lo cambiamos, ¿y a quién ponemos? Ellos son profesionales de carrera. Todos los custodios pasaron un examen de confianza y fueron capacitados en la academia de Papantla. Tenemos un déficit de personal de mil 400; estamos haciendo convocatorias para reclutar y capacitar aspirantes una vez que pasen su examen. Actualmente, de 10 que presentan exámenes sólo cuatro pasan. Lo mejor del personal es moverlo, reciclarlo como en el ejército, para que no generen intereses. En cuanto a los avances en la mejora del sistema, se explaya: “Las fortalezas que hay en el sistema penitenciario federal es que hay infraestructura, que tenemos 21 Ceferesos, una capacidad de 42 mil espacios y actualmente tenemos 18 mil PPL. Prevemos tener una inflación penitenciaria a raíz de la modificación al artículo 19 constitucional, pues se incrementó el catálogo de delitos que requieren prisión oficiosa y habrá más ingresos a los Ceferesos. Crecerá la población penitenciaria, por eso estamos limitando los traslados de los Ceresos de los estados, con el fin de dejar espacios para este tipo de inflación penitenciaria y evitar el sobrecupo.” Garduño se refiere a la reforma al artículo 19 constitucional promovida en diciembre pasado por los legisladores de Morena y aprobada el 19 de febrero. Esta modificación estableció la prisión preventiva oficiosa para delitos como el abuso sexual, la desaparición forzada y el uso de programas sociales con fines electorales y vinculados a corrupción. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano, así como organizaciones civiles y la CNDH se manifestaron en contra, al considerar que vulnera los derechos humanos. –¿Qué seguimiento se les da a reos como el narcotraficante Ernesto Fonseca? –Sigue en prisión domiciliaria. Trae un brazalete. Es un adulto mayor y, de acuerdo con la nueva legislación, tiene derechos. El exgobernador Villanueva, que tiene 72 años, cumplió la edad en que puede ser objeto del mismo beneficio aunque le falta un año para cumplir su pena. El juez se niega… Sus razones tendrá. –¿En los Ceferesos funcionan bien las cámaras y los sistemas de seguridad? ¿No habrá fugas? –Sí. Y si no, los humanos tienen que estar. Y aviso: una vez que terminemos los traslados entre Ceresos y Ceferesos, la siguiente etapa será realizar operativos de alto impacto, de revisiones e inspección en los centros federales y, en colaboración con los estados, se harán en las prisiones locales. “También, si un PPL externa una conducta de evasión, organización de evasión, organización de motín u organización de un autogobierno, se cambia. Si se ampara y un juez le otorga el amparo, esperaremos un tiempo (pero no desistiremos) hasta moverlo.”   Esta entrevista se publicó el 5 de mayo de 2019 en la edición 2218 de la revista Proceso